¿Es el Acuerdo de Inteligencia Marítima otro CMA?
Me pregunto si el Memorándum de Acuerdo sobre inteligencia marítima es para el actual Gobierno lo que el CMA fue para el pasado. Analizo las similitudes y las diferencias y propongo los nuevos rumbos que le conviene al país siga la Presidenta en esta materia.
Desde que El Universal publicó partes del Memorándum de Acuerdo que negocian Panamá y los Estados Unidos sobre inteligencia marítima se tiene la vaga impresión de "déjà vu". Varios observadores han sugerido que el Memorándum de Acuerdo sería en el Gobierno de la Presidenta Moscoso el equivalente de lo que el CMA fue en el Gobierno de Pérez Balladares. ¿Es esto correcto?
Hay analogías en los procedimientos. Pérez Balladares viajó a Estados Unidos afirmando que no discutiría el tema de las bases con el Presidente Clinton y procedió a hacer justo lo contrario. Desde ese momento en adelante negoció con un déficit de credibilidad que más nunca recuperó. La Presidenta afirmó que, a diferencia de su predecesor, mantendría al pueblo informado sobre las relaciones con los E.U.. Pero de hecho ni el pasado ni el actual Gobierno informaron que los E.U. había propuesto un acuerdo de inteligencia marítima. Fue un diario quien lo reveló, y le tomó varios días a las presentes autoridades reconocer que estaban discutiendo la propuesta.
Por otra parte, entre los diferentes voceros del Gobierno de Pérez Balladares nunca hubo coherencia en cuanto a información a la opinión pública. Esta falta de coherencia se ha notado también entre las declaraciones del actual Ministro de Gobierno, las del Ministro de Relaciones Exteriores, las del Secretario Ejecutivo del Consejo de Seguridad y las del Primer Vicepresidente. Más grave aún, las declaraciones de estos funcionarios no siempre concuerdan con las de la Presidenta. Ella ha dicho en efecto, que sólo negociaría un acuerdo de cooperación en materia de narcotráfico, mientras que los otros funcionarios han hablado de cooperación en esta materia, en cuanto a la seguridad del Canal y a grupos insurgentes que incursionan en nuestro país desde Colombia. Ella ha dicho que no contemplaría presencia militar norteamericana en Panamá después del 31 de diciembre, pero el texto del acuerdo que se discute es con la Agencia de Inteligencia del Pentágono, el pequeño número de norteamericanos que participarían estarían adscritos a la Agregaduría Militar de la Embajada de los E.U., y las dos instalaciones que el texto prevé son llamadas "bases" por lo menos dos veces. Además, la Presidenta ha mencionado que cualquier acuerdo de cooperación en asuntos de seguridad sería multilateral, cuando hasta la fecha sólo se conoce un proyecto de acuerdo bilateral con los E.U..
En tercer lugar, Pérez Balladares estuvo anuente a iniciar conversaciones sin la debida preparación, sin que el país conociera los objetivos nacionales que perseguía y a través de negociadores individuales exclusivos de su Gobierno. Actuó de manera más bien improvisada y sin participación nacional. El actual Gobierno comienza a cometer errores equivalentes. Ha improvisado el envío de diecisiete funcionarios heterogéneos a Washington, sin propósitos claramente delineados y aceptados por el país. Habla de elaborar un Plan Estratégico de Seguridad Nacional, pero por su propia cuenta, sin participación nacional, y aun antes de concluirlo, ya lo está discutiendo con los E.U. Se anuncia que el Ministro de Relaciones Exteriores viajará a Taiwán para promover la cooperación en varios campos, entre ellos el de seguridad, sin sopesar si conviene que dicho Gobierno sea quien por ahora represente la multilateralidad en cualquier acuerdo.
Los procedimientos de uno y otro Gobierno adolecen de deficiencias análogas, sobre todo en cuanto a la falta de información, la carencia de preparación y la ausencia de un consenso acerca de objetivos. Por eso se ha visto en el Memorándum de Acuerdo sobre inteligencia marítima el equivalente al CMA del Gobierno pasado.
Pero hay que reconocer diferencias sustanciales. Pérez Balladares comenzó dispuesto a negociar la continuación de bases militares norteamericanas. En la última etapa del CMA todavía pensaba en un contingente militar norteamericano de dos o tres mil unidades, con funciones que sobrepasaban la lucha contra el narcotráfico. De no haber sido porque su deseo de ganar el referéndum de la reelección inmediata era más fuerte que su compromiso con el CMA, probablemente lo hubiera aprobado formalmente como lo hizo informalmente. Habría comprometido la posibilidad de un modelo realmente nuevo de relaciones entre Panamá y los E.U.
Por contraste, la Presidenta Moscoso parte de una decisión tomada de no permitir más bases militares norteamericanas en nuestro territorio. Los errores que ha cometido su Gobierno afectan el inicio de la necesaria negociación sobre el nuevo modelo de relaciones, pero si cambiara de procedimientos, no tendría por qué fracasar como fracasó Pérez Balladares en este aspecto tan importante para el futuro de nuestro país y de nuestro Canal.
Es imprescindible, por ello, que corrija las prácticas erróneas. Primero, debe comenzar por elaborar el llamado Plan Estratégico de Seguridad Nacional y (añado) Ciudadana, sobre la base de un equipo de gente avezada en la materia proveniente de las principales fuerzas políticas y sociales del país. Luego darlo a conocer y promover un consenso en torno al mismo. En el aspecto nacional este Plan debe contemplar la protección de nuestro Canal y la protección de nuestras fronteras, especialmente la del Darién. En el aspecto ciudadano, debe contemplar la lucha contra el narcotráfico, contra la delincuencia común y a favor de los sectores más desprotegidos de nuestra población, que incluyen evidentemente a la población darienita. El Darién se constituiría así no en el único desafío a nuestra seguridad, pero sí en el desafío más manifiesto, a raíz del cual podemos como país tomar conciencia de nuestras necesidades en materia de seguridad nacional y ciudadana.
Segundo, toda negociación internacional que resulte necesaria para alcanzar nuestros objetivos de seguridad nacional y ciudadana debe ser encomendada al Ministerio de Relaciones Exteriores, apoyado por equipos integrados por las personas más avezadas en la materia de los diferentes partidos políticos y fuerzas sociales. También debe contar con el Administrador en Jefe del Canal, quien tiene responsabilidades por la protección de Canal y hasta la fecha ha sido imprudentemente marginado de este quehacer. Además, en materia de seguridad no debemos depender de un acuerdo con un solo país, por importante que sea, sino debemos buscar acuerdos con varios países que se equilibren entre sí y, si del todo posible, debemos preferir acuerdos vía organismos multilaterales, como las Naciones Unidas, que fortalezcan nuestra seguridad, al mismo tiempo que nuestra independencia.
Tercero, si nos conviniera establecer un acuerdo con los Estados Unidos, como parte de nuestro Plan Estratégico, debemos cuidar muy especialmente que no sufra menoscabo la plenitud del ejercicio de nuestra soberanía que estamos a punto de lograr y que no se geste directa o indirectamente una remilitarización de nuestra seguridad pública.
Si la Presidenta toma estos nuevos rumbos en su política de seguridad nacional y ciudadana se diferenciaría marcadamente de Pérez Balladares, para bien del país. De otro modo correrá una suerte parecida, en detrimento de Panamá.
Desde que El Universal publicó partes del Memorándum de Acuerdo que negocian Panamá y los Estados Unidos sobre inteligencia marítima se tiene la vaga impresión de "déjà vu". Varios observadores han sugerido que el Memorándum de Acuerdo sería en el Gobierno de la Presidenta Moscoso el equivalente de lo que el CMA fue en el Gobierno de Pérez Balladares. ¿Es esto correcto?
Hay analogías en los procedimientos. Pérez Balladares viajó a Estados Unidos afirmando que no discutiría el tema de las bases con el Presidente Clinton y procedió a hacer justo lo contrario. Desde ese momento en adelante negoció con un déficit de credibilidad que más nunca recuperó. La Presidenta afirmó que, a diferencia de su predecesor, mantendría al pueblo informado sobre las relaciones con los E.U.. Pero de hecho ni el pasado ni el actual Gobierno informaron que los E.U. había propuesto un acuerdo de inteligencia marítima. Fue un diario quien lo reveló, y le tomó varios días a las presentes autoridades reconocer que estaban discutiendo la propuesta.
Por otra parte, entre los diferentes voceros del Gobierno de Pérez Balladares nunca hubo coherencia en cuanto a información a la opinión pública. Esta falta de coherencia se ha notado también entre las declaraciones del actual Ministro de Gobierno, las del Ministro de Relaciones Exteriores, las del Secretario Ejecutivo del Consejo de Seguridad y las del Primer Vicepresidente. Más grave aún, las declaraciones de estos funcionarios no siempre concuerdan con las de la Presidenta. Ella ha dicho en efecto, que sólo negociaría un acuerdo de cooperación en materia de narcotráfico, mientras que los otros funcionarios han hablado de cooperación en esta materia, en cuanto a la seguridad del Canal y a grupos insurgentes que incursionan en nuestro país desde Colombia. Ella ha dicho que no contemplaría presencia militar norteamericana en Panamá después del 31 de diciembre, pero el texto del acuerdo que se discute es con la Agencia de Inteligencia del Pentágono, el pequeño número de norteamericanos que participarían estarían adscritos a la Agregaduría Militar de la Embajada de los E.U., y las dos instalaciones que el texto prevé son llamadas "bases" por lo menos dos veces. Además, la Presidenta ha mencionado que cualquier acuerdo de cooperación en asuntos de seguridad sería multilateral, cuando hasta la fecha sólo se conoce un proyecto de acuerdo bilateral con los E.U..
En tercer lugar, Pérez Balladares estuvo anuente a iniciar conversaciones sin la debida preparación, sin que el país conociera los objetivos nacionales que perseguía y a través de negociadores individuales exclusivos de su Gobierno. Actuó de manera más bien improvisada y sin participación nacional. El actual Gobierno comienza a cometer errores equivalentes. Ha improvisado el envío de diecisiete funcionarios heterogéneos a Washington, sin propósitos claramente delineados y aceptados por el país. Habla de elaborar un Plan Estratégico de Seguridad Nacional, pero por su propia cuenta, sin participación nacional, y aun antes de concluirlo, ya lo está discutiendo con los E.U. Se anuncia que el Ministro de Relaciones Exteriores viajará a Taiwán para promover la cooperación en varios campos, entre ellos el de seguridad, sin sopesar si conviene que dicho Gobierno sea quien por ahora represente la multilateralidad en cualquier acuerdo.
Los procedimientos de uno y otro Gobierno adolecen de deficiencias análogas, sobre todo en cuanto a la falta de información, la carencia de preparación y la ausencia de un consenso acerca de objetivos. Por eso se ha visto en el Memorándum de Acuerdo sobre inteligencia marítima el equivalente al CMA del Gobierno pasado.
Pero hay que reconocer diferencias sustanciales. Pérez Balladares comenzó dispuesto a negociar la continuación de bases militares norteamericanas. En la última etapa del CMA todavía pensaba en un contingente militar norteamericano de dos o tres mil unidades, con funciones que sobrepasaban la lucha contra el narcotráfico. De no haber sido porque su deseo de ganar el referéndum de la reelección inmediata era más fuerte que su compromiso con el CMA, probablemente lo hubiera aprobado formalmente como lo hizo informalmente. Habría comprometido la posibilidad de un modelo realmente nuevo de relaciones entre Panamá y los E.U.
Por contraste, la Presidenta Moscoso parte de una decisión tomada de no permitir más bases militares norteamericanas en nuestro territorio. Los errores que ha cometido su Gobierno afectan el inicio de la necesaria negociación sobre el nuevo modelo de relaciones, pero si cambiara de procedimientos, no tendría por qué fracasar como fracasó Pérez Balladares en este aspecto tan importante para el futuro de nuestro país y de nuestro Canal.
Es imprescindible, por ello, que corrija las prácticas erróneas. Primero, debe comenzar por elaborar el llamado Plan Estratégico de Seguridad Nacional y (añado) Ciudadana, sobre la base de un equipo de gente avezada en la materia proveniente de las principales fuerzas políticas y sociales del país. Luego darlo a conocer y promover un consenso en torno al mismo. En el aspecto nacional este Plan debe contemplar la protección de nuestro Canal y la protección de nuestras fronteras, especialmente la del Darién. En el aspecto ciudadano, debe contemplar la lucha contra el narcotráfico, contra la delincuencia común y a favor de los sectores más desprotegidos de nuestra población, que incluyen evidentemente a la población darienita. El Darién se constituiría así no en el único desafío a nuestra seguridad, pero sí en el desafío más manifiesto, a raíz del cual podemos como país tomar conciencia de nuestras necesidades en materia de seguridad nacional y ciudadana.
Segundo, toda negociación internacional que resulte necesaria para alcanzar nuestros objetivos de seguridad nacional y ciudadana debe ser encomendada al Ministerio de Relaciones Exteriores, apoyado por equipos integrados por las personas más avezadas en la materia de los diferentes partidos políticos y fuerzas sociales. También debe contar con el Administrador en Jefe del Canal, quien tiene responsabilidades por la protección de Canal y hasta la fecha ha sido imprudentemente marginado de este quehacer. Además, en materia de seguridad no debemos depender de un acuerdo con un solo país, por importante que sea, sino debemos buscar acuerdos con varios países que se equilibren entre sí y, si del todo posible, debemos preferir acuerdos vía organismos multilaterales, como las Naciones Unidas, que fortalezcan nuestra seguridad, al mismo tiempo que nuestra independencia.
Tercero, si nos conviniera establecer un acuerdo con los Estados Unidos, como parte de nuestro Plan Estratégico, debemos cuidar muy especialmente que no sufra menoscabo la plenitud del ejercicio de nuestra soberanía que estamos a punto de lograr y que no se geste directa o indirectamente una remilitarización de nuestra seguridad pública.
Si la Presidenta toma estos nuevos rumbos en su política de seguridad nacional y ciudadana se diferenciaría marcadamente de Pérez Balladares, para bien del país. De otro modo correrá una suerte parecida, en detrimento de Panamá.
