Estado, seguridad pública y ciudadanía
La sociedad de hoy, con justificada razón, reclama eficacia en los servicios de seguridad ciudadana, como un derecho inalienable que nos pertenece a todos, y frente a un temor de perder lo que hasta ahora hemos tenido. El Estado, a través de sus instituciones, tiene esa obligación constitucional de brindarla. Ello significa que debe adoptar todas las medidas que estén a su alcance para lograr tal propósito. No obstante, para lograr ese fin no debe descuidar su función de tutela y respeto a las garantías y derechos de los ciudadanos que como Estado, está obligado a cumplir bajo el prisma de las normas nacionales y los convenios internacionales suscritos por el país que hacen parte de nuestro derecho interno.
La controversia que genera los anuncios de “mano dura, suave, amiga o súper dura” es totalmente irrelevante, por tratarse de meros clichés que endulzan a la ciudadanía, pero que lamentablemente crean una expectativa, que al final poco o nada aportan a la solución de una situación de inseguridad que nos golpea, y que estadísticamente muestra un aumento.
Lo correcto es cumplir y hacer cumplir la ley y revisar, si fuera el caso, algunos aspectos para perfeccionar el funcionamiento de las instituciones que tienen a su encargo los distintos roles en la prevención, persecución, investigación y sanción de la criminalidad en todas sus modalidades y asistirlas con los recursos necesarios para su ejecución.
El éxito de cualquier gestión en este sentido pasa por la necesaria adopción y efectivo cumplimiento de políticas bien estructuradas que atiendan el fenómeno en su complejidad, sin caer en las tentaciones y proclividades del aplauso fácil.
Desde hace algún tiempo, como Defensor del Pueblo vengo abogando por la conformación de una Gran Alianza Nacional por la Seguridad, que defina con rigurosidad una política que supere la superficialidad del actual debate y que oriente las acciones a seguir. Ya hemos tenido como país experiencias exitosas en este tema, a propósito de los Fundamentos de la Política de la Seguridad Pública del Estado Panameño, que lamentablemente no ha recibido el debido respaldo y seguimiento de los distintos gobiernos. Está pendiente, igualmente, la adopción de una Política Criminológica, bastante adelantada por el Pacto de Estado por la Justicia y el urgente establecimiento de una Política Penitenciaria, cuyo sistema está en crisis, y tema del cual en otra oportunidad nos ocuparemos; todos estos componentes estratégicos y fundamentales para un abordaje integral del fenómeno de la criminalidad y sus perversos efectos en la sociedad.
La responsabilidad de asumir estos compromisos con seriedad es grande y difícil, la sociedad se inquieta y se maravilla y puede sucumbir peligrosamente ante cualquier propuesta que le dé un hálito de esperanza que las cosas van a mejorar. No vale una improvisación más.
