Entre la corrupción y la hipocresía
La percepción de corrupción se ha agravado en Panamá, según da cuenta informe de Transparencia Internacional, difundido por todo el mundo en fecha reciente, lo que a muy pocos panameños ha debido sorprender. El presidente de Transparencia Internacional, Peter Eagen, se expresó así en la presentación del último cuadro estadístico sobre percepción de corrupción en 102 países del mundo: “Las élites políticas y sus camaradas continúan aceptando sobornos a la menor oportunidad. Junto con empresarios corruptos, están atrapando a naciones enteras en la pobreza y obstaculizando el desarrollo sostenible. Se perciben niveles peligrosamente altos de corrupción en lugares pobres del mundo, y también en muchos países cuyas empresas invierten en naciones en vías de desarrollo”.
“Los políticos usan cada vez más palabrería en la lucha contra la corrupción, sin embargo no consiguen actuar según el claro mensaje del IPC de TI: la necesidad de tomar medidas drásticas contra la corrupción para lograr romper el círculo vicioso de la pobreza y el soborno”.
“Las élites corruptas en los países en vías de desarrollo, quienes trabajan de la mano con ávidos empresarios e inversionistas inescrupulosos, están colocando el beneficio privado antes del bienestar de los ciudadanos y del desarrollo económico de sus países”. “Durante el pasado año, pudimos observar que la confianza en la democracia sufrió un gran revés. En partes de Suramérica, el soborno y el mal gobierno de las élites políticas le restaron credibilidad a las estructuras democráticas que aparecieron después del fin del gobierno militar. Argentina, donde se percibe que la corrupción ha aumentado, se une a Panamá, Honduras, Guatemala, Nicaragua, Venezuela, Bolivia, Ecuador, Haití y Paraguay con un puntaje de 3 o menos en el IPC 2002”. Hasta aquí las afirmaciones del Presidente de Transparencia Internacional.
En Panamá existe vasta legislación en torno a la corrupción. En efecto, tenemos la Convención Interamericana contra la Corrupción, adoptada por los estados miembros de la Organización de Estados Americanos en marzo de 1996 y ratificada en Panamá mediante la Ley 42 de 1998; la Ley 36, de junio de 1998, por medio de la cual se instauró el derecho de toda persona de presentar quejas y peticiones a los servidores públicos y el deber de éstos de absolverlas; el Decreto Ejecutivo 99, de septiembre de 1999, por medio del cual se creó la Dirección Nacional contra la Corrupción, cargo que después de tres años hasta la fecha permanece vacante; la Ley 59, de diciembre de 1999, por la cual se reglamentó la Declaración Jurada de Estado Patrimonial de los servidores públicos de mayor jerarquía y se definió el enriquecimiento injustificado; el Decreto 284, de diciembre de 1999, por medio del cual la Contraloría General creó el Instituto Superior de Fiscalización, Control y Gestión Pública, y la recién aprobada Ley 6, de enero de 2002 sobre la Transparencia en la Gestión Pública, tergiversada en su espíritu y contenido al ser reglamentada.
Además de toda esta legislación existente, el Organo Ejecutivo conformó La Comisión Anticorrupción que elaboró, en un término perentorio, un informe a la Sra. Presidenta de la República en la que se hacen 50 recomendaciones, sin ningún resultado concreto, pues, más que adoptar el Ejecutivo las medidas correctivas pertinentes ha procedido a justificarse y evadir responsabilidades argumentando que ha enviado al Organo Judicial y al Legislativo, así como al Contralor General de la República, el informe pertinente para que tomen en cuenta el mismo.
Para poder combatir la corrupción es menester que el Gobierno Nacional realmente se lo proponga y no se constituya en su promotor utilizando toda clase de subterfugios a fin de evadir responsabilidad. La Sra. Presidenta, no obstante las evidencias que existen, no hace nada y no cesa de atribuir al morbo, a la empresa privada y a presuntas campañas contra su gobierno, la responsabilidad del alto porcentaje de percepción de corrupción que tiene la ciudadanía. Lo cierto es que se han dado casos en que ha habido confesos del delito de corrupción, como ocurrió en el triste caso del CEMIS y hasta la fecha no sólo no ha existido castigo para los responsables sino que el gobierno nacional, en menosprecio de la ciudadanía en general, ha sumado a ambos legisladores a su fuerza legislativa para garantizar la manipulación de este órgano y tener acceso a su multimillonario presupuesto. Los legisladores que se encuentran implicados en el delito de soborno en la elección de los dos últimos magistrados de la Corte Suprema de Justicia, y que la Procuraduría General de la Nación mantiene bajo investigación, han sido premiados por el oficialismo. Uno, gracias a los votos del oficialismo, es el nuevo presidente del Organo Legislativo y el otro se menciona como Presidente de la Comisión de Finanzas. Todo esto con fundamento a acuerdo que se realizó en la Presidencia de la República lo que es prueba de la injerencia del Organo Ejecutivo en el Legislativo. Corta vida vaticinamos al Legislativo pues lo que inicia mal acaba mal.
(egrimal@cableonda.net)
“Los políticos usan cada vez más palabrería en la lucha contra la corrupción, sin embargo no consiguen actuar según el claro mensaje del IPC de TI: la necesidad de tomar medidas drásticas contra la corrupción para lograr romper el círculo vicioso de la pobreza y el soborno”.
“Las élites corruptas en los países en vías de desarrollo, quienes trabajan de la mano con ávidos empresarios e inversionistas inescrupulosos, están colocando el beneficio privado antes del bienestar de los ciudadanos y del desarrollo económico de sus países”. “Durante el pasado año, pudimos observar que la confianza en la democracia sufrió un gran revés. En partes de Suramérica, el soborno y el mal gobierno de las élites políticas le restaron credibilidad a las estructuras democráticas que aparecieron después del fin del gobierno militar. Argentina, donde se percibe que la corrupción ha aumentado, se une a Panamá, Honduras, Guatemala, Nicaragua, Venezuela, Bolivia, Ecuador, Haití y Paraguay con un puntaje de 3 o menos en el IPC 2002”. Hasta aquí las afirmaciones del Presidente de Transparencia Internacional.
En Panamá existe vasta legislación en torno a la corrupción. En efecto, tenemos la Convención Interamericana contra la Corrupción, adoptada por los estados miembros de la Organización de Estados Americanos en marzo de 1996 y ratificada en Panamá mediante la Ley 42 de 1998; la Ley 36, de junio de 1998, por medio de la cual se instauró el derecho de toda persona de presentar quejas y peticiones a los servidores públicos y el deber de éstos de absolverlas; el Decreto Ejecutivo 99, de septiembre de 1999, por medio del cual se creó la Dirección Nacional contra la Corrupción, cargo que después de tres años hasta la fecha permanece vacante; la Ley 59, de diciembre de 1999, por la cual se reglamentó la Declaración Jurada de Estado Patrimonial de los servidores públicos de mayor jerarquía y se definió el enriquecimiento injustificado; el Decreto 284, de diciembre de 1999, por medio del cual la Contraloría General creó el Instituto Superior de Fiscalización, Control y Gestión Pública, y la recién aprobada Ley 6, de enero de 2002 sobre la Transparencia en la Gestión Pública, tergiversada en su espíritu y contenido al ser reglamentada.
Además de toda esta legislación existente, el Organo Ejecutivo conformó La Comisión Anticorrupción que elaboró, en un término perentorio, un informe a la Sra. Presidenta de la República en la que se hacen 50 recomendaciones, sin ningún resultado concreto, pues, más que adoptar el Ejecutivo las medidas correctivas pertinentes ha procedido a justificarse y evadir responsabilidades argumentando que ha enviado al Organo Judicial y al Legislativo, así como al Contralor General de la República, el informe pertinente para que tomen en cuenta el mismo.
Para poder combatir la corrupción es menester que el Gobierno Nacional realmente se lo proponga y no se constituya en su promotor utilizando toda clase de subterfugios a fin de evadir responsabilidad. La Sra. Presidenta, no obstante las evidencias que existen, no hace nada y no cesa de atribuir al morbo, a la empresa privada y a presuntas campañas contra su gobierno, la responsabilidad del alto porcentaje de percepción de corrupción que tiene la ciudadanía. Lo cierto es que se han dado casos en que ha habido confesos del delito de corrupción, como ocurrió en el triste caso del CEMIS y hasta la fecha no sólo no ha existido castigo para los responsables sino que el gobierno nacional, en menosprecio de la ciudadanía en general, ha sumado a ambos legisladores a su fuerza legislativa para garantizar la manipulación de este órgano y tener acceso a su multimillonario presupuesto. Los legisladores que se encuentran implicados en el delito de soborno en la elección de los dos últimos magistrados de la Corte Suprema de Justicia, y que la Procuraduría General de la Nación mantiene bajo investigación, han sido premiados por el oficialismo. Uno, gracias a los votos del oficialismo, es el nuevo presidente del Organo Legislativo y el otro se menciona como Presidente de la Comisión de Finanzas. Todo esto con fundamento a acuerdo que se realizó en la Presidencia de la República lo que es prueba de la injerencia del Organo Ejecutivo en el Legislativo. Corta vida vaticinamos al Legislativo pues lo que inicia mal acaba mal.
(egrimal@cableonda.net)
