En defensa de la Universidad de Panamá
LA UNIVERSIDAD de Panamá (UP) atiende unos 75 mil estudiantes con un presupuesto de B/. 114 millones. Si el Gobierno costeara los estudios de los 10 mil mejores de éstos en "universidades prestigiosas del exterior", le costaría al menos B/. 100 millones al año, pues el costo correspondiente por estudiante no baja de mil balboas mensuales. Y si al resto se le enviara a "universidades locales privadas", estaríamos hablando de B/. 156 millones al año, pues se trata de 65 mil estudiantes en los que se tendrían que invertir al menos unos B/. 200 mensuales. En total, si la Universidad cerrara sus puertas y el Gobierno asumiera el costo de la educación de los estudiantes, sólo en un año pagaría no menos de B/.256 millones.
Sin embargo, un conocido empresario recomendó que "con el presupuesto que el Estado le destina (B/. 114 millones) se mandarían a los mejores estudiantes a universidades prestigiosas del exterior y el resto se enviaría a universidades locales privadas, y nos ahorraríamos dinero". Esta absurda e irresponsable recomendación, publicada el 10 de diciembre, es un indicador de cómo podrían ver algunos empresarios a la universidad con más historia y tradición que tiene Panamá, produciendo aportes que han sido de gran beneficio para el desarrollo del país y como vehículo de concienciación de la ciudadanía.
En los últimos años no hemos podido ofrecerle al país aquel modelo ejemplar con el que estamos comprometidos. Las diferencias entre una buena parte del estamento docente y las autoridades han alcanzado niveles que ya empiezan a trascender al ámbito nacional y la situación en la que nos encontramos los que no compartimos la conducta ni los puntos de vista de la actual administración nos tiene atrapados en una disyuntiva: Al querer criticar constructivamente la forma en que se está dirigiendo la Institución, desatamos la ira de la autoridad en el poder y nos vemos obligados a enfrentar directa o indirectamente las consecuencias, porque hoy el que critica en la Universidad es visto como un enemigo; y si no levantamos nuestra voz de protesta, con nuestro silencio estaremos apoyando acciones que moralmente no podemos aceptar.
Así las cosas, prefiero actuar de acuerdo a mis principios. Por ejemplo, no comparto del todo el comunicado hecho público en el Panamá América el 13 de diciembre, firmado por el Rector en su calidad de Presidente del Consejo Académico y publicado como "Información Comercial" en una página entera del diario. Queda claro ante la nación que con los criterios que allí se declaran es que se administra esta institución de educación superior. Me avergüenza mucho la afirmación de que "lo peor que puede pasarle a un país en vías de desarrollo, como Panamá, no es que haya corrupción, incapacidad, incompetencia, sino medios de comunicación de masas que entreguen su credibilidad". Para mí, lo peor que puede pasarle a un país es precisamente que haya corrupción, incapacidad e incompetencia, y no alcanzo a comprender que esto no sea lo prioritario para las principales autoridades de la UP. Es más, si un periódico pone en juego su credibilidad, debe ser por incapacidad, incompetencia o corrupción, por lo que la afirmación central del comunicado, ni siquiera tiene sentido.
Tengo la convicción de que las autoridades deben admitir algunos errores y desatinos o rebatir las críticas con argumentos demostrativos. En lugar de afirmar que la Universidad "es una institución crítica y abierta a la crítica, con independencia de las posturas caprichosas, subjetivas e interesadas de sus detractores", le corresponde enfrentar la crítica con argumentos. Al no hacerlo así, han dejado sin fundamento ni justificación su afirmación de que las posturas contrarias son "caprichosas, subjetivas e interesadas" y de que sus críticos son "detractores".
Los cuatro párrafos que integran el escrito en cuestión no son portadores del sentimiento que hay en la comunidad intelectual que alberga la institución. Más bien, contribuyen a revelar la existencia de un abismo de ideas e intenciones entre los usufructuarios, en alguna u otra forma, del poder en la Institución y aquellos que pensamos que tenemos la libertad y el deber de defender nuestros derechos y los de la Universidad.
Con respecto al plebiscito recién celebrado, si más del 80% de los universitarios no quiso participar, la cantidad que acudió no es útil ni siquiera para considerarse como una muestra de una encuesta, pues todos sabemos que la Administración desplegó una verdadera campaña para el SI. Entonces, ¿para qué insistir en negar ese sesgo y en manipular tanto esas insignificantes cifras?
Nos toca a todos los universitarios luchar por un espacio de discusión en la Asamblea Nacional para defender los principios que verdaderamente le hacen falta a la Universidad en relación con lo que el país necesita de ella. Algunos principios en los que debemos ir pensando son:
Descentralización. Toda decisión académica debe ser tomada en las unidades académicas básicas que son las que tienen el recurso humano calificado.
Reducción de la burocracia. Con la descentralización aumentan las responsabilidades de las unidades ejecutoras y quedaría en evidencia que el reemplazo de altos despachos como la Vicerrectoría de Extensión, la de Asuntos Estudiantiles y la de Investigación y Postgrado por oficinas sencillas pertenecientes a la Vicerrectoría Académica, produciría un ahorro de muchos millones y una producción mucho más eficaz.
Respeto a los derechos de los profesores. La ley debe prever que cuando la Institución utiliza los servicios de un profesional debidamente calificado por un período de cinco años o más, debe permitírsele que, por concurso , demuestre que es el más idóneo para ejercer la cátedra oficialmente.
Respeto a los derechos de los estudiantes. Los representantes ante los órganos de gobierno deben tener índice académico alto para que esto sirva de estímulo al estudio.
Respeto a los derechos de los administrativos. La ley debe hacer clara alusión al cumplimiento de la Carrera Administrativa, de manera que la estabilidad de funcionario dependa exclusivamente de sus méritos y de su capacidad. Las instancias de apelación para cualquier decisión que afecte a un miembro de alguno de los tres estamentos deben ser claramente establecidas.
Producción académica. Todo profesor universitario debe contribuir a la formación de bibliografía autóctona con trabajos de su especialidad para que la Universidad produzca material escrito para el país y el mundo.
Escogencia de las autoridades. Los requisitos académicos deben ser de alta exigencia y la reelección inmediata no debe ser una opción en la Universidad, ni siquiera con la aprobación de una nueva ley. Además, nuestras vergonzosas campañas políticas deben reemplazarse por métodos más cónsonos con nuestra naturaleza académica.
Aspectos de la autonomía. Si bien la Universidad debe autogobernarse sin que participen representantes externos en nuestros órganos de gobierno, deberíamos responder por ley a las demandas de bienes y servicios del conglomerado nacional.
Sin embargo, un conocido empresario recomendó que "con el presupuesto que el Estado le destina (B/. 114 millones) se mandarían a los mejores estudiantes a universidades prestigiosas del exterior y el resto se enviaría a universidades locales privadas, y nos ahorraríamos dinero". Esta absurda e irresponsable recomendación, publicada el 10 de diciembre, es un indicador de cómo podrían ver algunos empresarios a la universidad con más historia y tradición que tiene Panamá, produciendo aportes que han sido de gran beneficio para el desarrollo del país y como vehículo de concienciación de la ciudadanía.
En los últimos años no hemos podido ofrecerle al país aquel modelo ejemplar con el que estamos comprometidos. Las diferencias entre una buena parte del estamento docente y las autoridades han alcanzado niveles que ya empiezan a trascender al ámbito nacional y la situación en la que nos encontramos los que no compartimos la conducta ni los puntos de vista de la actual administración nos tiene atrapados en una disyuntiva: Al querer criticar constructivamente la forma en que se está dirigiendo la Institución, desatamos la ira de la autoridad en el poder y nos vemos obligados a enfrentar directa o indirectamente las consecuencias, porque hoy el que critica en la Universidad es visto como un enemigo; y si no levantamos nuestra voz de protesta, con nuestro silencio estaremos apoyando acciones que moralmente no podemos aceptar.
Así las cosas, prefiero actuar de acuerdo a mis principios. Por ejemplo, no comparto del todo el comunicado hecho público en el Panamá América el 13 de diciembre, firmado por el Rector en su calidad de Presidente del Consejo Académico y publicado como "Información Comercial" en una página entera del diario. Queda claro ante la nación que con los criterios que allí se declaran es que se administra esta institución de educación superior. Me avergüenza mucho la afirmación de que "lo peor que puede pasarle a un país en vías de desarrollo, como Panamá, no es que haya corrupción, incapacidad, incompetencia, sino medios de comunicación de masas que entreguen su credibilidad". Para mí, lo peor que puede pasarle a un país es precisamente que haya corrupción, incapacidad e incompetencia, y no alcanzo a comprender que esto no sea lo prioritario para las principales autoridades de la UP. Es más, si un periódico pone en juego su credibilidad, debe ser por incapacidad, incompetencia o corrupción, por lo que la afirmación central del comunicado, ni siquiera tiene sentido.
Tengo la convicción de que las autoridades deben admitir algunos errores y desatinos o rebatir las críticas con argumentos demostrativos. En lugar de afirmar que la Universidad "es una institución crítica y abierta a la crítica, con independencia de las posturas caprichosas, subjetivas e interesadas de sus detractores", le corresponde enfrentar la crítica con argumentos. Al no hacerlo así, han dejado sin fundamento ni justificación su afirmación de que las posturas contrarias son "caprichosas, subjetivas e interesadas" y de que sus críticos son "detractores".
Los cuatro párrafos que integran el escrito en cuestión no son portadores del sentimiento que hay en la comunidad intelectual que alberga la institución. Más bien, contribuyen a revelar la existencia de un abismo de ideas e intenciones entre los usufructuarios, en alguna u otra forma, del poder en la Institución y aquellos que pensamos que tenemos la libertad y el deber de defender nuestros derechos y los de la Universidad.
Con respecto al plebiscito recién celebrado, si más del 80% de los universitarios no quiso participar, la cantidad que acudió no es útil ni siquiera para considerarse como una muestra de una encuesta, pues todos sabemos que la Administración desplegó una verdadera campaña para el SI. Entonces, ¿para qué insistir en negar ese sesgo y en manipular tanto esas insignificantes cifras?
Nos toca a todos los universitarios luchar por un espacio de discusión en la Asamblea Nacional para defender los principios que verdaderamente le hacen falta a la Universidad en relación con lo que el país necesita de ella. Algunos principios en los que debemos ir pensando son:
Descentralización. Toda decisión académica debe ser tomada en las unidades académicas básicas que son las que tienen el recurso humano calificado.
Reducción de la burocracia. Con la descentralización aumentan las responsabilidades de las unidades ejecutoras y quedaría en evidencia que el reemplazo de altos despachos como la Vicerrectoría de Extensión, la de Asuntos Estudiantiles y la de Investigación y Postgrado por oficinas sencillas pertenecientes a la Vicerrectoría Académica, produciría un ahorro de muchos millones y una producción mucho más eficaz.
Respeto a los derechos de los profesores. La ley debe prever que cuando la Institución utiliza los servicios de un profesional debidamente calificado por un período de cinco años o más, debe permitírsele que, por concurso , demuestre que es el más idóneo para ejercer la cátedra oficialmente.
Respeto a los derechos de los estudiantes. Los representantes ante los órganos de gobierno deben tener índice académico alto para que esto sirva de estímulo al estudio.
Respeto a los derechos de los administrativos. La ley debe hacer clara alusión al cumplimiento de la Carrera Administrativa, de manera que la estabilidad de funcionario dependa exclusivamente de sus méritos y de su capacidad. Las instancias de apelación para cualquier decisión que afecte a un miembro de alguno de los tres estamentos deben ser claramente establecidas.
Producción académica. Todo profesor universitario debe contribuir a la formación de bibliografía autóctona con trabajos de su especialidad para que la Universidad produzca material escrito para el país y el mundo.
Escogencia de las autoridades. Los requisitos académicos deben ser de alta exigencia y la reelección inmediata no debe ser una opción en la Universidad, ni siquiera con la aprobación de una nueva ley. Además, nuestras vergonzosas campañas políticas deben reemplazarse por métodos más cónsonos con nuestra naturaleza académica.
Aspectos de la autonomía. Si bien la Universidad debe autogobernarse sin que participen representantes externos en nuestros órganos de gobierno, deberíamos responder por ley a las demandas de bienes y servicios del conglomerado nacional.
