Entre promesas e incertidumbre

Lo más peligroso de las incertidumbres no es solo quién las prohíja, sino en qué pueden concluir, por qué se producen.
Hace poco más de año y medio, con base en una campaña larga que sugería que lo anterior no servía, y que lo que se traía era mejor, la ciudadanía miró con expectativas las promesas de depuración con que llegaba la nueva administración al Ministerio Público. Se trataba en realidad de parte de una demanda social que incluía a la Corte Suprema de Justicia, porque se había dicho con anterioridad que nada servía en el país en esa materia y había, en consecuencia, que hacer reformas.
Pese a esa difundida versión, hasta ese momento el país había logrado mantener a raya al narcotráfico. La acciones se limitaron a operaciones memorables y otros delitos vinculados al recurrente tema de la corrupción.
Con sorpresa, la ciudadanía vio como uno tras otros fueron expulsados, por una razón u otra, algunas sin explicación todavía, funcionarios experimentados, que habían dedicado su vida a la persecución del delito, y a partir de ese momento los perseguidos eran ellos, debido a acusaciones de delincuentes perseguidos con anterioridad por esos mismos funcionarios.
El beneficio de la duda favoreció entonces a las nuevas autoridades, después de todo cada maestro tiene derecho a traer su libro y su equipo. Pero transcurridos casi 18 meses, los resultados no avalan las intenciones anunciadas. Al contrario, la incertidumbre apunta de manera preocupante contra quienes combatieron el delito, y aquel aparato de narcotraficantes desmantelado durante la invasión parece que se está recomponiendo.
Por lo menos la muerte de un alto funcionario de la Policía Técnica Judicial y la salida de dos fiscales antidrogas, Rosendo Miranda, primero, y recientemente Patricio Candanedo, así lo corroboran.
Pero es posible dar una nueva oportunidad a quienes dijeron a principios de 2005 que se proponían sanear la justicia, hacer más eficiente el sistema y aplicar los correctivos necesarios. Sí es posible la paciencia que se pide, por el bien del país, y porque se contribuya decididamente a garantizar la seguridad ciudadana. Lo contrario sería lamentable e intolerable.