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España y la Constitución Europea


Así como ocurrió con el referéndum de la OTAN, en que Felipe González cometió el "error" de convocar una consulta que previamente había prometido, nos encontramos con más de lo mismo: enfrentar a una sociedad escasamente preparada en asuntos internacionales a una cuestión de gran envergadura. El problema no reside en que se sustraiga al electorado de participar en estas cuestiones, de tomar decisiones que le atañen, sino de pedagogía política. Es decir, de educar a todos los ciudadanos para conocer y entender Europa, algo que no ha hecho nunca ningún ejecutivo europeo.
El actual ejecutivo socialista ha demostrado en estos meses un escaso interés por acercar a los ciudadanos la Constitución europea. Muy pocos españoles han leído y conocen el texto europeo, en parte porque es extenso, pero también porque no se ha hecho ningún esfuerzo por acerca el significado del mismo a la ciudadanía. Y es ahí, precisamente, donde radica el problema. La responsabilidad, que desde luego alguien la tiene, es de este gobierno que no hizo ningún esfuerzo en los últimos meses por acercar no ya la nueva Constitución europea, sino Europa y el funcionamiento de sus instituciones a los ciudadanos.
En cualquier caso, esta noche del 20 de febrero, fecha erróneamente elegida tras una escasa campaña de concienciación europea, unas largas vacaciones políticas navideñas y un período más largo para aprobar el texto que hubiera permitido una mayor esfuerzo pedagógico, tendremos los resultados encima de la mesa para proceder a un análisis exhaustivo y ver si la tendencia de los últimos años, en que se mostraba una caída de la participación electoral en las elecciones europeas, vuelve a consolidarse y afianzarse. Sería muy grave, y demostraría la escasa movilización que las cuestiones europeas provocan en el electorado, que nuevamente asistiéramos a una caída en la participación; es decir, que se consolidaría la tendencia decreciente que ha acaecido en los últimos años con las elecciones al Parlamento Europeo.
Nuestros representantes políticos, que han aprobado un texto constitucional al margen de los ciudadanos y sin que los mismos hayan participado en el proceso constituyente, son, en gran medida, responsables de este "divorcio" entre la ciudadanía y la construcción europea. El problema ya no sólo reside en el texto constitucional, sino en cómo se ha elaborado y en el escaso déficit democrático que emana del Tratado para una Constitución europea. Nunca se redactó una Constitución de una forma más opaca, menos democrática y en manos de gente no elegida democráticamente.
Y, en este contexto, ¿qué podemos esperar de la consulta convocada por el gobierno español? Para los que siempre hemos creído más en una Europa de los ciudadanos, el referéndum de hoy es una asunto complejo que nos divide entre nuestras aspiraciones reales por participar en la construcción europea y el derecho a expresar una crítica serena y responsable en forma de "no" a esta forma tan poco democrática de construir Europa. Pese al "sí" crítico que defendemos algunos, las cosas no se podían haber hecho peor. No obstante, si la participación es inferior al 45% logrado en las últimas elecciones al Parlamento Europeo, el suspenso será mayúsculo y no admitirá excusas por más tiempo. Habrá que acercar más los asuntos europeos a la sociedad, hacer más pedagogía política y tener menos cinismo a la hora de defender un proceso y una construcción europea plegada a los intereses de una casta burocrática irresponsable, despilfarradora, cínica y ajena al interés general, que es lo que en definitiva debería mover a nuestros responsables políticos y a los que gestionan con mala gana y peor hacer este gran invento llamado Europa. Esperemos que el día después, si los peores pronósticos con respecto a la participación se cumplen, al menos haya una mínima reflexión y algún gesto de autocrítica, si es que le queda algo de dignidad y respecto hacia los ciudadanos.
(*)Agencia de Información Solidaria.
Infosolidaria@infosolidaria.org

Los países desarrollados o del primer mundo comercializan tecnología moderna o de punta, pero no informan de los factores de riesgos que esta tecnología lleva implícita al momento de su operación y los resultados de este desajuste (máquina-hombre-tecnología) son los accidentes y las enfermedades del trabajo, que el seguro de Riesgos Profesionales debe enfrentar con una visión moderna.
La prima que el patrón paga mensualmente es determinada por un esquema basado en una tabla combinada de clase, grado de riesgo y actividad económica que, finalmente, identifica el porcentaje a pagar sobre el salario de cada trabajador de la empresa.
El esquema de una tabla combinada permite que el buen empresario que instrumenta un programa de prevención en su empresa, vea reducida su siniestralidad y por consiguiente, su porcentaje a pagar. La tabla permite interactuar en bandas oscilantes que lo premian o lo castigan según sea su nivel de responsabilidad.
Ese procedimiento en los seguros de Riesgos Profesionales es universal, más si lo que queremos es que el empresario y el trabajador sean conscientes de la importancia de proteger la fuerza productiva.
En algunos países similares al nuestro, el seguro de Riesgos Profesionales practica concursos entre trabajadores a fin de estimular el talento y la creatividad sobre medidas de prevención en los puestos de trabajo donde desempeñan sus tareas diarias. El empresario participa en metas empresariales de accidentabilidad cero, donde se reconoce el esfuerzo y la preocupación de mantener una clase trabajadora saludable y al margen de los peligros que generan finalmente las pensiones por invalidez. Es decir, el seguro de Riesgos Profesionales fomenta la construcción de una cultura prevencionista.
Este seguro, en su reforma legal, tiene que asegurar una estructura organizada que responda exclusivamente a las responsabilidades y deberes que dispone la ley. Esta organización debe asegurar que todos los componentes financieros, administrativos y de prestaciones que oferta el seguro (económicas, de prevención, médicas y de rehabilitación) estén bajo su responsabilidad direccional para asegurar que los mismos actúen e interactúen como unidades de proceso hacia el objetivo común.
La organización producto de una reforma legal debe promover, mediante reglamento, que los servicios salud (ambulatorios y hospitalarios) sean suministrados expedita y eficientemente a nivel nacional por servicios médicos oficiales (MINSA Y CSS) y privados. Es decir, se reduce la practica de justificar las millonarias erogaciones por incapacidad temporal (incapacidades médicas) sobre los tres argumentos clásicos de la ineficiencia del modelo de atención: No hay cama, no hay cupo disponible para especialista o/y el equipo de diagnóstico está dañado.
El proceso de asignar la prima debe sufrir una reingeniería que rebase el concepto de comisión. Esta importante actividad se atiende a través de un departamento, cuya herramienta gerencial es una tabla actualizada de clasificación que permita la asignación de la prima sin mayores complicaciones y sin entrar en conflicto de intereses.
(*) Especialista en Seguridad Social.

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