Es hora de pedir cuentas
EL 3 DE MARZO de este año la justicia panameña fue azotada por otro huracán devastador cuando el magistrado Adán Arjona formuló gravísimos cargos contra otros magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Recordemos y no olvidemos:
"Pero, ahora sólo cabe preguntarse por qué me formulan estos ataques. La razón es muy sencilla: y es que estos magistrados han adoptado decisiones a las que me he opuesto firmemente a través de mi salvamentos de voto en asuntos tremendamente delicados como son la puesta en libertad de personas investigadas por narcotráfico, homicidio, tráfico internacional de armas, descongelamiento de bienes, y denegación de acceso de acceso ciudadano a información pública. Si algo ha causado daño al decoro e imagen de la Corte Suprema de Justicia son las decisiones a las que he cuestionado y cuestiono de manera firme y categórica.
Los salvamentos que he suscrito hablan por mí y las decisiones en las que ellos han participado los retratan de cuerpo entero. No reconozco ninguna autoridad moral en las personas que me atacan ya que ninguno de ellos puede convertirse en juez de mis actuaciones. Lo que sí veo con mucho pesar es que todas estas acciones confirman el grado de descomposición institucional que sufre la justicia panameña, descomposición que he combatido y enfrentado con los instrumentos que me da la ley, al costo de soportar toda suerte de vilezas e infamias que han tratado y tratarán de esparcir en forma grandilocuente con el objetivo de intimidarme y acallarme..".
Hace unos días un grupo de ciudadanos/as presentó ante Asamblea Nacional una denuncia presentada en contra de los magistrados Arturo Hoyos, Aníbal Salas, Alberto Cigarruista, Jacinto Cárdenas, Roberto González, Winston Spadafora, Graciela Dixon y José A. Troyano por incumplimiento de deberes, responsabilidades y facultades de magistrados y jueces conforme al artículo 199 del Código Judicial y por infracción de los deberes de los servidores públicos de conformidad con el artículo 338 del Código Penal.
En un pronunciamiento público (el 14 de noviembre) organizaciones laborales, empresariales, profesionales, periodistas que abarcan una amplia gama de la sociedad civil y del sector privado, afirman la necesidad que la Asamblea Nacional de Diputados, con fundamento en la facultad que para ello le confiere nuestra Carta Magna, inicie una investigación y pida cuentas a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, con respecto a su actuación en estos casos que han sido cuestionados públicamente por un miembro de esta corporación de justicia y que ponen en duda la actuación de la administración de justicia panameña en la lucha contra el narcotráfico y el blanqueo de capitales.
El país se merece una aclaración, y ésta no se podrá dar mientras el magistrado Adán Arnulfo Arjona no aclare su intervención pública del 3 de marzo del presente año, ante el organismo encargado de juzgar a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, según lo establece nuestra Constitución Nacional.
Estamos claros en que los fallos de la Corte Suprema de Justicia son definitivos y obligatorios, pero los magistrados y jueces de nuestro país no están por encima de la Ley y deben responder por sus actuaciones al margen del derecho, por omisión, negligencia en el ejercicio de sus funciones, o por ignorancia inexcusable.
Las organizaciones que suscribimos este comunicado, apoyamos por tanto la iniciativa de un grupo de ciudadanos y ciudadanas de presentar formalmente esta denuncia ante la Asamblea Nacional, ya que lo consideramos el único camino que en democracia nos ofrece la Constitución de nuestro país para pedir cuentas a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia por sus actuaciones.
Esperamos que la Asamblea asuma su rol, sin responder a otro interés que no sea el mejor interés del país, y que el magistrado Adán Arnulfo Arjona acuda voluntariamente a la Asamblea de Diputados a aclarar su pronunciamiento del 3 de marzo del presente año declaraciones que merecen ser investigadas y esclarecidas, con miras a superar la percepción de corrupción sobre nuestra máxima corporación de justicia, concluye el comunicado.
El desprestigio de la justicia panameña es creciente, pero lo interesante es que nos encontramos también con mayor capacidad de respuesta por parte de la ciudadanía. Por ello, presionado por la indignación nacional el gobierno debe convocar el Pacto por la Justicia, y hoy el país espera el cumplimiento por parte del gobierno nacional, de las recomendaciones y 30 resultados esperados de la agenda de la reforma emanada de esa instancia. También la ciudadanía espera que la Asamblea Nacional se empine y demuestre su capacidad y decisión de cumplir lo que establece la ley, y de la Corte una profunda rendición de cuentas al país y la renuncia voluntaria o separación, de los involucrados en torcer la justicia.
"Vista la urgencia, ¿cual es la esperanza de una reforma completa, general y concienzuda de nuestro cuerpo de derecho?" Proclamaba hace siglo y medio Justo Arosemena en "El Estado Federal". La esperanza está en primer lugar en la capacidad ciudadana de ser conciencia pública frente a la corrupción.
Apoyemos y respaldemos todos y todas la lucha honesta de profundizar la democracia y limpiar la justicia.
(raulleisr@hotmail.com)
"Pero, ahora sólo cabe preguntarse por qué me formulan estos ataques. La razón es muy sencilla: y es que estos magistrados han adoptado decisiones a las que me he opuesto firmemente a través de mi salvamentos de voto en asuntos tremendamente delicados como son la puesta en libertad de personas investigadas por narcotráfico, homicidio, tráfico internacional de armas, descongelamiento de bienes, y denegación de acceso de acceso ciudadano a información pública. Si algo ha causado daño al decoro e imagen de la Corte Suprema de Justicia son las decisiones a las que he cuestionado y cuestiono de manera firme y categórica.
Los salvamentos que he suscrito hablan por mí y las decisiones en las que ellos han participado los retratan de cuerpo entero. No reconozco ninguna autoridad moral en las personas que me atacan ya que ninguno de ellos puede convertirse en juez de mis actuaciones. Lo que sí veo con mucho pesar es que todas estas acciones confirman el grado de descomposición institucional que sufre la justicia panameña, descomposición que he combatido y enfrentado con los instrumentos que me da la ley, al costo de soportar toda suerte de vilezas e infamias que han tratado y tratarán de esparcir en forma grandilocuente con el objetivo de intimidarme y acallarme..".
Hace unos días un grupo de ciudadanos/as presentó ante Asamblea Nacional una denuncia presentada en contra de los magistrados Arturo Hoyos, Aníbal Salas, Alberto Cigarruista, Jacinto Cárdenas, Roberto González, Winston Spadafora, Graciela Dixon y José A. Troyano por incumplimiento de deberes, responsabilidades y facultades de magistrados y jueces conforme al artículo 199 del Código Judicial y por infracción de los deberes de los servidores públicos de conformidad con el artículo 338 del Código Penal.
En un pronunciamiento público (el 14 de noviembre) organizaciones laborales, empresariales, profesionales, periodistas que abarcan una amplia gama de la sociedad civil y del sector privado, afirman la necesidad que la Asamblea Nacional de Diputados, con fundamento en la facultad que para ello le confiere nuestra Carta Magna, inicie una investigación y pida cuentas a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, con respecto a su actuación en estos casos que han sido cuestionados públicamente por un miembro de esta corporación de justicia y que ponen en duda la actuación de la administración de justicia panameña en la lucha contra el narcotráfico y el blanqueo de capitales.
El país se merece una aclaración, y ésta no se podrá dar mientras el magistrado Adán Arnulfo Arjona no aclare su intervención pública del 3 de marzo del presente año, ante el organismo encargado de juzgar a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, según lo establece nuestra Constitución Nacional.
Estamos claros en que los fallos de la Corte Suprema de Justicia son definitivos y obligatorios, pero los magistrados y jueces de nuestro país no están por encima de la Ley y deben responder por sus actuaciones al margen del derecho, por omisión, negligencia en el ejercicio de sus funciones, o por ignorancia inexcusable.
Las organizaciones que suscribimos este comunicado, apoyamos por tanto la iniciativa de un grupo de ciudadanos y ciudadanas de presentar formalmente esta denuncia ante la Asamblea Nacional, ya que lo consideramos el único camino que en democracia nos ofrece la Constitución de nuestro país para pedir cuentas a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia por sus actuaciones.
Esperamos que la Asamblea asuma su rol, sin responder a otro interés que no sea el mejor interés del país, y que el magistrado Adán Arnulfo Arjona acuda voluntariamente a la Asamblea de Diputados a aclarar su pronunciamiento del 3 de marzo del presente año declaraciones que merecen ser investigadas y esclarecidas, con miras a superar la percepción de corrupción sobre nuestra máxima corporación de justicia, concluye el comunicado.
El desprestigio de la justicia panameña es creciente, pero lo interesante es que nos encontramos también con mayor capacidad de respuesta por parte de la ciudadanía. Por ello, presionado por la indignación nacional el gobierno debe convocar el Pacto por la Justicia, y hoy el país espera el cumplimiento por parte del gobierno nacional, de las recomendaciones y 30 resultados esperados de la agenda de la reforma emanada de esa instancia. También la ciudadanía espera que la Asamblea Nacional se empine y demuestre su capacidad y decisión de cumplir lo que establece la ley, y de la Corte una profunda rendición de cuentas al país y la renuncia voluntaria o separación, de los involucrados en torcer la justicia.
"Vista la urgencia, ¿cual es la esperanza de una reforma completa, general y concienzuda de nuestro cuerpo de derecho?" Proclamaba hace siglo y medio Justo Arosemena en "El Estado Federal". La esperanza está en primer lugar en la capacidad ciudadana de ser conciencia pública frente a la corrupción.
Apoyemos y respaldemos todos y todas la lucha honesta de profundizar la democracia y limpiar la justicia.
(raulleisr@hotmail.com)
