Espionaje "chavista"
Una ola de protesta se ha desatado contra la recién aprobada Ley de Inteligencia y Contrainteligencia del gobierno de Venezuela que obliga a todos los venezolanos a cooperar -bajo pena de hasta cuatro años de cárcel en caso de negarse- con los organismos de seguridad del Estado. No hay duda que se trata de otro exabrupto constitucional de Chávez contra el precario estado de libertades en Venezuela.
Abogados, grupos de derechos humanos y asociaciones de prensa a nivel internacional han expresado su alarma y se manifiestan en contra, pues consideran que la misma pretende convertir a los ciudadanos venezolanos en "confidentes" de los cuerpos de seguridad y del presidente Hugo Chávez. La mayoría de los críticos han subrayado que Chávez, bajo el pretexto de seguridad nacional, lo que realmente busca es "habilitar" y obligar legalmente a su pueblo a ser espía y sapo (soplón) del sistema.
José Miguel Vivanco, director para América de la organización Human Rights Watch, considera que lo más peligroso de esta nueva ley es que exige explícitamente a los jueces y fiscales venezolanos su cooperación con los servicios de inteligencia que han quedado ahora bajo control directo de Hugo Chávez. Una vez más, el mandatario venezolano confirma su política de gobierno egocéntrico mediante la anulación de los escasos espacios de libertades públicas y privadas en Venezuela.
