Equiparar
El gobierno de la presidenta Mireya Moscoso se ha mostrado muy dado en equiparar a las empresas portuarias, en cuanto a beneficios económicos se refiere, aun a costa de las pérdidas millonarias en los ingresos del Estado, que esto representa más de mil millones de balboas en el caso de la PPC y unos 300 millones la de MIT, según sus pretensiones; no obstante, ésta no está decidida ni se tiene previsto cuánto costará realmente, según palabras del propio segundo vicepresidente de la República, Dominador Kaiser Bazán.
Se avecina un movimiento de los servidores públicos con la finalidad de que el gobierno equipare también los salarios mínimos en este sector, tan golpeado de la economía panameña, con el que se aplica a la empresa privada.
De acuerdo a cifras de la FENASEP, existen unos 30 mil funcionarios que ganan por debajo de los B/.200.00 al mes. Ojalá la Presidenta se muestre igual de presta en equipararle el salario a estos servidores.
La Presidenta ha dicho que equiparará a MIT "si se lo merece"; no si es rentable para el Estado. En este análisis palaciego de economía pura, creemos que no debe haber, entonces, ningún problema con los servidores públicos.
En el contexto de la situación actual del país y de la contención del gasto público por el orden de los 150 millones de balboas, anunciada por el gobierno, se podría esgrimir que no hay cabida para aceptar las aspiraciones de los trabajadores del sector estatal.
Pero sucede que esta difícil situación no ha sido óbice para regalarle en impuestos a la PPCZ más de mil millones y sabe Dios cuántos más a MIT, una vez que se acceda a sus peticiones, las que no dudamos se van a aceptar. Tampoco, para amenazar con un llamado a sesiones extraordinarias que le costarán al país, al pueblo panameño, la suma de B/.5,680.00 diarios.
No le asiste moral alguna a la mandataria para negarle a los funcionarios públicos la equiparación de su salario mínimo con el que se paga en la empresa privada, por lo que vaticinamos que esta es una lucha que, al menos dentro del consenso popular, los servidores del Estado tienen ganada en un 90%.
Si a las empresas multimillonarias el gobierno está dispuesto a regalarle millones en concepto de impuestos y porcentajes de ganancias, al pueblo no se le debe regatear sus justas aspiraciones.
No han faltado quienes huelan corrupción en este acto de "generosidad" del gobierno para con las empresas portuarias, lo que, de ser atinadas tales suspicacias, vendría a incrementar la cadena de escándalos de corrupción denunciados dentro del gobierno actual (se suma ahora el del suplente del magistrado Cigarruista que ordena al Tribunal Electoral suspender el proceso para la expulsión del PRD del legislador Carlos Afú). Situación en extremo peligrosa porque, como dijo un ex vicepresidente del país, la corrupción hace que la democracia pierda legitimidad.
Y un pueblo con hambre, empobrecido, víctima de un creciente desempleo, de una contracción económica que aún no termina y testigo de una galopante corrupción, lesiva la miseria humana, constituye caldo de cultivo para cualquier explosión social.
A este pueblo se le ha aumentado, en plena crisis, el costo del pasaje, de los servicios de electricidad y teléfono, de los corredores (Norte y Sur), de los formularios para transacciones con el Gobierno; en fin, se le ha elevado el costo de vida al panameño, por lo que amerita que la presidenta Moscoso comience a pensar en equiparar los salarios del pueblo con este elevado costo de vida.
Es mejor buscar soluciones en tiempo de paz que tomar medidas desesperadas dentro del marco de una agitación social que nadie quiere, pero que, de ser cierto aquello de que la paciencia de los pueblos tiene un límite, puede estar más cerca de lo que quizás muchos no se imaginan.
Qué lastima que tanto descontento generalizado en la población, no haya sido canalizado por la oposición política del país con acciones y posiciones más firmes para exigir la ejecución de una verdadera política del gobierno a favor de los más necesitados, de atracción de inversiones, de bajar el índice del desempleo, de erradicar las prácticas de corrupción; en fin, de hacer un gobierno más digno del que hasta ahora se ha hecho.
Para Endara, el Estado no es responsable de lo que aconteció con esos fondos, porque fueron personas individuales las que los tomaron. "Cuando nosotros cogimos el Estado, no había nada de plata. Eso de que había cheques serían papeles sin pago de ninguna clase", puntualizó Endara.
"Vale la pena que se investigue, sobre todo aquéllo que se refiere a la sustracción de dineros por altos oficiales del Estado Mayor", indicó Endara. Consultado sobre este caso, el ex gerente del Banco Nacional de Panamá, Luis H. Moreno, dijo que mientras estuvo al frente de la institución en el período post invasión nadie solicitó que se rindieran informes sobre los presuntos dineros pertenecientes a la AMIFUP.
En su opinión, lo que tienen que hacer los que reclaman dineros de esta índole es "verificar a nombre de quién estaban esos fondos y dónde estaban esos dineros, eso es lo que tienen que hacer".
También el ex contralor general de la república, José Chen Barría, se refirió a este caso indicando que no tuvo relación con el mismo, debido a que en el período en que se ventiló, todavía no estaba en la Contraloría, pues laboraba en Migración.
El director de Orientación y Protección de los Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo, Jorge Fabián Gutiérrez, declaró que esta entidad dará trámite a la queja planteada por los miembros de la AMIFUP.
"Estamos convencidos de que las autoridades deben en la medida de su competencia, por lo menos dar una respuesta satisfactoria a esta asociación de reservistas sobre el destino de sus fondos", manifestó Gutiérrez. Agregó que la Defensoría del Pueblo no sabe en qué tiempo pueda el Estado reconsiderar este caso, como tampoco cuál es el verdadero monto de los dineros que exige la AMIFUP le sean devueltos.
"Ahora iniciamos las investigaciones, pero definitivamente la queja ha sido admitida y se va a tramitar", subrayó Gutiérrez. Explicó que dentro del trámite está la solicitud de informe sobre el tema al Banco Nacional de Panamá y al Ministerio de Economía y Finanzas. "Una vez que nos respondan y tengamos la información completa, evaluaremos qué gestiones podemos hacer en pro de que ese dinero regrese a su legítimo dueño", puntualizó Gutiérrez.
El comandante de la antigua Guardia Nacional de Panamá, general retirado Rubén Darío Paredes, fue del criterio de que a la AMIFUP debe devolvérsele los dineros que fueron enviados al arca común del Estado. "No hay ninguna duda que esos fondos pertenecen a la tropa y oficiales, pues se les descontaba el dinero quincenalmente", dijo Paredes a El Panamá América.
Recordó que por instrucciones del desaparecido general Omar Torrijos Herrera, le correspondió implementar este Fondo para el Retiro, el cual era "obligatorio" para todo el personal con una aportación mínima mensual de B/.2.00. Si una unidad quería aportar más podía hacerlo y así tener un mejor ahorro al final.
"Desde el general hasta el ordenanza tenían que aportar para que al jubilarse a los 25 años de servicio, el guardia pudiera tener un efectivo adicional para su reintegro a la sociedad civil", indicó Paredes.
También mencionó que había otro descuento de 1 balboa mensual destinado al Seguro Colectivo de Vida (con una aseguradora privada), que consistía en una póliza por 10 mil balboas para el guardia o sus deudos.
Según Paredes, esos dineros devengaban un interés para los miembros y cuando fue comandante de la Guardia Nacional giró instrucciones para que fueran depositados en el Banco Nacional de Panamá y otros bancos privados que daban un mejor interés por plazo fijo.
Paredes aclaró que su gestión administrativa ocurrió en un período normal, donde no había sanciones económicas, ni presiones políticas, pero la invasión militar norteamericana "provocó algunos desajustes y desórdenes".
A pesar de ello, Paredes espera que el Estado le reconozca a los miembros de AMIFUP su derecho a los dineros que habían ahorrado. "No hay duda, aunque ahora se denomine diferente, institucionalmente ese dinero pertenece a los miembros de la Fuerza Pública", subrayó Paredes.
Se avecina un movimiento de los servidores públicos con la finalidad de que el gobierno equipare también los salarios mínimos en este sector, tan golpeado de la economía panameña, con el que se aplica a la empresa privada.
De acuerdo a cifras de la FENASEP, existen unos 30 mil funcionarios que ganan por debajo de los B/.200.00 al mes. Ojalá la Presidenta se muestre igual de presta en equipararle el salario a estos servidores.
La Presidenta ha dicho que equiparará a MIT "si se lo merece"; no si es rentable para el Estado. En este análisis palaciego de economía pura, creemos que no debe haber, entonces, ningún problema con los servidores públicos.
En el contexto de la situación actual del país y de la contención del gasto público por el orden de los 150 millones de balboas, anunciada por el gobierno, se podría esgrimir que no hay cabida para aceptar las aspiraciones de los trabajadores del sector estatal.
Pero sucede que esta difícil situación no ha sido óbice para regalarle en impuestos a la PPCZ más de mil millones y sabe Dios cuántos más a MIT, una vez que se acceda a sus peticiones, las que no dudamos se van a aceptar. Tampoco, para amenazar con un llamado a sesiones extraordinarias que le costarán al país, al pueblo panameño, la suma de B/.5,680.00 diarios.
No le asiste moral alguna a la mandataria para negarle a los funcionarios públicos la equiparación de su salario mínimo con el que se paga en la empresa privada, por lo que vaticinamos que esta es una lucha que, al menos dentro del consenso popular, los servidores del Estado tienen ganada en un 90%.
Si a las empresas multimillonarias el gobierno está dispuesto a regalarle millones en concepto de impuestos y porcentajes de ganancias, al pueblo no se le debe regatear sus justas aspiraciones.
No han faltado quienes huelan corrupción en este acto de "generosidad" del gobierno para con las empresas portuarias, lo que, de ser atinadas tales suspicacias, vendría a incrementar la cadena de escándalos de corrupción denunciados dentro del gobierno actual (se suma ahora el del suplente del magistrado Cigarruista que ordena al Tribunal Electoral suspender el proceso para la expulsión del PRD del legislador Carlos Afú). Situación en extremo peligrosa porque, como dijo un ex vicepresidente del país, la corrupción hace que la democracia pierda legitimidad.
Y un pueblo con hambre, empobrecido, víctima de un creciente desempleo, de una contracción económica que aún no termina y testigo de una galopante corrupción, lesiva la miseria humana, constituye caldo de cultivo para cualquier explosión social.
A este pueblo se le ha aumentado, en plena crisis, el costo del pasaje, de los servicios de electricidad y teléfono, de los corredores (Norte y Sur), de los formularios para transacciones con el Gobierno; en fin, se le ha elevado el costo de vida al panameño, por lo que amerita que la presidenta Moscoso comience a pensar en equiparar los salarios del pueblo con este elevado costo de vida.
Es mejor buscar soluciones en tiempo de paz que tomar medidas desesperadas dentro del marco de una agitación social que nadie quiere, pero que, de ser cierto aquello de que la paciencia de los pueblos tiene un límite, puede estar más cerca de lo que quizás muchos no se imaginan.
Qué lastima que tanto descontento generalizado en la población, no haya sido canalizado por la oposición política del país con acciones y posiciones más firmes para exigir la ejecución de una verdadera política del gobierno a favor de los más necesitados, de atracción de inversiones, de bajar el índice del desempleo, de erradicar las prácticas de corrupción; en fin, de hacer un gobierno más digno del que hasta ahora se ha hecho.
Para Endara, el Estado no es responsable de lo que aconteció con esos fondos, porque fueron personas individuales las que los tomaron. "Cuando nosotros cogimos el Estado, no había nada de plata. Eso de que había cheques serían papeles sin pago de ninguna clase", puntualizó Endara.
"Vale la pena que se investigue, sobre todo aquéllo que se refiere a la sustracción de dineros por altos oficiales del Estado Mayor", indicó Endara. Consultado sobre este caso, el ex gerente del Banco Nacional de Panamá, Luis H. Moreno, dijo que mientras estuvo al frente de la institución en el período post invasión nadie solicitó que se rindieran informes sobre los presuntos dineros pertenecientes a la AMIFUP.
En su opinión, lo que tienen que hacer los que reclaman dineros de esta índole es "verificar a nombre de quién estaban esos fondos y dónde estaban esos dineros, eso es lo que tienen que hacer".
También el ex contralor general de la república, José Chen Barría, se refirió a este caso indicando que no tuvo relación con el mismo, debido a que en el período en que se ventiló, todavía no estaba en la Contraloría, pues laboraba en Migración.
El director de Orientación y Protección de los Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo, Jorge Fabián Gutiérrez, declaró que esta entidad dará trámite a la queja planteada por los miembros de la AMIFUP.
"Estamos convencidos de que las autoridades deben en la medida de su competencia, por lo menos dar una respuesta satisfactoria a esta asociación de reservistas sobre el destino de sus fondos", manifestó Gutiérrez. Agregó que la Defensoría del Pueblo no sabe en qué tiempo pueda el Estado reconsiderar este caso, como tampoco cuál es el verdadero monto de los dineros que exige la AMIFUP le sean devueltos.
"Ahora iniciamos las investigaciones, pero definitivamente la queja ha sido admitida y se va a tramitar", subrayó Gutiérrez. Explicó que dentro del trámite está la solicitud de informe sobre el tema al Banco Nacional de Panamá y al Ministerio de Economía y Finanzas. "Una vez que nos respondan y tengamos la información completa, evaluaremos qué gestiones podemos hacer en pro de que ese dinero regrese a su legítimo dueño", puntualizó Gutiérrez.
El comandante de la antigua Guardia Nacional de Panamá, general retirado Rubén Darío Paredes, fue del criterio de que a la AMIFUP debe devolvérsele los dineros que fueron enviados al arca común del Estado. "No hay ninguna duda que esos fondos pertenecen a la tropa y oficiales, pues se les descontaba el dinero quincenalmente", dijo Paredes a El Panamá América.
Recordó que por instrucciones del desaparecido general Omar Torrijos Herrera, le correspondió implementar este Fondo para el Retiro, el cual era "obligatorio" para todo el personal con una aportación mínima mensual de B/.2.00. Si una unidad quería aportar más podía hacerlo y así tener un mejor ahorro al final.
"Desde el general hasta el ordenanza tenían que aportar para que al jubilarse a los 25 años de servicio, el guardia pudiera tener un efectivo adicional para su reintegro a la sociedad civil", indicó Paredes.
También mencionó que había otro descuento de 1 balboa mensual destinado al Seguro Colectivo de Vida (con una aseguradora privada), que consistía en una póliza por 10 mil balboas para el guardia o sus deudos.
Según Paredes, esos dineros devengaban un interés para los miembros y cuando fue comandante de la Guardia Nacional giró instrucciones para que fueran depositados en el Banco Nacional de Panamá y otros bancos privados que daban un mejor interés por plazo fijo.
Paredes aclaró que su gestión administrativa ocurrió en un período normal, donde no había sanciones económicas, ni presiones políticas, pero la invasión militar norteamericana "provocó algunos desajustes y desórdenes".
A pesar de ello, Paredes espera que el Estado le reconozca a los miembros de AMIFUP su derecho a los dineros que habían ahorrado. "No hay duda, aunque ahora se denomine diferente, institucionalmente ese dinero pertenece a los miembros de la Fuerza Pública", subrayó Paredes.
