Estado de Derecho y ser persona
Debemos al célebre inglés John Locke, tras su aguda teoría política sobre la convención social -que no escapa del contractualismo- y que plasmó, básicamente, en su obra "Ensayo sobre el Gobierno Civil" (1694) el sentar los primeros elementos del Estado de Derecho. Sí, se trata de Locke de quien Voltaire escribió "Nunca hubo, quizá, un espíritu más sabio que monsieur Locke". A partir de las afirmaciones de Locke se ha venido hablando del Estado Constitucional de Derecho, del Estado Clásico de Derecho o del Estado Liberal Clásico. La tesis política de Tomas Hobbes, que subyace en la condición perversa, envidiosa y egoísta del hombre, justificante de los Estados represivos, totalitarios, vino, con los aportes de Locke, a ser superada para dar paso a una concepción superior de los derechos del hombre y del ciudadano. Y es que para Locke, el hombre, en el estado de naturaleza, ostenta, de modo consustancial o inherente a su dimensión de ser persona un conjunto de derechos naturales, de libertades (v.gr. derecho a la vida, libre emisión del pensamiento, derecho a la intimidad y privacidad, libertad de tránsito, derecho a la dignidad humana, libertad ambulatoria, etc.) que al momento en que por convención deciden construir el Estado y designar a la autoridad civil -el Gobierno- solamente pueden ser objeto de regulación, limitaciones o restricciones, sin que a través de las leyes tales derechos y libertades puedan ser, en modo alguno, suprimidos, desnaturalizados o defenestrados. Téngase presente, por otra parte, que en la teorización de Hobbes, en el estado de naturaleza que él concibe, no es posible que el hombre -homo lopus hominis- ostente derecho o libertad alguna. Es ese estado malsano, según Hobbes, que permite la aparición del Estado y a efectos de que el hombre pueda ser disciplinado, educado, mejorado de su deplorable condición natural.
En cambio, para Locke, la autoridad civil, el Gobierno, está para administrar los bienes de los asociados y dar cuenta a éstos de cuanta gestión haga o desenvuelva. En consecuencia, el Gobierno se debe a la población, misma que le advierte, en el pacto o convención celebrada, la obligación de que se respeten los derechos naturales que se ostentan en el concebido estado de naturaleza.
Desde John Locke hasta nuestros días, ideas más o ideas menos, los filósofos del Derecho, sociólogos, politólogos, juristas, humanistas, etc., siguen rememorando, hasta con cierto fervor religioso, el Estado de Derecho que debe ser contemplado o visto como aquél que se encuentra regido por leyes que desarrollan los derechos y las libertades que, por naturaleza, ostentamos todos los seres de la especie humana. Todo cuanto haga o deje de hacer un Gobierno debe ser, siempre, en función o consideración única y exclusiva, de los beneficios que se derivan para el pueblo.
Siendo así las cosas, dable es advertir que el pueblo mira el comportamiento de sus autoridades, de sus gobernantes, desde una perspectiva que, además de ser la adecuada y la propia, resulta ser absolutamente justa y por ello se pregunta: ¿Será cierto o no que los políticos que gobiernan y los que aspiran a ser gobernantes manejan un discurso cuyo contenido traduce un verdadero "pensar en nuestro pueblo?"
Tras esa gran interrogante lo que corresponde es, "stricto iure", contestar de modo categórico, que el discurso que nuestra tradicional clase política maneja se inserta en una retórica de poca monta filosófica y que se conoce como el realismo genético: el mismo predica la preponderancia del objeto sobre el sujeto. El "ser persona" es menoscabado en beneficio del objeto, de "la cosa", entendida ésta como la imperatividad de los fines y la trascendencia de los medios sin importar la dignidad humana.
Y es que la dignidad de nuestra gente exige, sin que abandonemos el diálogo por un nuevo pacto político -Constitución Nacional- conforme lo comprendieron John Locke y Jean Jacques Rousseau, que se le hable de metas y de programas viables y concretos de cara a resolver realidades tan patéticas como lo son: hambre, desnutrición, desempleo, pobre o deficiente instrucción pública; deficiencia en la prestación de la seguridad social, de la seguridad pública; custodia y protección de los bienes jurídicos de los asociados; desmejora en los servicios de la salud; incoordinación en las políticas económicas del Estado; de la necesidad de elevar la condición intelectual del hombre panameño; organización del transporte público, colectivo y selectivo, de pasajeros; el reconocimiento de la clase profesional y darle a ésta el lugar que le corresponde; la toma en cuenta de nuestros campesinos y de su inminente incorporación a los programas de desarrollo integral de la nación; la integración del sector industrial, empresarial y productivo al desarrollo nacional y en la agenda de trabajo de todo gobierno; de la tutela efectiva de los derechos y libertades de nuestros hombres y mujeres, etc.
En medio del impresionante discurso plagado de alegóricas promesas de reformas a la Constitución Nacional; del tema álgido de la constituyente; del tópico de la quinta papeleta o de la reforma por la vía del artículo 308 de la Constitución Nacional, etc., nuestro hombre de pueblo, el que sigue creyendo en un mejor mañana, sea que se encuentre frente a la radio, el televisor o el periódico, seguirá preguntándose, al escuchar los sórdidos discursos de la campaña política: ¿Habrá trabajo para mí, para mis hijos? ¿Tendré mañana la seguridad social? ¿Comerá mañana mi familia? ¿A dónde iré o ante quién me presentaré?
Estas son preguntas que, contrario a un realismo genético, representan la voz del idealismo que busca la toma en cuenta del ser humano, de su dignidad, de su condición de ser que "Dios hizo un tanto inferior a los ángeles". Como bien afirmó Locke, el gobierno debe ejercitarse con el consentimiento de los gobernados. El hombre o gobierno que ha perdido la confianza de su pueblo carece de derecho para gobernarlo. El gobierno es creación del pueblo y el pueblo lo mantiene para asegurar su propio bien. No es cierto que el gobierno signifique la sujeción del gobernado al dominio y voluntad de un poder superior. La razón enseña que todos los hombres somos iguales e independientes, que nadie puede dañar a otro en su vida, propiedad, salud o libertad; que nadie tiene derecho a tratar a los seres humanos como meros instrumentos para sus fines. ¿Se estará instrumentando al ser panameño? Ningún hombre tiene poder sobre otro. El gobierno no existiría sino merced a un voluntario sometimiento de las libertades individuales a un poder superior para que éste las proteja. ¡Cómo ha decaído, en nuestro medio, el Estado de Derecho! ¡Cuánto se ha apartado la autoridad civil de los mandatos que la sociedad delegó en ella a fin de su correcta preservación, ejecución y administración!
En cambio, para Locke, la autoridad civil, el Gobierno, está para administrar los bienes de los asociados y dar cuenta a éstos de cuanta gestión haga o desenvuelva. En consecuencia, el Gobierno se debe a la población, misma que le advierte, en el pacto o convención celebrada, la obligación de que se respeten los derechos naturales que se ostentan en el concebido estado de naturaleza.
Desde John Locke hasta nuestros días, ideas más o ideas menos, los filósofos del Derecho, sociólogos, politólogos, juristas, humanistas, etc., siguen rememorando, hasta con cierto fervor religioso, el Estado de Derecho que debe ser contemplado o visto como aquél que se encuentra regido por leyes que desarrollan los derechos y las libertades que, por naturaleza, ostentamos todos los seres de la especie humana. Todo cuanto haga o deje de hacer un Gobierno debe ser, siempre, en función o consideración única y exclusiva, de los beneficios que se derivan para el pueblo.
Siendo así las cosas, dable es advertir que el pueblo mira el comportamiento de sus autoridades, de sus gobernantes, desde una perspectiva que, además de ser la adecuada y la propia, resulta ser absolutamente justa y por ello se pregunta: ¿Será cierto o no que los políticos que gobiernan y los que aspiran a ser gobernantes manejan un discurso cuyo contenido traduce un verdadero "pensar en nuestro pueblo?"
Tras esa gran interrogante lo que corresponde es, "stricto iure", contestar de modo categórico, que el discurso que nuestra tradicional clase política maneja se inserta en una retórica de poca monta filosófica y que se conoce como el realismo genético: el mismo predica la preponderancia del objeto sobre el sujeto. El "ser persona" es menoscabado en beneficio del objeto, de "la cosa", entendida ésta como la imperatividad de los fines y la trascendencia de los medios sin importar la dignidad humana.
Y es que la dignidad de nuestra gente exige, sin que abandonemos el diálogo por un nuevo pacto político -Constitución Nacional- conforme lo comprendieron John Locke y Jean Jacques Rousseau, que se le hable de metas y de programas viables y concretos de cara a resolver realidades tan patéticas como lo son: hambre, desnutrición, desempleo, pobre o deficiente instrucción pública; deficiencia en la prestación de la seguridad social, de la seguridad pública; custodia y protección de los bienes jurídicos de los asociados; desmejora en los servicios de la salud; incoordinación en las políticas económicas del Estado; de la necesidad de elevar la condición intelectual del hombre panameño; organización del transporte público, colectivo y selectivo, de pasajeros; el reconocimiento de la clase profesional y darle a ésta el lugar que le corresponde; la toma en cuenta de nuestros campesinos y de su inminente incorporación a los programas de desarrollo integral de la nación; la integración del sector industrial, empresarial y productivo al desarrollo nacional y en la agenda de trabajo de todo gobierno; de la tutela efectiva de los derechos y libertades de nuestros hombres y mujeres, etc.
En medio del impresionante discurso plagado de alegóricas promesas de reformas a la Constitución Nacional; del tema álgido de la constituyente; del tópico de la quinta papeleta o de la reforma por la vía del artículo 308 de la Constitución Nacional, etc., nuestro hombre de pueblo, el que sigue creyendo en un mejor mañana, sea que se encuentre frente a la radio, el televisor o el periódico, seguirá preguntándose, al escuchar los sórdidos discursos de la campaña política: ¿Habrá trabajo para mí, para mis hijos? ¿Tendré mañana la seguridad social? ¿Comerá mañana mi familia? ¿A dónde iré o ante quién me presentaré?
Estas son preguntas que, contrario a un realismo genético, representan la voz del idealismo que busca la toma en cuenta del ser humano, de su dignidad, de su condición de ser que "Dios hizo un tanto inferior a los ángeles". Como bien afirmó Locke, el gobierno debe ejercitarse con el consentimiento de los gobernados. El hombre o gobierno que ha perdido la confianza de su pueblo carece de derecho para gobernarlo. El gobierno es creación del pueblo y el pueblo lo mantiene para asegurar su propio bien. No es cierto que el gobierno signifique la sujeción del gobernado al dominio y voluntad de un poder superior. La razón enseña que todos los hombres somos iguales e independientes, que nadie puede dañar a otro en su vida, propiedad, salud o libertad; que nadie tiene derecho a tratar a los seres humanos como meros instrumentos para sus fines. ¿Se estará instrumentando al ser panameño? Ningún hombre tiene poder sobre otro. El gobierno no existiría sino merced a un voluntario sometimiento de las libertades individuales a un poder superior para que éste las proteja. ¡Cómo ha decaído, en nuestro medio, el Estado de Derecho! ¡Cuánto se ha apartado la autoridad civil de los mandatos que la sociedad delegó en ella a fin de su correcta preservación, ejecución y administración!
