En estreno, el sistema acusatorio
Con justificado escepticismo se pone a prueba ante la comunidad la eficacia del nuevo proceso penal, moldeado en base a los principios rectores del moderno sistema acusatorio, plasmados en nuestro novedoso Código Procesal Penal. Funcionarios, académicos y políticos, coinciden en que el instrumento lleva a la modernidad nuestra la justicia penal, desterrando años de nefasta tradición inquisitiva, en los que se endiosó la seguridad nacional, en detrimento de la dignidad humana.
En lo normativo se exhiben incuestionables avances: la simplificación de los procedimientos en aras de la celeridad, y el predominio y control de jueces y magistrados sobre el proceso en función de las garantías del procesado. Consecuente con ello, los agentes del Ministerio Público devienen en el sumario a la categoría de asesores de la instrucción, y en el plenario, a la de simples acusadores oficiales.
Las carencias económicas de siempre se aducen como elementos que amenazan con dilatar su aplicación, o cuanto más, un factor que podría condenar al sistema a lo inservible. Valga recordar que en 1987 entró en vigencia el Código Judicial actual, y en honor a la verdad, no hubo ni siquiera una charla o una conferencia que nos permitiera a los operarios de entonces, conocer las virtudes contenidas en ese cuerpo legal. En el presente, ha sobrado capacitación profesional y académica para los funcionarios en este período de transición hacia el modelo acusatorio, y todo indica que están preparados para cumplir con sus nuevos roles.
En realidad, la principal limitante radica en la cuestionada capacidad de los funcionarios, evidenciada en polémicas decisiones y actuaciones, generadores de verdaderos escándalos públicos. La falta de recursos es un problema que con resignación ha soportado la justicia penal, y aunque resulte paradójico, tal precariedad en tiempos idos, era exigencia esencial del sistema.
No es casual que aún subsista la dependencia operativa del Órgano Judicial al Órgano Ejecutivo, pues a los gobernantes intranquiliza la idea de someter sus actos al control tribunalicio. Así, pues, que “contra viento y marea” debe ponerse en vigencia el nuevo Código Procesal Penal, teniendo al sistema acusatorio como plato fuerte del día.
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