En la puerta del horno
Tal cual reza el conocido refrán, el acuerdo al que arribaron Panamá y EU el pasado 24 de diciembre para el establecimiento de un Centro Multinacional Antidrogas (CMA) parece naufragar cuando estaba listo para su firma oficial.
Sorprendentemente, mientras se anunciaba que faltaban, a juicio de los norteamericanos "pequeños detalles de forma" y de los panameños "la homologación de los textos en español e inglés", la situación se ha complicado.
El jefe negociador estadounidense, Thomas McNamara acaba de abandonar, sumamente molesto, nuestro país, donde vino a firmar el convenio. Del disgusto del diplomático fue testigo nuestro corresponsal en Washington, Henry Raymont, quien vino especialmente a cubrir los pormenores del evento.
Nada hay ciertamente que no pueda solucionarse en futuras rondas de negociaciones; pero es indudable que el proceso se ha retrasado cuando prácticamente había concluido.
Los problemas surgieron tras la decisión del presidente Pérez Balladares de someter el convenio a la consulta de los gobiernos de México, Brasil y Colombia que habían manifestado interés en participar en el proyecto. Dichas naciones despacharon a Panamá a sus vicecancilleres para informarse de los alcances y alternativas para su incorporación al CMA.
A partir de ese momento, para sorpresa de los norteamericanos, se hizo evidente que la intervención de las otras tres naciones invitadas no se limitaría a una rúbrica o adhesión pasiva y automática al convenio, sino que cada una traía sus propias sugerencias, adiciones, aclaraciones, interrogantes y reservas, muchas de las cuales no están previstas en el acuerdo del 24 de diciembre pasado.
EU pretendía que el CMA fuera más bien un convenio bilateral con Panamá, al cual se adhirieran los terceros países interesados, bajo las condiciones y reglas acordadas previamente por los primeros. Pero en modo alguno imaginaron que las naciones invitadas podrían ampliar o modificar lo pactado.
Entre otras cosas, Colombia sugirió que el convenio debía incluir el tema del tráfico de armas y el lavado, México propuso que se estudiaran los sitios de producción y de compra de la droga y Brasil se inclinó por la fórmula de participación no comprometida.
EU ha advertido que si el convenio se hace multilateral como quiere Panamá, se requerirá de la aprobación del Senado dominado por el opositor Partido Republicano, cuya comisión de Relaciones Exteriores está presidida por Jesse Helms, un furibundo opositor a los tratados canaleros y partidario de las bases militares en su concepción actual.
La ratificación senatorial en EU podría pues dilatar la vigencia del convenio tal cual ocurrió con el Tratado de Asistencia Legal Mutua en materia de drogas, celebrado entre ambos países, el cual estuvo varios años aguardando turno de ratificación en el Senado tras ser aprobado por la Asamblea panameña. Mientras por nuestro lado, el calendario electoral nos estrecha el tiempo.
Sorprendentemente, mientras se anunciaba que faltaban, a juicio de los norteamericanos "pequeños detalles de forma" y de los panameños "la homologación de los textos en español e inglés", la situación se ha complicado.
El jefe negociador estadounidense, Thomas McNamara acaba de abandonar, sumamente molesto, nuestro país, donde vino a firmar el convenio. Del disgusto del diplomático fue testigo nuestro corresponsal en Washington, Henry Raymont, quien vino especialmente a cubrir los pormenores del evento.
Nada hay ciertamente que no pueda solucionarse en futuras rondas de negociaciones; pero es indudable que el proceso se ha retrasado cuando prácticamente había concluido.
Los problemas surgieron tras la decisión del presidente Pérez Balladares de someter el convenio a la consulta de los gobiernos de México, Brasil y Colombia que habían manifestado interés en participar en el proyecto. Dichas naciones despacharon a Panamá a sus vicecancilleres para informarse de los alcances y alternativas para su incorporación al CMA.
A partir de ese momento, para sorpresa de los norteamericanos, se hizo evidente que la intervención de las otras tres naciones invitadas no se limitaría a una rúbrica o adhesión pasiva y automática al convenio, sino que cada una traía sus propias sugerencias, adiciones, aclaraciones, interrogantes y reservas, muchas de las cuales no están previstas en el acuerdo del 24 de diciembre pasado.
EU pretendía que el CMA fuera más bien un convenio bilateral con Panamá, al cual se adhirieran los terceros países interesados, bajo las condiciones y reglas acordadas previamente por los primeros. Pero en modo alguno imaginaron que las naciones invitadas podrían ampliar o modificar lo pactado.
Entre otras cosas, Colombia sugirió que el convenio debía incluir el tema del tráfico de armas y el lavado, México propuso que se estudiaran los sitios de producción y de compra de la droga y Brasil se inclinó por la fórmula de participación no comprometida.
EU ha advertido que si el convenio se hace multilateral como quiere Panamá, se requerirá de la aprobación del Senado dominado por el opositor Partido Republicano, cuya comisión de Relaciones Exteriores está presidida por Jesse Helms, un furibundo opositor a los tratados canaleros y partidario de las bases militares en su concepción actual.
La ratificación senatorial en EU podría pues dilatar la vigencia del convenio tal cual ocurrió con el Tratado de Asistencia Legal Mutua en materia de drogas, celebrado entre ambos países, el cual estuvo varios años aguardando turno de ratificación en el Senado tras ser aprobado por la Asamblea panameña. Mientras por nuestro lado, el calendario electoral nos estrecha el tiempo.
