¡Encima, echarle sal a la herida!
LA SEMANA PASADA me referí al monopolio que tienen los partidos políticos de nuestro sistema electoral. Y entre los aspectos que mencionaba, como ejemplo de esa nefasta y antidemocrática realidad, cité los absurdos y desproporcionados subsidios que reciben y que podrían estar mejor empleados en la reparación de escuelas o equipando centros de salud en las regiones más recónditas del país donde a los médicos sólo se les conoce de referencia.
También mencionaba en ese mismo artículo que, mientras la vía para realizar cambios a nuestra legislación electoral sea la flamante comisión de reformas, que controlan los partidos, con la complicidad del Tribunal Electoral, muy poco es lo que debíamos esperar de sus resultados. La insignificante participación de sectores no partidistas ha sido puramente simbólica en el pasado y para nada ha servido que se le haya reconocido un escuálido voto, frente a los 7 ó 8 de los partidos. Ello, sin olvidar que los acuerdos de la comisión de reformas luego caerán en manos de la Asamblea de Diputados, que pueden hacer con ellos lo que le venga en ganas.
Como nunca tuve esperanzas de que de los prolongados debates de la comisión de reformas resultara algo diferente a lo que finalmente produjo, no me sorprende que, volviendo a repartirse con la cuchara grande, los partidos hayan decidido ponerse de acuerdo y prolongar la sinvergüenzura que constituye el ocultamiento y el secretismo que rodea a las contribuciones electorales.
Si el secuestro legal del sistema electoral panameño por los partidos y los absurdos e insultantes subsidios electorales ya son una herida profunda a nuestra incipiente democracia, las normas que autorizan y permiten ocultar las contribuciones electorales son como agregar sal a la herida. Los partidos no sólo disfrutan de privilegios en forma de subsidios; aparte de recibir casi 20 millones de dólares de dineros públicos, también pueden recaudar fondos por sumas que pueden duplicar y hasta triplicar ese monto, sin tener que dar cuenta de quiénes fueron los "sus generosos contribuyentes".
En Panamá, para nadie es un secreto que la inversión por parte de los grandes capitales e intereses, mediante aportes a los candidatos presidenciales y a diputados, no cumple un propósito cívico. Por cada centavo que se invierte se espera un beneficio directo y, como mínimo, quintuplicado. Si se publicaran las listas de quienes hicieron los mayores aportes, en dinero o en especie, para financiar la campaña del actual presidente, no creo que se requeriría de mayores pruebas para demostrar que nuestra política, controlada por los partidos, es, antes que cualquier otra cosa, un monumental negocio.
Me consta, por haber estado en contacto telefónico con los representantes de la llamada sociedad civil en la comisión de reformas electorales, que durante sus debates ellos trataron de introducir cambios orientados a darle mayor transparencia a nuestro sistema electoral, especialmente en cuanto a las contribuciones para financiar las campañas políticas. Y también conozco de su desencanto por los insignificantes avances conseguidos.
Si algo positivo puede sacarse de los frustrantes resultados de la comisión de reformas electorales, es la confirmación, una vez más, de que por esa vía no se logrará romper la confabulación que existe entre los partidos políticos y el Tribunal Electoral para mantener el status quo, que significa, seguir prolongando el secuestro de nuestro sistema electoral.
Pero no sólo debemos quedarnos en el reconocimiento de que la vía de la comisión de reformas electorales, que patrocina el Tribunal Electoral, es un ejercicio tan recurrente como inútil; lo importante es qué pasos daremos todos los sectores y ciudadanos que no participamos de la conspiración partidos-Tribunal Electoral, para romper ese círculo perverso y, además, lograr los cambios en nuestra legislación electoral que efectivamente contribuyan al fortalecimiento de nuestra democracia. Como primera medida, quienes pertenecemos a la ciudadanía que no está comprometida con intereses partidistas, que somos la mayoría del país, como puede demostrarse comparando la cifra de los inscritos en partidos con los no inscritos, debemos denunciar y hacer públicas las componendas que se manejaron en el seno de la comisión de reformas. Y como segunda acción, debemos comenzar a organizar un frente ciudadano no partidista, con el propósito de democratizar y hacer transparente nuestro sistema electoral, principalmente en el aspecto de su financiamiento.
Vistos los resultados de los debates de la comisión de reformas electorales, debemos comenzar por exigir la eliminación total de los subsidios electorales. Es un contrasentido absoluto que los partidos, aparte de recibir contribuciones multimillonarias de fuentes que no están obligados a divulgar, además, reciban 20 millones de dólares de fondos públicos. ¡O una cosa o la otra!
Y los fondos públicos que se destinen a financiar el sistema electoral, no deben entregarse a los partidos sino que deben utilizarse para costear espacios y tiempo en los medios de comunicación a los que tengan igual acceso todas las posiciones políticas y todos los candidatos. De esa manera estaríamos sirviendo mejor al propósito de construir en Panamá una verdadera democracia.
También mencionaba en ese mismo artículo que, mientras la vía para realizar cambios a nuestra legislación electoral sea la flamante comisión de reformas, que controlan los partidos, con la complicidad del Tribunal Electoral, muy poco es lo que debíamos esperar de sus resultados. La insignificante participación de sectores no partidistas ha sido puramente simbólica en el pasado y para nada ha servido que se le haya reconocido un escuálido voto, frente a los 7 ó 8 de los partidos. Ello, sin olvidar que los acuerdos de la comisión de reformas luego caerán en manos de la Asamblea de Diputados, que pueden hacer con ellos lo que le venga en ganas.
Como nunca tuve esperanzas de que de los prolongados debates de la comisión de reformas resultara algo diferente a lo que finalmente produjo, no me sorprende que, volviendo a repartirse con la cuchara grande, los partidos hayan decidido ponerse de acuerdo y prolongar la sinvergüenzura que constituye el ocultamiento y el secretismo que rodea a las contribuciones electorales.
Si el secuestro legal del sistema electoral panameño por los partidos y los absurdos e insultantes subsidios electorales ya son una herida profunda a nuestra incipiente democracia, las normas que autorizan y permiten ocultar las contribuciones electorales son como agregar sal a la herida. Los partidos no sólo disfrutan de privilegios en forma de subsidios; aparte de recibir casi 20 millones de dólares de dineros públicos, también pueden recaudar fondos por sumas que pueden duplicar y hasta triplicar ese monto, sin tener que dar cuenta de quiénes fueron los "sus generosos contribuyentes".
En Panamá, para nadie es un secreto que la inversión por parte de los grandes capitales e intereses, mediante aportes a los candidatos presidenciales y a diputados, no cumple un propósito cívico. Por cada centavo que se invierte se espera un beneficio directo y, como mínimo, quintuplicado. Si se publicaran las listas de quienes hicieron los mayores aportes, en dinero o en especie, para financiar la campaña del actual presidente, no creo que se requeriría de mayores pruebas para demostrar que nuestra política, controlada por los partidos, es, antes que cualquier otra cosa, un monumental negocio.
Me consta, por haber estado en contacto telefónico con los representantes de la llamada sociedad civil en la comisión de reformas electorales, que durante sus debates ellos trataron de introducir cambios orientados a darle mayor transparencia a nuestro sistema electoral, especialmente en cuanto a las contribuciones para financiar las campañas políticas. Y también conozco de su desencanto por los insignificantes avances conseguidos.
Si algo positivo puede sacarse de los frustrantes resultados de la comisión de reformas electorales, es la confirmación, una vez más, de que por esa vía no se logrará romper la confabulación que existe entre los partidos políticos y el Tribunal Electoral para mantener el status quo, que significa, seguir prolongando el secuestro de nuestro sistema electoral.
Pero no sólo debemos quedarnos en el reconocimiento de que la vía de la comisión de reformas electorales, que patrocina el Tribunal Electoral, es un ejercicio tan recurrente como inútil; lo importante es qué pasos daremos todos los sectores y ciudadanos que no participamos de la conspiración partidos-Tribunal Electoral, para romper ese círculo perverso y, además, lograr los cambios en nuestra legislación electoral que efectivamente contribuyan al fortalecimiento de nuestra democracia. Como primera medida, quienes pertenecemos a la ciudadanía que no está comprometida con intereses partidistas, que somos la mayoría del país, como puede demostrarse comparando la cifra de los inscritos en partidos con los no inscritos, debemos denunciar y hacer públicas las componendas que se manejaron en el seno de la comisión de reformas. Y como segunda acción, debemos comenzar a organizar un frente ciudadano no partidista, con el propósito de democratizar y hacer transparente nuestro sistema electoral, principalmente en el aspecto de su financiamiento.
Vistos los resultados de los debates de la comisión de reformas electorales, debemos comenzar por exigir la eliminación total de los subsidios electorales. Es un contrasentido absoluto que los partidos, aparte de recibir contribuciones multimillonarias de fuentes que no están obligados a divulgar, además, reciban 20 millones de dólares de fondos públicos. ¡O una cosa o la otra!
Y los fondos públicos que se destinen a financiar el sistema electoral, no deben entregarse a los partidos sino que deben utilizarse para costear espacios y tiempo en los medios de comunicación a los que tengan igual acceso todas las posiciones políticas y todos los candidatos. De esa manera estaríamos sirviendo mejor al propósito de construir en Panamá una verdadera democracia.
