Es el turno del magistrado Spadafora y sus colegas
Orondos por la misión cumplida, el ministro de Comercio e Industria cacareó en gran plan el acuerdo alcanzado con Panama Ports, después de varios meses de negociaciones. Así, el gobierno anunció que esta empresa desembolsará ciento dos millones de balboas al Tesoro Nacional y recibirá, con el transcurrir del tiempo, hasta diez balboas por cada contenedor que opere la empresa en los puertos de Balboa y Cristóbal. El presidente inmediatamente anunció que esos fondos se destinarían a obras de infraestructura. Pareciera un buen acuerdo a primera vista. Pero, ¿por qué el gobierno no esperó el fallo de la Corte Suprema de Justicia sobre la demanda de Inconstitucionalidad que está pendiente y en la que se solicita que se declare ilegal el gracioso regalo que hizo doña Mireya Moscoso y su ministro Joaquín Jácome? Recordemos que esta empresa ganó en acto público el derecho a la explotación de esos puertos, ofreciendo alrededor de treinta millones de dólares anuales durante cuarenta años, lo que significaba un ingreso al fisco por mil 200 millones de balboas, además de comprometerse a realizar inversiones millonarias para la modernización de las instalaciones portuarias, lo que convertiría a Panamá en uno de los principales centros de distribución de carga de contenedores en la región.
Este compromiso original con el Estado se hizo mediante Contrato-Ley, con el objetivo de darle mayor fuera jurídica al convenio. El gobierno de ese tiempo -en el que participaron como ministros Martín Torrijos y Alejandro Ferrer- lograba, con esta concepción de desarrollo de las áreas revertidas, darle un mentís a las peregrinas tesis de los que sostenían que sin las fuerzas armadas gringas la economía panameña sucumbiría, y enviaba un claro mensaje al departamento de defensa de EU de que estábamos decididos seriamente, a vivir sin sus fuerzas militares en nuestro territorio. Pero la corruptela, y el afán desmedido de enriquecimiento de los que piensan que el poder es para usarse a favor de sus particulares pecunios, lograron imponerse sobre el espíritu en que estaba inspirado el contrato-Ley. Igual que con el CEMIS, que proyectaba el desarrollo integral de Colón, la corrupción volvió hacer de las suyas en el gobierno de la bondadosa mandataria al regalar su ministro, de un solo plumazo, cientos de millones de balboas del pueblo panameño a este consorcio internacional. El ministro de marras se acogió a un artículo del Contrato-Ley que una "inteligencia silenciosa", del PRD, dejó como portillo abierto para que, cuando se diera la oportunidad, pedir equiparación y trato similar a las condiciones de las otras empresas que operan puertos en el país. Más frustrante y, realmente triste y sorpresiva, fue la decisión a favor de la empresa, cuando sus abogados solicitaron opinión a la Procuradora de la Administración, Alma Montenegro de Fletcher, aceptando ésta la letra y desechando el espíritu con que se elaboró el Contrato-Ley.
Al principio "patria nueva" pareció mostrar firmeza contra el arreglo, pero, por los magros resultados anunciados, todo indica que esa firmeza fue una vulgar pantomima, ya que al sentarse el gobierno a negociar, en vez de denunciar con fuerza el corrupto arreglo -para hacer valer la consigna de "cero corrupción"- y exigir un pronto fallo a la Corte Suprema, quedó evidenciado el poder del dinero y de "inteligencia silenciosa", y que el pacto MAMI aún funciona. Así, los cacareados B/. 102 millones obtenidos de la farsa, no ha sido más que otra burla y ofensa a la inteligencia de los panameños, ya al igual que el gobierno mireyista, patria nueva soltó lo que el país tenía seguro en las manos, con el Contrato-Ley, por una irrisoria suma de dinero que estará por verse si se realiza en el futuro.
La última carta que queda por jugar en este nuevo y bochornoso escándalo, para evitar el criminal e intolerable despojo que agrega nuevos elementos de malestar en una opinión pública que puede estar llegando al límite de su paciencia, es el fallo que la Corte deberá emitir próximamente. Sobre el Dr. Winston Spadafora y el resto de sus colegas que forman parte de la sala que preside, están fincadas las esperanzas de que se haga justicia.
Somos conscientes de que la justicia debe aplicarse sin presiones externas a los señores magistrados, pero conocemos las que ejercen los mercachifles disfrazados de políticos, que empujan el portillo jurídico para escamotearle al país sus riquezas, y que no cejan en lograr sus corruptos objetivos. Ojalá los magistrados a la hora de hacer justicia tomen en consideración, por encima de cualquier consideración legal escrita, el espíritu que motivó las luchas soberanas, la sangre derramada de los mártires y las necesidades de los panameños.. Por que fue en base a esos principios, y a ese espíritu -considerados hoy por algunos ideólogos del régimen como desfasados- que se elaboró el Contrato-Ley. Principios patrióticos y de lucha soberana que estamos seguros comparten los honorables magistrados, y que un plumazo no podrá borrar.
Este compromiso original con el Estado se hizo mediante Contrato-Ley, con el objetivo de darle mayor fuera jurídica al convenio. El gobierno de ese tiempo -en el que participaron como ministros Martín Torrijos y Alejandro Ferrer- lograba, con esta concepción de desarrollo de las áreas revertidas, darle un mentís a las peregrinas tesis de los que sostenían que sin las fuerzas armadas gringas la economía panameña sucumbiría, y enviaba un claro mensaje al departamento de defensa de EU de que estábamos decididos seriamente, a vivir sin sus fuerzas militares en nuestro territorio. Pero la corruptela, y el afán desmedido de enriquecimiento de los que piensan que el poder es para usarse a favor de sus particulares pecunios, lograron imponerse sobre el espíritu en que estaba inspirado el contrato-Ley. Igual que con el CEMIS, que proyectaba el desarrollo integral de Colón, la corrupción volvió hacer de las suyas en el gobierno de la bondadosa mandataria al regalar su ministro, de un solo plumazo, cientos de millones de balboas del pueblo panameño a este consorcio internacional. El ministro de marras se acogió a un artículo del Contrato-Ley que una "inteligencia silenciosa", del PRD, dejó como portillo abierto para que, cuando se diera la oportunidad, pedir equiparación y trato similar a las condiciones de las otras empresas que operan puertos en el país. Más frustrante y, realmente triste y sorpresiva, fue la decisión a favor de la empresa, cuando sus abogados solicitaron opinión a la Procuradora de la Administración, Alma Montenegro de Fletcher, aceptando ésta la letra y desechando el espíritu con que se elaboró el Contrato-Ley.
Al principio "patria nueva" pareció mostrar firmeza contra el arreglo, pero, por los magros resultados anunciados, todo indica que esa firmeza fue una vulgar pantomima, ya que al sentarse el gobierno a negociar, en vez de denunciar con fuerza el corrupto arreglo -para hacer valer la consigna de "cero corrupción"- y exigir un pronto fallo a la Corte Suprema, quedó evidenciado el poder del dinero y de "inteligencia silenciosa", y que el pacto MAMI aún funciona. Así, los cacareados B/. 102 millones obtenidos de la farsa, no ha sido más que otra burla y ofensa a la inteligencia de los panameños, ya al igual que el gobierno mireyista, patria nueva soltó lo que el país tenía seguro en las manos, con el Contrato-Ley, por una irrisoria suma de dinero que estará por verse si se realiza en el futuro.
La última carta que queda por jugar en este nuevo y bochornoso escándalo, para evitar el criminal e intolerable despojo que agrega nuevos elementos de malestar en una opinión pública que puede estar llegando al límite de su paciencia, es el fallo que la Corte deberá emitir próximamente. Sobre el Dr. Winston Spadafora y el resto de sus colegas que forman parte de la sala que preside, están fincadas las esperanzas de que se haga justicia.
Somos conscientes de que la justicia debe aplicarse sin presiones externas a los señores magistrados, pero conocemos las que ejercen los mercachifles disfrazados de políticos, que empujan el portillo jurídico para escamotearle al país sus riquezas, y que no cejan en lograr sus corruptos objetivos. Ojalá los magistrados a la hora de hacer justicia tomen en consideración, por encima de cualquier consideración legal escrita, el espíritu que motivó las luchas soberanas, la sangre derramada de los mártires y las necesidades de los panameños.. Por que fue en base a esos principios, y a ese espíritu -considerados hoy por algunos ideólogos del régimen como desfasados- que se elaboró el Contrato-Ley. Principios patrióticos y de lucha soberana que estamos seguros comparten los honorables magistrados, y que un plumazo no podrá borrar.
