Escogencia de Magistrados-I
La situación que vive el Organo Judicial ha sido y es analizada constantemente por los profesionales del Derecho, pero es sufrida cotidianamente de mil maneras por las personas naturales y jurídicas.
Se hace necesario reiterar hoy lo que bien demostró, hace más de una década, entre otros, el catedrático Pedro Barsallo, en su trabajo Problemas de la Administración de Justicia: “El factor determinante de la ineficiencia actual en la administración de justicia es la total ausencia de una voluntad política decidida a que el Estado, como un todo, cumpla cabalmente con una de sus obligaciones esenciales: la función pública del ejercicio de la jurisdicción y el servicio público de administrar justicia”
Dado que dos Magistrados de la Corte Suprema de Justicia finalizan su término el próximo 31 de diciembre, cobra nuevamente especial importancia el Manifiesto dado a la luz pública en el 2001, bajo el título de “Un Órgano Judicial independiente: un compromiso de Estado” por un número plural de organizaciones, gremios y asociaciones profesionales, académicas y laborales, entre las cuales contábamos al Colegio Nacional de Abogados; la Central General Autónoma de Trabajadores de Panamá; la Federación Nacional de Servidores Públicos; el Consejo Nacional de la Empresa Privada y sus 28 organizaciones; la Comisión de Justicia y Paz; el Comité Panameño por los Derechos Humanos, el Instituto de Criminología,; la Universidad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología,; el Centro de Asistencia Legal Popular, la Fundación para la Libertad Ciudadana, la Universidad Santa María La Antigua; la Universidad para la Paz y la Asociación Panameña de Derecho Constitucional.
En ella leíamos y leemos que: “Preocupados por la actual percepción ciudadana sobre la falta de independencia de quienes deben ejercer la sagrada misión de administrar justicia en nuestro país, y tomando en cuenta que un sistema eficaz e imparcial de Administración de Justicia es fundamental para preservar el Estado de Derecho, mejorar el clima de seguridad jurídica, promover la inversión, el crecimiento económico y la justicia en la Nación panameña, las organizaciones abajo firmantes, queremos compartir con la opinión pública nuestra posición sobre la próxima designación y ratificación de dos magistrados de la Corte Suprema de Justicia”.
“Reconocemos que la responsabilidad en la escogencia de estos funcionarios, según lo establece nuestra Constitución Política, corresponde de manera privativa al Órgano Ejecutivo y su ratificación al Legislativo. Sin embargo, hacemos un llamado respetuoso a los Órganos Ejecutivo y Legislativo para que en esta nueva oportunidad que se brinda se le devuelva la credibilidad y confianza al país con ocasión de la próxima designación y ratificación de dos Magistrados para la Corte Suprema de Justicia”.
Poca o nula atención prestaron las autoridades en el 2001 y en el 2004 al momento de designar Magistrados. Todo indica que no habrá cambio de actitud y se repetirá el escenario: los próximos Magistrados deberán ser, ante todo “incondicionales” del Ejecutivo.
