Escándalo en Manila, ¿cómo afecta a Panamá?
Hace poco publiqué el artículo "Entramos en la lista blanca, y ¿ahora qué?" En él expliqué que nuestra inclusión, producto en gran medida del trabajo desarrollado en el gobierno anterior, no debe ser interpretada como un diploma de graduación, sino que requiere un compromiso de parte de la Autoridad Marítima de Panamá, para demostrar que ha adquirido una responsabilidad y que la está cumpliendo. La certificación de los marinos implica que el gobierno de Panamá garantiza a todo la comunidad marítima la idoneidad de la gente de mar. Para aumentar la eficiencia y la seguridad, el gobierno anterior creó 4 centros regionales (Manila, Londres, Nueva York y Panamá) que estudiarían cada solicitud y emitirían la correspondiente certificación, si los marinos calificaban.
Con el reciente escándalo de Manila, dado a conocer por la publicación londinense especializada en el tema marítimo "Fairplay" y por denuncias de extorsión de los mismos marinos en Filipinas, el mensaje que le estamos dando al mundo es que poco le importa a las autoridades panameñas ejercer su responsabilidad, sino que lo que desean es convertir ese deber en un negocio. No es difícil predecir que si la comunidad marítima ve que se ha tratado de obtener un provecho personal en la certificación de marinos, tendrá una duda razonable de que los documentos de sustentación que presentan los candidatos a la administración marítima panameña son revisados y estudiados con propiedad, para garantizar que sólo los verdaderamente idóneos obtengan las credenciales. Es evidente que pensarán que por una suma razonable cualquiera obtendrá una licencia panameña de marino. Esta primera señal nefasta ocurre precisamente en Manila, donde más licencias se otorgan ¡en el mundo entero!. En Internet leí que el volumen monetario de esta operación es de 39,250 dólares al día. Las denuncias que los marinos han hecho públicas en Filipinas, indican que la oficina regional de Manila, manejada por el consulado panameño en esa ciudad, extendió el plazo de entrega de las licencias, de tres días a dos semanas. Pero con un pago de 30 dólares a una de las empresas autorizadas, estas licencias se obtienen ¡el mismo día!
En el artículo aparecido en el diario La Prensa el 14 de enero, se muestra una circular mediante la cual el Cónsul de Panamá en Filipinas autorizó a dos empresas a operar, en representación del estado panameño. Sorprende la pasividad que ha mostrado el administrador de la AMP, Jerry Salazar, ante un acto ilegal realizado por un subalterno (los cónsules de marina mercante deben regirse por directrices precisas de la AMP). El único funcionario que puede autorizar una inspectoría de Marina Mercante a una persona natural es el administrador Salazar. Para el caso de que sea a una empresa, solamente el Consejo de Gabinete está facultado para autorizar las inspectorías de marina mercante.
Sorprende más aún que estas empresas, autorizadas de manera espuria, operen en Manila, sede de la más importante de las cuatro regionales que creó la Marina Mercante panameña para garantizar la implantación de los compromisos adquiridos en el Convenio para Entrenamiento, Titulación y Guardia de Gente de Mar, mejor conocido como STCW.
Este gobierno ha dado pasos incorrectos y graves en cuanto a política de Marina Mercante. Me temo que a mi pregunta, ¿ahora qué? la respuesta será la peor posible. Quizás en la próxima revisión de la lista blanca, se considere que no merecemos ser incluidos. ¿Tienen idea los actuales funcionarios de lo que ello puede significar para nuestra imagen y nuestro prestigio? ¿Y de cómo puede afectar la confianza de los potenciales inversionistas?
Acaba de anunciarse que un nuevo registro se abre a las naves del mundo. Es el de Dominica que será manejado por Dominica Maritime Registry Inc., con base en Washington DC. El nuevo registro promete hacer énfasis en la seguridad marítima y la prevención de la contaminación y su lema de mercadeo es "una bandera responsable". Si la AMP no hubiese caído en una espiral de total incompetencia, descontrol y corrupción, la competencia de nuevos registros no sería una amenaza. Luego de haber tenido la responsabilidad histórica de ser el primer administrador de la AMP y de haber logrado conformar un equipo de trabajo que ganó prestigio y reconocimiento mundial, me apena, más que a nadie, lo que hoy ocurre. Y deseo, también más que nadie, que los nuevos capitanes de la AMP (ya que es bicéfala), enrumben nuevamente a esta institución, una de las más importantes en Panamá, en la dirección correcta.
Con el reciente escándalo de Manila, dado a conocer por la publicación londinense especializada en el tema marítimo "Fairplay" y por denuncias de extorsión de los mismos marinos en Filipinas, el mensaje que le estamos dando al mundo es que poco le importa a las autoridades panameñas ejercer su responsabilidad, sino que lo que desean es convertir ese deber en un negocio. No es difícil predecir que si la comunidad marítima ve que se ha tratado de obtener un provecho personal en la certificación de marinos, tendrá una duda razonable de que los documentos de sustentación que presentan los candidatos a la administración marítima panameña son revisados y estudiados con propiedad, para garantizar que sólo los verdaderamente idóneos obtengan las credenciales. Es evidente que pensarán que por una suma razonable cualquiera obtendrá una licencia panameña de marino. Esta primera señal nefasta ocurre precisamente en Manila, donde más licencias se otorgan ¡en el mundo entero!. En Internet leí que el volumen monetario de esta operación es de 39,250 dólares al día. Las denuncias que los marinos han hecho públicas en Filipinas, indican que la oficina regional de Manila, manejada por el consulado panameño en esa ciudad, extendió el plazo de entrega de las licencias, de tres días a dos semanas. Pero con un pago de 30 dólares a una de las empresas autorizadas, estas licencias se obtienen ¡el mismo día!
En el artículo aparecido en el diario La Prensa el 14 de enero, se muestra una circular mediante la cual el Cónsul de Panamá en Filipinas autorizó a dos empresas a operar, en representación del estado panameño. Sorprende la pasividad que ha mostrado el administrador de la AMP, Jerry Salazar, ante un acto ilegal realizado por un subalterno (los cónsules de marina mercante deben regirse por directrices precisas de la AMP). El único funcionario que puede autorizar una inspectoría de Marina Mercante a una persona natural es el administrador Salazar. Para el caso de que sea a una empresa, solamente el Consejo de Gabinete está facultado para autorizar las inspectorías de marina mercante.
Sorprende más aún que estas empresas, autorizadas de manera espuria, operen en Manila, sede de la más importante de las cuatro regionales que creó la Marina Mercante panameña para garantizar la implantación de los compromisos adquiridos en el Convenio para Entrenamiento, Titulación y Guardia de Gente de Mar, mejor conocido como STCW.
Este gobierno ha dado pasos incorrectos y graves en cuanto a política de Marina Mercante. Me temo que a mi pregunta, ¿ahora qué? la respuesta será la peor posible. Quizás en la próxima revisión de la lista blanca, se considere que no merecemos ser incluidos. ¿Tienen idea los actuales funcionarios de lo que ello puede significar para nuestra imagen y nuestro prestigio? ¿Y de cómo puede afectar la confianza de los potenciales inversionistas?
Acaba de anunciarse que un nuevo registro se abre a las naves del mundo. Es el de Dominica que será manejado por Dominica Maritime Registry Inc., con base en Washington DC. El nuevo registro promete hacer énfasis en la seguridad marítima y la prevención de la contaminación y su lema de mercadeo es "una bandera responsable". Si la AMP no hubiese caído en una espiral de total incompetencia, descontrol y corrupción, la competencia de nuevos registros no sería una amenaza. Luego de haber tenido la responsabilidad histórica de ser el primer administrador de la AMP y de haber logrado conformar un equipo de trabajo que ganó prestigio y reconocimiento mundial, me apena, más que a nadie, lo que hoy ocurre. Y deseo, también más que nadie, que los nuevos capitanes de la AMP (ya que es bicéfala), enrumben nuevamente a esta institución, una de las más importantes en Panamá, en la dirección correcta.
