Escala salarial 20 a 1
Si un magistrado cobra diez mil balboas mensuales, el salario mínimo del sector público debe ser quinientos. Esto es 20 a 1. La mesa Nueva Constitución del Foro Panamá 2020 desarrolló un taller en días pasados para agilizar sus tareas. Allí se dieron interesantes propuestas, como la sintetizada en el título de este artículo. En el tema de los Servidores Públicos, entre aspectos para crear las condiciones para una real oportunidad de implantar carreras de servicio civil, como la carrera administrativa, la carrera sanitaria, la carrera docente, la carrera policial, la carrera judicial y otros donde el servidor público sea nombrado y promovido por un sistema de méritos, se analiza lo de ordenar por Constitución, para la Ley General de Salarios, una escala en la que no se produzca la injusticia de que hay servidores que devengan emolumentos por el orden de diez mil o más balboas mensuales, mientras otros apenas devengan 200 al mes, siendo esto una proporción de 50 a 1.
En el índice de percepción de corrupción de los gobiernos del mundo, que publica periódicamente Transparencia Internacional, donde Panamá ocupa una nada honroso lugar número sesenta y tantos, Noruega marca como el país con el gobierno percibido como menos corrupto, siendo su escala salarial de 10 a 1, es decir que si un alto funcionario cobra el salario máximo de 10 mil mensuales, el funcionario más modesto cobra mil mensuales.
La propuesta que se debate en la mesa de Nueva Constitución es que la escala sea de 20 a 1 para empezar. Esto quiere decir que si un magistrado (supuesto mayor emolumento del sector público) cobra 10 mil balboas mensuales, el trabajador más humilde debe tener un salario mínimo de 500 al mes. Sin hacer mucho ejercicio económico y financiero, podemos decir con acierto que el erario no resistiría esta obligación, porque si el ingreso de los magistrados se mantiene, habría que subir a 500 balboas mensuales el salario a más de 70 mil funcionarios.
Cuando empezó el gobierno perredista de Pérez Balladares, ministros y magistrados devengaban 5 mil balboas mensuales, pero en un arranque de codicia, encubierta por el supuesto de pagarle bien a los que eran funcionarios de primera (a ver si esos prodigios de funcionarios, antes de ser nombrados como ministros, declaraban ingresos de más de 5 mil), subieron los emolumentos a 10 mil balboas, lo que se hizo insostenible para ministros (por el costo político), pero pasaron agachados magistrados y otros funcionarios, que mantuvieron esa ofensa a la pobreza de más de un millón de panameños.
En la propuesta de 20 a 1, tomando como salario máximo del sector público cinco mil mensual, el salario mínimo del sector sería de B/.250.00 mensuales, lo que obligaría a aumentarle a no menos de 50 mil funcionarios, porque no sólo sería a los que están por debajo de B/.250.00, sino a los que, por mayor jerarquía o responsabilidad, quedarían muy cerca de este nivel, no siendo esto una situación sana en materia de administración de recursos humanos.
Hoy día hay más de 40 mil funcionarios con salarios por debajo de B/.250.00 mensuales.
El nivel de 5 mil mensual está muy por encima de economías de países con indicadores de desarrollo mejores que Panamá. También se aspira a que sólo cobren gasto de representación los ejecutivos de primer nivel, sin ningún otro subterfugio para evadir el pago del Seguro Social, impuesto sobre la renta y seguro educativo, y que estos gastos de representación no sean más de 15 % para presidentes de los órganos del Estado y porcentajes inferiores para vicepresidentes, ministros, directores, alcaldes, presidentes de sala de la Corte o comisiones de la Asamblea o de consejos municipales.
Si los servidores públicos de alta jerarquía quieren aumentos, tendrían que tomar las providencias para que no se exceda la proporción de 20 a 1, es decir, aumentarle a los de abajo.
Y hay más, también se debate la propuesta que cada cinco años se reduzca, por lo menos, en una unidad la proporción; o sea, que para el año 2009, la proporción sea de 19 a 1, para el 2014 sea 18 a 1, y así quinquenio tras quinquenio hasta llegar, a mas tardar en 50 años, a la actual proporción de Noruega, 10 a 1. Panamá es un país rico, con una riqueza pésimamente distribuida.
En el índice de percepción de corrupción de los gobiernos del mundo, que publica periódicamente Transparencia Internacional, donde Panamá ocupa una nada honroso lugar número sesenta y tantos, Noruega marca como el país con el gobierno percibido como menos corrupto, siendo su escala salarial de 10 a 1, es decir que si un alto funcionario cobra el salario máximo de 10 mil mensuales, el funcionario más modesto cobra mil mensuales.
La propuesta que se debate en la mesa de Nueva Constitución es que la escala sea de 20 a 1 para empezar. Esto quiere decir que si un magistrado (supuesto mayor emolumento del sector público) cobra 10 mil balboas mensuales, el trabajador más humilde debe tener un salario mínimo de 500 al mes. Sin hacer mucho ejercicio económico y financiero, podemos decir con acierto que el erario no resistiría esta obligación, porque si el ingreso de los magistrados se mantiene, habría que subir a 500 balboas mensuales el salario a más de 70 mil funcionarios.
Cuando empezó el gobierno perredista de Pérez Balladares, ministros y magistrados devengaban 5 mil balboas mensuales, pero en un arranque de codicia, encubierta por el supuesto de pagarle bien a los que eran funcionarios de primera (a ver si esos prodigios de funcionarios, antes de ser nombrados como ministros, declaraban ingresos de más de 5 mil), subieron los emolumentos a 10 mil balboas, lo que se hizo insostenible para ministros (por el costo político), pero pasaron agachados magistrados y otros funcionarios, que mantuvieron esa ofensa a la pobreza de más de un millón de panameños.
En la propuesta de 20 a 1, tomando como salario máximo del sector público cinco mil mensual, el salario mínimo del sector sería de B/.250.00 mensuales, lo que obligaría a aumentarle a no menos de 50 mil funcionarios, porque no sólo sería a los que están por debajo de B/.250.00, sino a los que, por mayor jerarquía o responsabilidad, quedarían muy cerca de este nivel, no siendo esto una situación sana en materia de administración de recursos humanos.
Hoy día hay más de 40 mil funcionarios con salarios por debajo de B/.250.00 mensuales.
El nivel de 5 mil mensual está muy por encima de economías de países con indicadores de desarrollo mejores que Panamá. También se aspira a que sólo cobren gasto de representación los ejecutivos de primer nivel, sin ningún otro subterfugio para evadir el pago del Seguro Social, impuesto sobre la renta y seguro educativo, y que estos gastos de representación no sean más de 15 % para presidentes de los órganos del Estado y porcentajes inferiores para vicepresidentes, ministros, directores, alcaldes, presidentes de sala de la Corte o comisiones de la Asamblea o de consejos municipales.
Si los servidores públicos de alta jerarquía quieren aumentos, tendrían que tomar las providencias para que no se exceda la proporción de 20 a 1, es decir, aumentarle a los de abajo.
Y hay más, también se debate la propuesta que cada cinco años se reduzca, por lo menos, en una unidad la proporción; o sea, que para el año 2009, la proporción sea de 19 a 1, para el 2014 sea 18 a 1, y así quinquenio tras quinquenio hasta llegar, a mas tardar en 50 años, a la actual proporción de Noruega, 10 a 1. Panamá es un país rico, con una riqueza pésimamente distribuida.
