Escapando a la Corte Penal Internacional
Estados Unidos se las arregla para encontrar fórmulas para que sus soldados no tengan que responder ante la recién creada Corte Penal Internacional a la cual compete el conocimiento y juzgamiento de graves violaciones a los derechos humanos en el mundo, no perseguidos por los estados individualmente.
La primera nota disonante provino de miembros de su congreso el año pasado, desde cuyo foro hicieron escuchar sonora la advertencia de que no importa que suerte corriera el organismo jurisdiccional, no, Estados Unidos no permitiría el enjuiciamiento de ninguno de sus soldados por el hecho de cumplir misiones en el extranjero al servicio de su país o por encargo de un organismo internacional de paz.
Sin embargo, lo que pareció inicialmente una baladronada de quien ostenta el título de única superpotencia mundial, tomó forma concreta, luego de hacerse realidad la Corte con la ratificación del tratado de Roma por número suficiente de países. Desde entonces, Estados Unidos utiliza dos vías paralelas y simultáneas para dar la vuelta al tratado. Una de ellas es la negociación de un acuerdo de exclusión multilateral con la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y otra es el acuerdo bilateral. La primera la puso en práctica en Kosovo, luego que amenazó con retirar sus tropas de pacificación y de abstenerse de cooperar en misiones similares promovidas por el organismo, lo cual forzó a la firma de un convenio de excepción, según el cual sus soldados destacados en esa provincia Serbia, gozarían de inmunidad por supuestos delitos cometidos al tenor del tratado de Roma.
Por vía bilateral, Estados Unidos está adelantando convenios simultáneos con cada uno de los países de la Unión Europea, con igual propósito, de inmunizar a sus fuerzas por los citados delitos, tanto a las que se hallen en tránsito como a las emplazadas en sus bases en Europa. Italia, en especial, ya ha expresado su propósito de firmar el acuerdo. En nuestro continente, en varias ocasiones, Estados Unidos ha propuesto infructuosamente la firma de un convenio similar con Panamá, aunque tales fueron previos al tratado de Roma. Con Colombia, está haciendo lo mismo, ya bajo la vigencia del tratado.
Puede que sean comprensibles los propósitos que mueven a Estados Unidos a fomentar este tipo de convenio. Si aporta sus tropas y gasta dinero y recurso en misiones de cooperación y pacificación, lo menos que puede esperar es pagar como precio por su aporte el exponerse a que sus soldados, a más de arriesgar la vida y su integridad física, fuera del sacrificio de alejarse de su país y los suyos, es que sean juzgados por un tribunal ajeno, así sea por violación de derechos humanos. Sin embargo no es una posición constructiva, a más de constituir un discriminatorio privilegio que no comparten tropas de otras naciones que participan también en las mismas misiones. La extensión de la misma inmunidad a otros países cooperantes, puede que salve la cara, pero sería un mal ejemplo. Uno espera que las Naciones Unidas, cuando disponga autorizar el envío de tropas bajo su bandera, que al menos esas tropas prediquen con su propia conducta la salvaguarda de los mismos derechos por la cual combaten contra terceros que los violan y que a la postre constituye su razón de ser.
El disentir de criterios enmarcados en líneas dictatoriales de proceder, el diferir de las opiniones de la dirección del partido y expresarlo sin temor, actuar con civismo y dignidad, no pueden, ni deben servir de excusa para las expulsiones y sanciones a que se somete a los miembros de algunos partidos, porque tales actitudes contradicen los principios de libertad de opinión, el derecho de participación y de actuar con libertad.
Admito que cuando se integra un partido, rigen principios democráticos sobre las decisiones a tomar, las cuales corresponden a las instancias establecidas para ello, pero manipular previamente el resultado para conducir hacia un propósito y evitar la discusión y la confrontación de ideas, no es democrático. Para eso no se necesitan miles de afiliados, si quienes dirigen les impiden ejercer sus derechos. Los partidos deben sumar y no restar miembros, sólo así cumplen el propósito para el cual se fundan y justifican su existencia y protegen los derechos políticos de sus seguidores.
La primera nota disonante provino de miembros de su congreso el año pasado, desde cuyo foro hicieron escuchar sonora la advertencia de que no importa que suerte corriera el organismo jurisdiccional, no, Estados Unidos no permitiría el enjuiciamiento de ninguno de sus soldados por el hecho de cumplir misiones en el extranjero al servicio de su país o por encargo de un organismo internacional de paz.
Sin embargo, lo que pareció inicialmente una baladronada de quien ostenta el título de única superpotencia mundial, tomó forma concreta, luego de hacerse realidad la Corte con la ratificación del tratado de Roma por número suficiente de países. Desde entonces, Estados Unidos utiliza dos vías paralelas y simultáneas para dar la vuelta al tratado. Una de ellas es la negociación de un acuerdo de exclusión multilateral con la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y otra es el acuerdo bilateral. La primera la puso en práctica en Kosovo, luego que amenazó con retirar sus tropas de pacificación y de abstenerse de cooperar en misiones similares promovidas por el organismo, lo cual forzó a la firma de un convenio de excepción, según el cual sus soldados destacados en esa provincia Serbia, gozarían de inmunidad por supuestos delitos cometidos al tenor del tratado de Roma.
Por vía bilateral, Estados Unidos está adelantando convenios simultáneos con cada uno de los países de la Unión Europea, con igual propósito, de inmunizar a sus fuerzas por los citados delitos, tanto a las que se hallen en tránsito como a las emplazadas en sus bases en Europa. Italia, en especial, ya ha expresado su propósito de firmar el acuerdo. En nuestro continente, en varias ocasiones, Estados Unidos ha propuesto infructuosamente la firma de un convenio similar con Panamá, aunque tales fueron previos al tratado de Roma. Con Colombia, está haciendo lo mismo, ya bajo la vigencia del tratado.
Puede que sean comprensibles los propósitos que mueven a Estados Unidos a fomentar este tipo de convenio. Si aporta sus tropas y gasta dinero y recurso en misiones de cooperación y pacificación, lo menos que puede esperar es pagar como precio por su aporte el exponerse a que sus soldados, a más de arriesgar la vida y su integridad física, fuera del sacrificio de alejarse de su país y los suyos, es que sean juzgados por un tribunal ajeno, así sea por violación de derechos humanos. Sin embargo no es una posición constructiva, a más de constituir un discriminatorio privilegio que no comparten tropas de otras naciones que participan también en las mismas misiones. La extensión de la misma inmunidad a otros países cooperantes, puede que salve la cara, pero sería un mal ejemplo. Uno espera que las Naciones Unidas, cuando disponga autorizar el envío de tropas bajo su bandera, que al menos esas tropas prediquen con su propia conducta la salvaguarda de los mismos derechos por la cual combaten contra terceros que los violan y que a la postre constituye su razón de ser.
El disentir de criterios enmarcados en líneas dictatoriales de proceder, el diferir de las opiniones de la dirección del partido y expresarlo sin temor, actuar con civismo y dignidad, no pueden, ni deben servir de excusa para las expulsiones y sanciones a que se somete a los miembros de algunos partidos, porque tales actitudes contradicen los principios de libertad de opinión, el derecho de participación y de actuar con libertad.
Admito que cuando se integra un partido, rigen principios democráticos sobre las decisiones a tomar, las cuales corresponden a las instancias establecidas para ello, pero manipular previamente el resultado para conducir hacia un propósito y evitar la discusión y la confrontación de ideas, no es democrático. Para eso no se necesitan miles de afiliados, si quienes dirigen les impiden ejercer sus derechos. Los partidos deben sumar y no restar miembros, sólo así cumplen el propósito para el cual se fundan y justifican su existencia y protegen los derechos políticos de sus seguidores.
