En defensa de la Corte
Reunidos en la ciudad de San Salvador, El Salvador, durante los días 7 y 8 de mayo, los representantes de las coaliciones de apoyo a la Corte Penal Internacional de Costa Rica, El Salvador, Estados Unidos Mexicanos, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá y República Dominicana, con el apoyo de Human Rights Watch y Amnesty International, entre otras organizaciones de Derechos Humanos, se aprobó una "Declaración de San Salvador", en apoyo y defensa de la recién creada Corte Penal Internacional.
La Declaración, luego de recordar que el 17 de julio de 1998 en una votación sin precedentes en la historia de las organizaciones internacionales, 120 Estados votaron a favor del Acta Final en el que se incluye el Estatuto de Roma que crea la Corte Penal Intenacional y, subrayando el hecho de que para el 11 de abril de 2002 se depositaron más de las 60 ratificaciones necesarias para la entrada en vigor de dicho Estatuto, la cual entró en vigencia el 1 de julio del pasado año, destaca que hace dos meses atrás, en La Haya se seleccionaron los 18 magistrados que integrarán tan importante tribunal internacional.
La reciente selección, el pasado 21 de abril, del Fiscal que habrá de procesar a fin de deducir la responsabilidad penal a quienes cometan crímenes de competencia de la Corte Penal Internacional, es otro paso importante dentro de la decisión de la mayoría de los Estados que conforman la sociedad internacional de respaldar la creación de dicha Corte en la lucha contra la impunidad de los autores de los crímenes de guerra, genocidio y lesa humanidad, orientado además a prevenir la comisión de los delitos más graves que denigran al género humano y en forma desproporcionada a las mujeres.
La importante Declaración nos recuerda que, a la fecha, el Estatuto de Roma ha sido firmado por 139 Estados, de los cuales 89 lo han ratificado y que, en el área centroamericana, aún no se han adherido la República de El Salvador, Guatemala y Nicaragua; los Estados Unidos Mexicanos y la República Dominicana lo firmaron y tan sólo Costa Rica, Honduras y Panamá lo han ratificado; y que los Estados de la región deben demostrar su voluntad política a favor de la paz y el respeto de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario, tomando acciones concretas que demuestren su vocación democrática.
Basados en la anterior, las diversas coaliciones de apoyo a la Corte Penal Internacional y sus representantes resolvieron:
1. Exhortar a los gobiernos de El Salvador, Guatemala y Nicaragua a que se adhieran o ratifiquen con prontitud el Estatuto de Roma y tomen las acciones constitucionales y legales necesarias para adecuar sus normativas jurídicas nacionales al Estatuto. 2. Exhortar a los gobiernos de los Estados Unidos Mexicanos y de la República Dominicana a que ratifiquen e implemente el Estatuto de Roma. 3. Instar a los gobiernos de Costa Rica, Honduras y Panamá a que adopten las medidas legislativas necesarias para implementar y garantizar la eficacia de la Corte Penal Internacional en sus respectivos países. 4. Recomendar a los gobiernos de Costa Rica, EL Salvador, Estados Unidos Mexicanos, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá y República Dominicana, a no suscribir, y llegado el caso a no ratificar ningún tipo de acuerdo bilateral con el gobierno de los Estados Unidos de América u otros países, que vulneren o menoscaben la integridad del Estatuto y la competencia de la Corte Penal Internacional. 5. Instar a los gobiernos de la región, a que reconozcan la inmunidad de los funcionarios de la Corte Penal Internacional mediante la firma y ratificación del Acuerdo de privilegios e inmunidades de la Corte Penal Internacional. 6. Exigir al gobierno de los Estados Unidos Mexicanos a que vote en contra de la renovación de la resolución 1422 del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas aprobada el 1 de junio de 2002."
Asimismo, las coaliciones y activistas de Derechos Humanos, signatarios de la Declaración de San Salvador, se comprometieron a implementar estrategias a nivel nacional y regional, haciendo todos los esfuerzos para involucrar a toda la sociedad civil en su diversidad que incidan en la voluntad política de nuestros gobiernos, a fin de que se adhieran, ratifiquen e implementen el Estatuto de Roma.
Igualmente se dio el compromiso de realizar campañas de difusión, educación y concienciación, con el fin de lograr que nuestros pueblos comprendan la inmensa importancia que tiene la Corte Penal Internacional, como un organismo creado para que los crímenes más graves en contra de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario no queden impunes y, en la práctica, se convierta en un instrumento preventivo y disuasivo para todas aquellas personas que en algún momento piensen en vulnerar los derechos inherentes al ser humano.
Esperemos que las autoridades y funcionarios panameños de los distintos órganos del Estado y de las instituciones estatales, así como las asociaciones y gremios cívicos, profesionales y académicos, participen de una manera más decidida a afianzar el decisivo y determinante paso que ha dado la humanidad con la creación de la Corte Penal Internacional y, evitar así que, -en nuestro país al menos-, dicho organismo no sea utilizado para los intereses particulares de personas ajenas a las reivindicaciones de justicia, democracia y libertad de nuestro pueblo y nuestra aspiración a ser cada vez más humanos.
(mabernal@sinfo.net)
La Declaración, luego de recordar que el 17 de julio de 1998 en una votación sin precedentes en la historia de las organizaciones internacionales, 120 Estados votaron a favor del Acta Final en el que se incluye el Estatuto de Roma que crea la Corte Penal Intenacional y, subrayando el hecho de que para el 11 de abril de 2002 se depositaron más de las 60 ratificaciones necesarias para la entrada en vigor de dicho Estatuto, la cual entró en vigencia el 1 de julio del pasado año, destaca que hace dos meses atrás, en La Haya se seleccionaron los 18 magistrados que integrarán tan importante tribunal internacional.
La reciente selección, el pasado 21 de abril, del Fiscal que habrá de procesar a fin de deducir la responsabilidad penal a quienes cometan crímenes de competencia de la Corte Penal Internacional, es otro paso importante dentro de la decisión de la mayoría de los Estados que conforman la sociedad internacional de respaldar la creación de dicha Corte en la lucha contra la impunidad de los autores de los crímenes de guerra, genocidio y lesa humanidad, orientado además a prevenir la comisión de los delitos más graves que denigran al género humano y en forma desproporcionada a las mujeres.
La importante Declaración nos recuerda que, a la fecha, el Estatuto de Roma ha sido firmado por 139 Estados, de los cuales 89 lo han ratificado y que, en el área centroamericana, aún no se han adherido la República de El Salvador, Guatemala y Nicaragua; los Estados Unidos Mexicanos y la República Dominicana lo firmaron y tan sólo Costa Rica, Honduras y Panamá lo han ratificado; y que los Estados de la región deben demostrar su voluntad política a favor de la paz y el respeto de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario, tomando acciones concretas que demuestren su vocación democrática.
Basados en la anterior, las diversas coaliciones de apoyo a la Corte Penal Internacional y sus representantes resolvieron:
1. Exhortar a los gobiernos de El Salvador, Guatemala y Nicaragua a que se adhieran o ratifiquen con prontitud el Estatuto de Roma y tomen las acciones constitucionales y legales necesarias para adecuar sus normativas jurídicas nacionales al Estatuto. 2. Exhortar a los gobiernos de los Estados Unidos Mexicanos y de la República Dominicana a que ratifiquen e implemente el Estatuto de Roma. 3. Instar a los gobiernos de Costa Rica, Honduras y Panamá a que adopten las medidas legislativas necesarias para implementar y garantizar la eficacia de la Corte Penal Internacional en sus respectivos países. 4. Recomendar a los gobiernos de Costa Rica, EL Salvador, Estados Unidos Mexicanos, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá y República Dominicana, a no suscribir, y llegado el caso a no ratificar ningún tipo de acuerdo bilateral con el gobierno de los Estados Unidos de América u otros países, que vulneren o menoscaben la integridad del Estatuto y la competencia de la Corte Penal Internacional. 5. Instar a los gobiernos de la región, a que reconozcan la inmunidad de los funcionarios de la Corte Penal Internacional mediante la firma y ratificación del Acuerdo de privilegios e inmunidades de la Corte Penal Internacional. 6. Exigir al gobierno de los Estados Unidos Mexicanos a que vote en contra de la renovación de la resolución 1422 del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas aprobada el 1 de junio de 2002."
Asimismo, las coaliciones y activistas de Derechos Humanos, signatarios de la Declaración de San Salvador, se comprometieron a implementar estrategias a nivel nacional y regional, haciendo todos los esfuerzos para involucrar a toda la sociedad civil en su diversidad que incidan en la voluntad política de nuestros gobiernos, a fin de que se adhieran, ratifiquen e implementen el Estatuto de Roma.
Igualmente se dio el compromiso de realizar campañas de difusión, educación y concienciación, con el fin de lograr que nuestros pueblos comprendan la inmensa importancia que tiene la Corte Penal Internacional, como un organismo creado para que los crímenes más graves en contra de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario no queden impunes y, en la práctica, se convierta en un instrumento preventivo y disuasivo para todas aquellas personas que en algún momento piensen en vulnerar los derechos inherentes al ser humano.
Esperemos que las autoridades y funcionarios panameños de los distintos órganos del Estado y de las instituciones estatales, así como las asociaciones y gremios cívicos, profesionales y académicos, participen de una manera más decidida a afianzar el decisivo y determinante paso que ha dado la humanidad con la creación de la Corte Penal Internacional y, evitar así que, -en nuestro país al menos-, dicho organismo no sea utilizado para los intereses particulares de personas ajenas a las reivindicaciones de justicia, democracia y libertad de nuestro pueblo y nuestra aspiración a ser cada vez más humanos.
(mabernal@sinfo.net)
