Encrucijada
Nos sentimos tristemente confundidos en la hora actual sobre el futuro de la administración de justicia en el país. Jamás en nuestra historia republicana se desconfió del sistema y mucho menos de sus más altos personeros. Hay ya una generalizada duda y desconfianza sobre la reciedumbre moral que debe caracterizarlos, de lo cual no nos es posible reponernos.
Ante la sospecha de nuestros conciudadanos sobre conductas extrañas de nuestros jueces, fiscales y aún sobre los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, se asoma ahora un negro nubarrón. Un magistrado hizo cargos a varios de sus colegas. Se solicitó a la Asamblea Nacional, conforme señala nuestra Constitución, que se iniciaran las investigaciones del caso. Tres solicitudes se les formularon. Una llamada Comisión de Credenciales ante la cual se presentaron tres denuncias de distintas fuentes, cínicamente burló al pueblo y ordenó que las archivaran. Hicieron el papel de encubridores. No se pedía condena para nadie, sino que se investigara.
Ahora, por segunda vez, 18 organizaciones nacionales formularon la misma solicitud. Tememos que se repita la jugarreta infame e infamante de la primera comisión.
De lo que se trata no es broma. Magistrados liberaron narcotraficantes, descongelaron grandes sumas de dinero incautadas a ellos en pronunciamientos que ha repudiado el país y hasta la Iglesia católica panameña se ha pronunciado sobre el escándalo, diciendo que se podría estar provocando la indignación de nuestro pueblo. Un movimiento popular contra la Asamblea Nacional, y particularmente contra su Comisión de Credenciales y la Corte Suprema de Justicia, constituiría un grave revés para el país.
Nos espanta el solo pensar que semejante cosa ocurra. No lo deseamos ni lo patrocinaríamos, pero es ya hora de que la actual Comisión de Credenciales se dé cuenta de que de hacer lo mismo que abominablemente hizo la anterior, estaría jugando con candela que es lo que la sabia voz de la Iglesia ha comenzado a temer.
Ante la sospecha de nuestros conciudadanos sobre conductas extrañas de nuestros jueces, fiscales y aún sobre los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, se asoma ahora un negro nubarrón. Un magistrado hizo cargos a varios de sus colegas. Se solicitó a la Asamblea Nacional, conforme señala nuestra Constitución, que se iniciaran las investigaciones del caso. Tres solicitudes se les formularon. Una llamada Comisión de Credenciales ante la cual se presentaron tres denuncias de distintas fuentes, cínicamente burló al pueblo y ordenó que las archivaran. Hicieron el papel de encubridores. No se pedía condena para nadie, sino que se investigara.
Ahora, por segunda vez, 18 organizaciones nacionales formularon la misma solicitud. Tememos que se repita la jugarreta infame e infamante de la primera comisión.
De lo que se trata no es broma. Magistrados liberaron narcotraficantes, descongelaron grandes sumas de dinero incautadas a ellos en pronunciamientos que ha repudiado el país y hasta la Iglesia católica panameña se ha pronunciado sobre el escándalo, diciendo que se podría estar provocando la indignación de nuestro pueblo. Un movimiento popular contra la Asamblea Nacional, y particularmente contra su Comisión de Credenciales y la Corte Suprema de Justicia, constituiría un grave revés para el país.
Nos espanta el solo pensar que semejante cosa ocurra. No lo deseamos ni lo patrocinaríamos, pero es ya hora de que la actual Comisión de Credenciales se dé cuenta de que de hacer lo mismo que abominablemente hizo la anterior, estaría jugando con candela que es lo que la sabia voz de la Iglesia ha comenzado a temer.
