Escandalosas partidas circuitales
Al igual que en la última campaña, las partidas circuitales están sobre el tapete. Sólo que esta vez se las menciona con mayor indignación porque, durante el actual período constitucional, el concepto se ha estirado hasta extremos nauseabundos de clientelismo, desprecio por la opinión pública y corrupción.
En una serie de reportajes periodísticos, Rafael Pérez Jaramillo nos ha informado acerca de ciertas irregularidades en la tramitación de estas partidas (El Panamá América, 8-11 de marzo de 1999). Los candidatos a legislador por el circuito 8-8, José Blandón Figueroa (Partido Arnulfista) y Guillermo Márquez Amado (PDC), al igual que el ex legislador Guillermo Cochez (PDC), han denunciado la intolerable politiquería y falta de transparencia que rodean el manejo de las partidas circuitales. Mireya Moscoso, candidata presidencial del Partido Arnulfista y la Unión por Panamá, se ha comprometido a eliminarlas y encauzar, hacia la esfera municipal, los fondos que actualmente se destinan a "iniciativas parlamentarias". El sociólogo Raúl Leis también ha propuesto que se transfieran a los municipios.
Las partidas circuitales han recibido críticas hasta de representantes del oficialismo. Camilo Gozaine, del PRD, candidato a legislador por el circuito 4-1 (David), ha indicado que "solamente han servido para `enriquecer a malos políticos", quienes las utilizan en detrimento de los líderes naturales y de aquellos que no tienen recursos" (El Panamá América, 4 de diciembre de 1998). Gozaine debe conocer el tema muy bien, ya que entre 1984-1989, período durante el cual comenzó la práctica de asignar fondos a los legisladores para llevar a cabo obras en sus comunidades, el candidato no sólo sirvió al perredismo norieguista como legislador, sino, inclusive, como Presidente de la "augusta cámara", desde donde de seguro tuvo que ver con el reparto del botín.
Otro oficialista, Samuel Lewis Galindo, presidente (en licencia) del Partido Solidaridad, ha manifestado su desacuerdo con la existencia de estas partidas porque, en su opinión, los legisladores las utilizan según "su exclusiva voluntad y para beneficiar a quienes ellos quieren" (El Panamá América, 23 de marzo de 1999). En otras palabras, objeta su uso particularista y discrecional (como la partida de la Presidencia que, según el presidente, no es secreta). Lewis Galindo entiende que la práctica de entregar dinero del erario público a los legisladores para realizar obras en sus circuitos no responde a los criterios de universalidad, equidad y transparencia que deben inspirar la asignación de fondos públicos en el Estado democrático, sino a deseos de obtener ventajas electorales para los partidos del gobierno y sus representantes en la Asamblea.
En esto tiene razón Lewis Galindo. Pero lo que no dice es que a través de su participación en la coalición oficialista en la Asamblea, su partido, Solidaridad, ha promovido este uso inconveniente de los fondos públicos.
Porque, sin duda, Solidaridad es elemento importante de la alianza gobiernista. En las palabras de una fuente de ese partido, Solidaridad "le da gobernabilidad a la democracia
En una serie de reportajes periodísticos, Rafael Pérez Jaramillo nos ha informado acerca de ciertas irregularidades en la tramitación de estas partidas (El Panamá América, 8-11 de marzo de 1999). Los candidatos a legislador por el circuito 8-8, José Blandón Figueroa (Partido Arnulfista) y Guillermo Márquez Amado (PDC), al igual que el ex legislador Guillermo Cochez (PDC), han denunciado la intolerable politiquería y falta de transparencia que rodean el manejo de las partidas circuitales. Mireya Moscoso, candidata presidencial del Partido Arnulfista y la Unión por Panamá, se ha comprometido a eliminarlas y encauzar, hacia la esfera municipal, los fondos que actualmente se destinan a "iniciativas parlamentarias". El sociólogo Raúl Leis también ha propuesto que se transfieran a los municipios.
Las partidas circuitales han recibido críticas hasta de representantes del oficialismo. Camilo Gozaine, del PRD, candidato a legislador por el circuito 4-1 (David), ha indicado que "solamente han servido para `enriquecer a malos políticos", quienes las utilizan en detrimento de los líderes naturales y de aquellos que no tienen recursos" (El Panamá América, 4 de diciembre de 1998). Gozaine debe conocer el tema muy bien, ya que entre 1984-1989, período durante el cual comenzó la práctica de asignar fondos a los legisladores para llevar a cabo obras en sus comunidades, el candidato no sólo sirvió al perredismo norieguista como legislador, sino, inclusive, como Presidente de la "augusta cámara", desde donde de seguro tuvo que ver con el reparto del botín.
Otro oficialista, Samuel Lewis Galindo, presidente (en licencia) del Partido Solidaridad, ha manifestado su desacuerdo con la existencia de estas partidas porque, en su opinión, los legisladores las utilizan según "su exclusiva voluntad y para beneficiar a quienes ellos quieren" (El Panamá América, 23 de marzo de 1999). En otras palabras, objeta su uso particularista y discrecional (como la partida de la Presidencia que, según el presidente, no es secreta). Lewis Galindo entiende que la práctica de entregar dinero del erario público a los legisladores para realizar obras en sus circuitos no responde a los criterios de universalidad, equidad y transparencia que deben inspirar la asignación de fondos públicos en el Estado democrático, sino a deseos de obtener ventajas electorales para los partidos del gobierno y sus representantes en la Asamblea.
En esto tiene razón Lewis Galindo. Pero lo que no dice es que a través de su participación en la coalición oficialista en la Asamblea, su partido, Solidaridad, ha promovido este uso inconveniente de los fondos públicos.
Porque, sin duda, Solidaridad es elemento importante de la alianza gobiernista. En las palabras de una fuente de ese partido, Solidaridad "le da gobernabilidad a la democracia
