En torno a la reforma fiscal
ESTOY CONVENCIDO que las reformas fiscales no se aprueban o se rechazan ni tienen éxito o fracasan en base solamente a consideraciones técnicas. En estas realidades, se entremezclan también actitudes y valores, que no se pueden desconocer. Reflexionemos sobre este factor, antes de decidirnos sobre la reforma fiscal propuesta por el gobierno.
Antes que nada debemos reconocer que su Programa de gobierno 2004-2009 nos advertía que el gobierno de Martín Torrijos haría "una verdadera reforma fiscal que enfoque tanto el lado de los ingresos como de los gastos". Y especificaba que por esta reforma "distribuiremos equitativamente la carga de impuestos". Se necesita ser muy ingenuo, o mejor aún, ser un gran actor en política para pretender que uno ha sido engañado por un candidato porque no nos deletreó todo lo que en su programa pudiera ser contraproducente a nuestros intereses o porque no ha cumplido desde el inicio sus promesas al pie de la letra, aunque las esté cumpliendo sustancialmente.
Todos sabemos que la publicidad de campaña, como toda publicidad, exagera lo positivo y minimiza lo negativo, y todos sabemos que cuando un candidato, sobre todo desde la oposición, llega a la Presidencia, descubre realidades, particularmente negativas, que desconocía, especialmente si el anterior gobierno fue poco transparente y muy corrupto. Ello lo puede obligar a alterar aspectos a veces significativos de su programa. Los electores toman estas eventualidades en cuenta al escoger entre los candidatos.
Algunas figuras de la actual oposición o presuntos independientes afirman que la reforma es inconsecuente con las posiciones de miembros del gobierno cuando eran oposición y, además, que les preocupa que negociantes acaudalados pasen la eliminación de subvenciones y el alza de impuestos a los ciudadanos comunes y corrientes. Pero me pregunto sobre la coherencia política de dichos críticos, una parte de los cuales están recién salidos de un gobierno que se destacó por la corrupción y la desvergüenza. Ha habido uno que ha tenido la desfachatez de decir prácticamente que no se le debía subir ningún impuesto porque él como negociante se lo pasaría a los más pobres.
Los críticos no son todos de esta catadura moral. Los hay, y pienso que son la mayoría, honestos y realmente preocupados porque la reforma fiscal, queriendo hacer el bien produzca daños, y sustituya unas injusticias por otras. Hacia ellos el gobierno ha sido y debe continuar siendo respetuoso de sus preocupaciones y atento a las propuestas y alternativas que propongan. El Presidente está demostrando ser un hombre que sabe escuchar y sabe que en nuestra sociedad pluralista una buena política fiscal, como todo otra buena política básica, debe hacerse en la medida de lo posible con todos y para el bien de todos. Pero también es un hombre que sabe que los problemas del país hay que resolverlos y no discutirlos indefinidamente, sobre todo el problema de la falta de equidad en nuestra democracia panameña. Urge hacer nuestro sistema fiscal más equitativo y eficiente.
Si de verdad decidimos mejorar nuestro sistema fiscal, en vez de que continúe acumulando injusticias flagrantes e ineficiencias palpables que nadie en su recto juicio puede desconocer, debemos adoptar medidas que se asemejen a las propuestas. Y si lo hacemos, debemos preocuparnos por hacerlo de una manera integradora de nuestro pueblo, no generadora de frustraciones adicionales, que obstaculicen otras soluciones, como por ejemplo la reforma de la Caja de Seguro Social, el referéndum sobre la ampliación del Canal y la aprobación de acuerdos de libre comercio.
Se ha argumentado que el hecho de comenzar con una propuesta del gobierno ha favorecido que los grupos gremiales se acercaran los unos a los otros y lograran una cierta unidad de acción. Sin embargo, el gobierno tiene por ser gobierno que hacer las propuestas que den inicio a la discusión y sacar las conclusiones que son de competencia del Ejecutivo decidir o aquellas que deba someter a la aprobación del Legislativo. Sin esa iniciativa gubernamental al comienzo y al final de las discusiones, éstas serían interminables y las soluciones se postergarían indefinidamente.
El hecho que se favorezca la relativa unificación de los gremios no es un resultado necesariamente nocivo, siempre y cuando la agrupación gremial no se reduzca a una simple resistencia al cambio o a una intransigente defensa de intereses sectoriales. Los gremios no pueden en el mundo de hoy limitarse a lo suyo solamente. Tienen que mantener una apertura al bien común, que exige de todos que no acaparemos ventajas y beneficios a expensas de los demás, por solidaridad con nuestros conciudadanos, que son nuestro prójimo políticamente más cercano.
Y en este campo los grupos gremiales están en mora con el país. Después de su participación muy importante al final de la lucha por la democracia, los gremios parecen haberse restringido cada uno a su propio predio. Cuando bajo el gobierno anterior se plantearon graves acusaciones de soborno de la Asamblea por el Ejecutivo en detrimento de la Corte Suprema de Justicia, la ausencia de reacción mancomunada de los gremios, junto con las carencias de los partidos políticos, permitieron el debilitamiento de nuestras instituciones democráticas. Si ahora los sectores gremiales recuperan algo de su unidad y eficacia cívico-social, es de esperar que sea para coadyuvar en los cambios y las transformaciones que nuestro pueblo necesita y que el nuevo gobierno quiere impulsar.
Producir un sistema fiscal que sea a la vez más equitativo y más eficiente, proporcionando al gobierno los medios para sanear las finanzas públicas e intensificar la atención social a la población, es el reto que el gobierno y el conjunto de la sociedad civil tienen por delante. Lo propio, por ser lo constitucional, es que esta cooperación se consuma y se formalice a través del proceso legislativo por el cual se completa el trámite de cualquier cambio democrático. (ariyan@sinfo.net)
Antes que nada debemos reconocer que su Programa de gobierno 2004-2009 nos advertía que el gobierno de Martín Torrijos haría "una verdadera reforma fiscal que enfoque tanto el lado de los ingresos como de los gastos". Y especificaba que por esta reforma "distribuiremos equitativamente la carga de impuestos". Se necesita ser muy ingenuo, o mejor aún, ser un gran actor en política para pretender que uno ha sido engañado por un candidato porque no nos deletreó todo lo que en su programa pudiera ser contraproducente a nuestros intereses o porque no ha cumplido desde el inicio sus promesas al pie de la letra, aunque las esté cumpliendo sustancialmente.
Todos sabemos que la publicidad de campaña, como toda publicidad, exagera lo positivo y minimiza lo negativo, y todos sabemos que cuando un candidato, sobre todo desde la oposición, llega a la Presidencia, descubre realidades, particularmente negativas, que desconocía, especialmente si el anterior gobierno fue poco transparente y muy corrupto. Ello lo puede obligar a alterar aspectos a veces significativos de su programa. Los electores toman estas eventualidades en cuenta al escoger entre los candidatos.
Algunas figuras de la actual oposición o presuntos independientes afirman que la reforma es inconsecuente con las posiciones de miembros del gobierno cuando eran oposición y, además, que les preocupa que negociantes acaudalados pasen la eliminación de subvenciones y el alza de impuestos a los ciudadanos comunes y corrientes. Pero me pregunto sobre la coherencia política de dichos críticos, una parte de los cuales están recién salidos de un gobierno que se destacó por la corrupción y la desvergüenza. Ha habido uno que ha tenido la desfachatez de decir prácticamente que no se le debía subir ningún impuesto porque él como negociante se lo pasaría a los más pobres.
Los críticos no son todos de esta catadura moral. Los hay, y pienso que son la mayoría, honestos y realmente preocupados porque la reforma fiscal, queriendo hacer el bien produzca daños, y sustituya unas injusticias por otras. Hacia ellos el gobierno ha sido y debe continuar siendo respetuoso de sus preocupaciones y atento a las propuestas y alternativas que propongan. El Presidente está demostrando ser un hombre que sabe escuchar y sabe que en nuestra sociedad pluralista una buena política fiscal, como todo otra buena política básica, debe hacerse en la medida de lo posible con todos y para el bien de todos. Pero también es un hombre que sabe que los problemas del país hay que resolverlos y no discutirlos indefinidamente, sobre todo el problema de la falta de equidad en nuestra democracia panameña. Urge hacer nuestro sistema fiscal más equitativo y eficiente.
Si de verdad decidimos mejorar nuestro sistema fiscal, en vez de que continúe acumulando injusticias flagrantes e ineficiencias palpables que nadie en su recto juicio puede desconocer, debemos adoptar medidas que se asemejen a las propuestas. Y si lo hacemos, debemos preocuparnos por hacerlo de una manera integradora de nuestro pueblo, no generadora de frustraciones adicionales, que obstaculicen otras soluciones, como por ejemplo la reforma de la Caja de Seguro Social, el referéndum sobre la ampliación del Canal y la aprobación de acuerdos de libre comercio.
Se ha argumentado que el hecho de comenzar con una propuesta del gobierno ha favorecido que los grupos gremiales se acercaran los unos a los otros y lograran una cierta unidad de acción. Sin embargo, el gobierno tiene por ser gobierno que hacer las propuestas que den inicio a la discusión y sacar las conclusiones que son de competencia del Ejecutivo decidir o aquellas que deba someter a la aprobación del Legislativo. Sin esa iniciativa gubernamental al comienzo y al final de las discusiones, éstas serían interminables y las soluciones se postergarían indefinidamente.
El hecho que se favorezca la relativa unificación de los gremios no es un resultado necesariamente nocivo, siempre y cuando la agrupación gremial no se reduzca a una simple resistencia al cambio o a una intransigente defensa de intereses sectoriales. Los gremios no pueden en el mundo de hoy limitarse a lo suyo solamente. Tienen que mantener una apertura al bien común, que exige de todos que no acaparemos ventajas y beneficios a expensas de los demás, por solidaridad con nuestros conciudadanos, que son nuestro prójimo políticamente más cercano.
Y en este campo los grupos gremiales están en mora con el país. Después de su participación muy importante al final de la lucha por la democracia, los gremios parecen haberse restringido cada uno a su propio predio. Cuando bajo el gobierno anterior se plantearon graves acusaciones de soborno de la Asamblea por el Ejecutivo en detrimento de la Corte Suprema de Justicia, la ausencia de reacción mancomunada de los gremios, junto con las carencias de los partidos políticos, permitieron el debilitamiento de nuestras instituciones democráticas. Si ahora los sectores gremiales recuperan algo de su unidad y eficacia cívico-social, es de esperar que sea para coadyuvar en los cambios y las transformaciones que nuestro pueblo necesita y que el nuevo gobierno quiere impulsar.
Producir un sistema fiscal que sea a la vez más equitativo y más eficiente, proporcionando al gobierno los medios para sanear las finanzas públicas e intensificar la atención social a la población, es el reto que el gobierno y el conjunto de la sociedad civil tienen por delante. Lo propio, por ser lo constitucional, es que esta cooperación se consuma y se formalice a través del proceso legislativo por el cual se completa el trámite de cualquier cambio democrático. (ariyan@sinfo.net)
