Endeudamiento público: ¿Hasta cuánto nos hipotecarán?
Por lo que parece, a los actuales gobernantes nunca se les ha ocurrido hacerse la pregunta, y lo que es peor, no les importa un rábano cómo y quién pagará por la monstruosa deuda pública que aumenta con la velocidad de un cohete espacial.
En forma irresponsable y comprometiéndose a imponer nuevos y mayores sacrificios a un pueblo que ya está situado, con ventaja, en los primeros lugares de la pobreza (50%), la pobreza crítica (30%), el desempleo (15%), el endeudamiento personal (90% de los empleados públicos y privados tienen sus sueldos comprometidos) y la deuda pública por cabeza (la que resulta al dividir los 7,000 que ya se deben entre los 2.8 millones de panameños) más alta de Latinoamérica, siguen en forma desenfrenada sumándole millones y millones de dólares a esa hipoteca, ya insostenible, que pesa sobre todos los panameños y, especialmente, sobre las generaciones más jóvenes.
A lo anterior hay que agregar que también tenemos el señalado honor de ser punteros en la peor distribución de la riqueza.
Durante los 21 años de la dictadura, la deuda pública panameña llegó a rebasar todos los límites de la cordura, pero los que la negociaron y contrajeron en nombre de la república salieron del gobierno en diciembre de 1989 y se quedaron tan campantes.
De poco más de 200 millones que era la deuda pública total en 1968, después de esos 21 años el país acumuló una deuda de 7,000 millones, o sea 35 veces más de lo que debíamos cuando comenzó la dictadura. Y como en los dos últimos años se había suspendido el pago de los préstamos, existía una morosidad pendiente de 700 millones de dólares.
Al gobierno de la ADO-Civilista le tocó enfrentar esa deuda descomunal. El país estaba arruinado económicamente. El Tesoro Público no tenía ni para pagar los salarios de los empleados públicos. Sin embargo, durante los cuatro años y nueve meses del gobierno anterior se puso la casa en orden; se cancelaron los atrasos y se restableció el crédito del país con los organismos financieros internacionales.
La administración que presidió Guillermo Endara no sólo rescató a Panamá de la ruina económica sino que evitó castigar a las futuras generaciones con nuevos endeudamientos. Sólo se recurrió al crédito cuando fue necesario y los compromisos que se contrajeron fueron hechos públicos, en forma transparente.
Es bueno mencionar que el principal de esos compromisos, por su monto, fue el crédito que se contrató con el BID y el Banco Mundial para el Programa de Construcción y Rehabilitación de la red vial, que heredó el presente gobierno pues se comenzó a desembolsar después de haber salido el anterior.
La conducta de la actual administración ha sido, precisamente, la contraria a la que siguió su predecesora.
Ustedes recordarán que el gobierno actual hizo un gran despliegue propagandístico, para anunciar que habían conseguido reducir en varios cientos de millones (daré la cifra exacta en un próximo artículo) la deuda pública, al cerrar un acuerdo con los bancos comerciales. Pero si nos atenemos a las cifras actuales del total de la deuda pública, resulta que debemos tanto o más que antes de esa publicitada reducción. Ello se debe a que los nuevos préstamos contratados son mayores que la reducción.
Pero el problema no es sólo el monto creciente de la deuda pública, sino las condiciones en que se contratan esos nuevos créditos.
Un país endeudado hasta la coronilla como el nuestro, que dedica el 50% de los ingresos corrientes del Estado al pago de la deuda pública, sólo puede tener acceso a nuevos créditos, mediante el cumplimiento de condiciones cada vez más onerosas, que invariablemente repercuten en los sectores más pobres de la nación.
Por ejemplo, para lograr el último financiamiento del Fondo Monetario Internacional, el gobierno se comprometió a ejecutar una serie de medidas que castigarán, principalmente, a los que menos recursos tienen. Pero sobre esos compromisos el gobierno nacional, al igual que ha hecho con el CMA, se niega a dar información.
Los ocho partidos de oposición, en una carta pública, han demandado que el gobierno publique íntegramente ese acuerdo, así como todos los otros acuerdos financieros suscritos por el gobierno del PRD. Otros sectores, especialmente, las organizaciones populares debieran hacer una exigencia similar.
En forma irresponsable y comprometiéndose a imponer nuevos y mayores sacrificios a un pueblo que ya está situado, con ventaja, en los primeros lugares de la pobreza (50%), la pobreza crítica (30%), el desempleo (15%), el endeudamiento personal (90% de los empleados públicos y privados tienen sus sueldos comprometidos) y la deuda pública por cabeza (la que resulta al dividir los 7,000 que ya se deben entre los 2.8 millones de panameños) más alta de Latinoamérica, siguen en forma desenfrenada sumándole millones y millones de dólares a esa hipoteca, ya insostenible, que pesa sobre todos los panameños y, especialmente, sobre las generaciones más jóvenes.
A lo anterior hay que agregar que también tenemos el señalado honor de ser punteros en la peor distribución de la riqueza.
Durante los 21 años de la dictadura, la deuda pública panameña llegó a rebasar todos los límites de la cordura, pero los que la negociaron y contrajeron en nombre de la república salieron del gobierno en diciembre de 1989 y se quedaron tan campantes.
De poco más de 200 millones que era la deuda pública total en 1968, después de esos 21 años el país acumuló una deuda de 7,000 millones, o sea 35 veces más de lo que debíamos cuando comenzó la dictadura. Y como en los dos últimos años se había suspendido el pago de los préstamos, existía una morosidad pendiente de 700 millones de dólares.
Al gobierno de la ADO-Civilista le tocó enfrentar esa deuda descomunal. El país estaba arruinado económicamente. El Tesoro Público no tenía ni para pagar los salarios de los empleados públicos. Sin embargo, durante los cuatro años y nueve meses del gobierno anterior se puso la casa en orden; se cancelaron los atrasos y se restableció el crédito del país con los organismos financieros internacionales.
La administración que presidió Guillermo Endara no sólo rescató a Panamá de la ruina económica sino que evitó castigar a las futuras generaciones con nuevos endeudamientos. Sólo se recurrió al crédito cuando fue necesario y los compromisos que se contrajeron fueron hechos públicos, en forma transparente.
Es bueno mencionar que el principal de esos compromisos, por su monto, fue el crédito que se contrató con el BID y el Banco Mundial para el Programa de Construcción y Rehabilitación de la red vial, que heredó el presente gobierno pues se comenzó a desembolsar después de haber salido el anterior.
La conducta de la actual administración ha sido, precisamente, la contraria a la que siguió su predecesora.
Ustedes recordarán que el gobierno actual hizo un gran despliegue propagandístico, para anunciar que habían conseguido reducir en varios cientos de millones (daré la cifra exacta en un próximo artículo) la deuda pública, al cerrar un acuerdo con los bancos comerciales. Pero si nos atenemos a las cifras actuales del total de la deuda pública, resulta que debemos tanto o más que antes de esa publicitada reducción. Ello se debe a que los nuevos préstamos contratados son mayores que la reducción.
Pero el problema no es sólo el monto creciente de la deuda pública, sino las condiciones en que se contratan esos nuevos créditos.
Un país endeudado hasta la coronilla como el nuestro, que dedica el 50% de los ingresos corrientes del Estado al pago de la deuda pública, sólo puede tener acceso a nuevos créditos, mediante el cumplimiento de condiciones cada vez más onerosas, que invariablemente repercuten en los sectores más pobres de la nación.
Por ejemplo, para lograr el último financiamiento del Fondo Monetario Internacional, el gobierno se comprometió a ejecutar una serie de medidas que castigarán, principalmente, a los que menos recursos tienen. Pero sobre esos compromisos el gobierno nacional, al igual que ha hecho con el CMA, se niega a dar información.
Los ocho partidos de oposición, en una carta pública, han demandado que el gobierno publique íntegramente ese acuerdo, así como todos los otros acuerdos financieros suscritos por el gobierno del PRD. Otros sectores, especialmente, las organizaciones populares debieran hacer una exigencia similar.
