Envenenados
Hay cuatro detenidos por los envenenamientos. El fiscal tiene presos al jefe de laboratorio de control de calidad, a dos asistentes (encargados de hacer las pruebas y análisis de la materia prima, que resultó envenenada), y a la jefa farmacéutica y regente (otro control de calidad, pero a nivel superior) del laboratorio donde se hicieron la medicinas corruptas. Los presos se echan la culpa unos a otros, y leo en el Panamá América de ayer que los jefes, incluido René Luciani, responsabilizan a los subalternos de todo el rollo.
Me preocupa que el fiscal diga que esta gente actuó de una manera "eminentemente dolosa" (es decir, que envenenaron las medicinas con la intención inequívoca de matar a media población asegurada), y quiera llegar al juicio con esa tesis. Estoy seguro que lo más que podrá probar, si acaso, es que fueron negligentes, como sucede con media planilla estatal. Si el señor fiscal persiste en la idea del asesinato masivo, se le caerá el proceso, y perderá. Por el lado de la negligencia, no obstante, la cárcel es inevitable.
Los presos afirman que desde 1989 venían avisando que el laboratorio se estaba cayendo a pedazos, y ningún director reaccionó. Esta afirmación haría responsables a Endara Paniza, Ricardo Martinelli, Marianela Morales, Juan Jované, Rolando Villalaz y René Luciani. El alegato de los reos es que no podían hacer los controles de calidad ni de pureza, porque no tenían con qué. Sin embargo, y tal vez aquí estuvo su error, en algunos casos firmaron papeles como si los hubieran hecho.
Está el otro capítulo de la historia: MEDICOM, y sus extraños dignatarios (algunos venden frituras), que entregaron al Seguro glicerina envenenada proveniente de China, donde también hay muertos y escándalos. En Panamá, los de esta empresa medio bruja afirman que adulterar etiquetas ¡es cosa común en el mundillo de los medicamentos!
Pregunto: ¿Cuáles cuellos blancos están en las sombras todavía? ¿Quién los protege?
Hay más preguntas. ¿Sólo los que vieron afectados los bienes jurídicos de vida e integridad personal y sus familiares son víctimas? ¿Qué hay de los privados de libertad por el ejercito invasor? ¿La privación de libertad en esas circunstancias no es una forma de tortura? ¿Y qué pasa con los desaparecidos forzados, en donde la subsistencia de su desaparición hasta nuestros días, vulnera el derecho a la integridad personal de sus familias? ¿La negación de verdad en sí misma no es otra forma vulneración a la integridad personal de los familiares, imputable a nuestro Estado? ¿Entonces, los que no han recibido verdad también son víctimas?
Muchas dudas deben ser aclaradas. Es cierto que nuestro Estado tiene limitaciones presupuestarias. Sin embargo, conociéndolas, debemos poner énfasis en el cumplimiento de las medidas reparatorias de índole moral (por ejemplo, el establecimiento de la verdad, los monumentos), que requieren menores erogaciones monetarias, pero principalmente haciendo llegar ese esfuerzo a la totalidad de las personas que lo merecen, sin discriminaciones, reparos o favoritismos político-partidistas. Además, recordemos que al goce y ejercicio de los derechos humanos civiles y políticos, de los cuales hemos hablado, no pueden oponérseles razones como las limitaciones presupuestarias. Actuar en contrario compromete la responsabilidad internacional del Estado panameño.
*Vocero de la Comisión de Derechos Humanos del Centro de Iniciativas Democráticas (CIDEM).
opinioneshumanrights@yahoo.es
Me preocupa que el fiscal diga que esta gente actuó de una manera "eminentemente dolosa" (es decir, que envenenaron las medicinas con la intención inequívoca de matar a media población asegurada), y quiera llegar al juicio con esa tesis. Estoy seguro que lo más que podrá probar, si acaso, es que fueron negligentes, como sucede con media planilla estatal. Si el señor fiscal persiste en la idea del asesinato masivo, se le caerá el proceso, y perderá. Por el lado de la negligencia, no obstante, la cárcel es inevitable.
Los presos afirman que desde 1989 venían avisando que el laboratorio se estaba cayendo a pedazos, y ningún director reaccionó. Esta afirmación haría responsables a Endara Paniza, Ricardo Martinelli, Marianela Morales, Juan Jované, Rolando Villalaz y René Luciani. El alegato de los reos es que no podían hacer los controles de calidad ni de pureza, porque no tenían con qué. Sin embargo, y tal vez aquí estuvo su error, en algunos casos firmaron papeles como si los hubieran hecho.
Está el otro capítulo de la historia: MEDICOM, y sus extraños dignatarios (algunos venden frituras), que entregaron al Seguro glicerina envenenada proveniente de China, donde también hay muertos y escándalos. En Panamá, los de esta empresa medio bruja afirman que adulterar etiquetas ¡es cosa común en el mundillo de los medicamentos!
Pregunto: ¿Cuáles cuellos blancos están en las sombras todavía? ¿Quién los protege?
Hay más preguntas. ¿Sólo los que vieron afectados los bienes jurídicos de vida e integridad personal y sus familiares son víctimas? ¿Qué hay de los privados de libertad por el ejercito invasor? ¿La privación de libertad en esas circunstancias no es una forma de tortura? ¿Y qué pasa con los desaparecidos forzados, en donde la subsistencia de su desaparición hasta nuestros días, vulnera el derecho a la integridad personal de sus familias? ¿La negación de verdad en sí misma no es otra forma vulneración a la integridad personal de los familiares, imputable a nuestro Estado? ¿Entonces, los que no han recibido verdad también son víctimas?
Muchas dudas deben ser aclaradas. Es cierto que nuestro Estado tiene limitaciones presupuestarias. Sin embargo, conociéndolas, debemos poner énfasis en el cumplimiento de las medidas reparatorias de índole moral (por ejemplo, el establecimiento de la verdad, los monumentos), que requieren menores erogaciones monetarias, pero principalmente haciendo llegar ese esfuerzo a la totalidad de las personas que lo merecen, sin discriminaciones, reparos o favoritismos político-partidistas. Además, recordemos que al goce y ejercicio de los derechos humanos civiles y políticos, de los cuales hemos hablado, no pueden oponérseles razones como las limitaciones presupuestarias. Actuar en contrario compromete la responsabilidad internacional del Estado panameño.
*Vocero de la Comisión de Derechos Humanos del Centro de Iniciativas Democráticas (CIDEM).
opinioneshumanrights@yahoo.es
