Estadísticas para meditar
Tuve la fortuna de ser invitado por el PNUD a un seminario realizado en Guatemala, en torno al informe sobre "La Democracia en América Latina, hacia una democracia de ciudadanos y ciudadanas", desde una perspectiva de la región centroamericana, incluyendo a Panamá y República Dominicana. Como documento de trabajo, se nos entregó uno denominado "Democracia, pobreza y desigualdades en Centroamérica, Panamá y República Dominicana", que contiene estadísticas y reflexiones que considero pertinente que se conozcan en este país para motivar un análisis al inicio de un nuevo período gubernamental.
Según estimaciones oficiales, la pobreza total en la subregión en el año 2001 estaba en el 49.7% del total de la población (65.4% en el área rural, 35.6% en el área urbana); mientras que la pobreza extrema estaba en el 22.5%. El país con un mayor porcentaje de su población en estado de pobreza es Honduras con un 71,6%, en tanto que el país con un menor porcentaje de pobreza es Costa Rica con un 22.9% del total de su población.
De un total de siete países que conforman la subregión (Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, República Dominicana y Panamá), ¿cómo se sitúa comparativamente hablando nuestro país? Panamá está sexto en cuanto a menos pobreza total con un 40.5% de su población en tal estado (23.4% en el área urbana, 68.9 en la zona rural), pero está de segundo en cuanto a pobreza extrema, con un 26.5% del total de su población (11.1% en el área urbana, 52.2% en el rural). Los pobres extremos son aquellos cuyos ingresos ni siquiera alcanzan para adquirir la canasta básica de alimentos.
¿Por qué Panamá tiene un porcentaje más alto de pobres en pobreza extrema que otros países de Centroamérica? Confieso que no tengo la respuesta, pero creo que es una pregunta que bien vale analizar y tratar de encontrarle una explicación, que nos permita resolver la ignominia nacional que implica.
Todas las estadísticas que he tenido oportunidad de examinar en los últimos cinco años, tanto en los Informes de Desarrollo Humano (nacional y regionales) como en aquellos sobre el cumplimiento de las Metas del Milenio, o más específicos en cuanto a indicadores educativos, todos coinciden en indicar la enorme situación de desigualdad que existe en el país, entre las áreas urbanas y las rurales, y sobre todo, entre las áreas urbanas y los sectores rurales indígenas.
Por lo tanto, parece apenas evidente que se requiere de un gran esfuerzo nacional para sacar de la pobreza extrema a los más pobres entre los pobres: nuestros indígenas, especialmente aquellos que residen bajo las comarcas. Durante la administración de Mireya Moscoso, se invirtieron sumas importantes en la construcción de infraestructura pública (especialmente, acueductos rurales, electrificación y puestos o centros de salud) en las zonas indígenas, especialmente en la comarca Ngöbé-Buglé. Los efectos de esa política sólo serán visibles y susceptibles de ser evaluados en el mediano y largo plazo. Sin embargo, no basta con establecer una infraestructura básica en dichas regiones marginadas. También es necesario que se vincule más niños y jóvenes al sistema educativo, única esperanza de una eventual superación personal, así como que la comunidad, con la orientación y el apoyo estatal, encuentre mecanismos de generar ingresos que le permitan salir de la pobreza y la pobreza extrema.
Para lo primero, existe ahora por Ley un Patronato del Servicio Social Nacional, que tiene como misión inicial y primordial coordinar con el Ministerio de Educación un programa ambicioso de alfabetización, especialmente en las áreas indígenas. Así mismo, se requiere impulsar la educación bilingüe en dichas áreas, ya que su ausencia constituye muchas veces un obstáculo para que ingresen al sistema.
Para lo segundo, se requiere aprovechar las ventajas competitivas que pueden existir en las comarcas indígenas para explotar el turismo y buscar ciertos rubros de producción agrícola, especialmente no tradicional, que le puedan proporcionar nichos para la exportación, aprovechando los tratados de libre comercio ya firmados o que están en negociación. Pero todo eso, sin políticas impuestas desde el Gobierno Central, sino a través de profundas reflexiones que deben realizarse, tomando como actores principales del proceso a los propios indígenas. Es uno de los grandes retos que tenemos como país.
En el Uruguay, un sindicato de funcionarios estatales formó una "Comisión de Defensa de la Vida y el Agua" que impulsa una reforma constitucional, que se plebiscitará el 31 de octubre con la elección nacional. La reforma es apoyada por los dos candidatos con mayores chances de triunfo.
El texto plantea que los servicios de saneamiento y agua potable "serán prestados exclusiva y directamente por personas jurídicas estatales, y por lo tanto, quedan sin efecto las concesiones o permisos que haya otorgado el Estado en ese sector". Asimismo, se limita la indemnización a esos concesionarios, aunque se vean privados de sus explotaciones. Además, es cínico declarar que el "acceso al agua potable es un derecho universal" para anular los medios para alcanzar ese fin. Lo que sucede es que también aquí, lenta pero persistentemente, los derechos individuales se "sacrifican" en pos de los "intereses colectivos".
Por lo tanto, es "nula y sin valor" por "inconstitucional" cualquier disposición por "legitimada" que parezca, si por medio de ella se pretende imponer la arbitrariedad y los abusos. Así de simple, aunque nosotros no lo practiquemos.
(*)Analista uruguaya.
©www.aipenet.com
Según estimaciones oficiales, la pobreza total en la subregión en el año 2001 estaba en el 49.7% del total de la población (65.4% en el área rural, 35.6% en el área urbana); mientras que la pobreza extrema estaba en el 22.5%. El país con un mayor porcentaje de su población en estado de pobreza es Honduras con un 71,6%, en tanto que el país con un menor porcentaje de pobreza es Costa Rica con un 22.9% del total de su población.
De un total de siete países que conforman la subregión (Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, República Dominicana y Panamá), ¿cómo se sitúa comparativamente hablando nuestro país? Panamá está sexto en cuanto a menos pobreza total con un 40.5% de su población en tal estado (23.4% en el área urbana, 68.9 en la zona rural), pero está de segundo en cuanto a pobreza extrema, con un 26.5% del total de su población (11.1% en el área urbana, 52.2% en el rural). Los pobres extremos son aquellos cuyos ingresos ni siquiera alcanzan para adquirir la canasta básica de alimentos.
¿Por qué Panamá tiene un porcentaje más alto de pobres en pobreza extrema que otros países de Centroamérica? Confieso que no tengo la respuesta, pero creo que es una pregunta que bien vale analizar y tratar de encontrarle una explicación, que nos permita resolver la ignominia nacional que implica.
Todas las estadísticas que he tenido oportunidad de examinar en los últimos cinco años, tanto en los Informes de Desarrollo Humano (nacional y regionales) como en aquellos sobre el cumplimiento de las Metas del Milenio, o más específicos en cuanto a indicadores educativos, todos coinciden en indicar la enorme situación de desigualdad que existe en el país, entre las áreas urbanas y las rurales, y sobre todo, entre las áreas urbanas y los sectores rurales indígenas.
Por lo tanto, parece apenas evidente que se requiere de un gran esfuerzo nacional para sacar de la pobreza extrema a los más pobres entre los pobres: nuestros indígenas, especialmente aquellos que residen bajo las comarcas. Durante la administración de Mireya Moscoso, se invirtieron sumas importantes en la construcción de infraestructura pública (especialmente, acueductos rurales, electrificación y puestos o centros de salud) en las zonas indígenas, especialmente en la comarca Ngöbé-Buglé. Los efectos de esa política sólo serán visibles y susceptibles de ser evaluados en el mediano y largo plazo. Sin embargo, no basta con establecer una infraestructura básica en dichas regiones marginadas. También es necesario que se vincule más niños y jóvenes al sistema educativo, única esperanza de una eventual superación personal, así como que la comunidad, con la orientación y el apoyo estatal, encuentre mecanismos de generar ingresos que le permitan salir de la pobreza y la pobreza extrema.
Para lo primero, existe ahora por Ley un Patronato del Servicio Social Nacional, que tiene como misión inicial y primordial coordinar con el Ministerio de Educación un programa ambicioso de alfabetización, especialmente en las áreas indígenas. Así mismo, se requiere impulsar la educación bilingüe en dichas áreas, ya que su ausencia constituye muchas veces un obstáculo para que ingresen al sistema.
Para lo segundo, se requiere aprovechar las ventajas competitivas que pueden existir en las comarcas indígenas para explotar el turismo y buscar ciertos rubros de producción agrícola, especialmente no tradicional, que le puedan proporcionar nichos para la exportación, aprovechando los tratados de libre comercio ya firmados o que están en negociación. Pero todo eso, sin políticas impuestas desde el Gobierno Central, sino a través de profundas reflexiones que deben realizarse, tomando como actores principales del proceso a los propios indígenas. Es uno de los grandes retos que tenemos como país.
En el Uruguay, un sindicato de funcionarios estatales formó una "Comisión de Defensa de la Vida y el Agua" que impulsa una reforma constitucional, que se plebiscitará el 31 de octubre con la elección nacional. La reforma es apoyada por los dos candidatos con mayores chances de triunfo.
El texto plantea que los servicios de saneamiento y agua potable "serán prestados exclusiva y directamente por personas jurídicas estatales, y por lo tanto, quedan sin efecto las concesiones o permisos que haya otorgado el Estado en ese sector". Asimismo, se limita la indemnización a esos concesionarios, aunque se vean privados de sus explotaciones. Además, es cínico declarar que el "acceso al agua potable es un derecho universal" para anular los medios para alcanzar ese fin. Lo que sucede es que también aquí, lenta pero persistentemente, los derechos individuales se "sacrifican" en pos de los "intereses colectivos".
Por lo tanto, es "nula y sin valor" por "inconstitucional" cualquier disposición por "legitimada" que parezca, si por medio de ella se pretende imponer la arbitrariedad y los abusos. Así de simple, aunque nosotros no lo practiquemos.
(*)Analista uruguaya.
©www.aipenet.com
