Estados Unidos y el Tribunal Penal Internacional
En el mundo unipolar de nuestro tiempo se producen incongruencias y dobles discursos que dejan perplejos a los juristas, como el juez español Baltazar Garzón, y también a la comunidad internacional. Caso típico es la posición del gobierno de George W. Bush, que se arroga la facultad de juzgar a elementos muy distantes de la jurisdicción legal de Estados Unidos como Slobodan Milosevic de Yugoslavia y Saddam Hussein de Irak. En resumen, Estados Unidos juzga a medio mundo, pero no acepta que el Tribunal Penal Internacional pueda llevar al banquillo a sus militares.
El razonamiento de los asesores de la administración Bush desarrolla el siguiente silogismo: Si el Ejército de Estados Unidos se somete a la jurisdicción del TPI , nada impediría a un fiscal extranjero acusar de crímenes de guerra a sus soldados y oficiales, sentarlos en el banquillo y eventualmente condenarlos. Como el país del norte por propia voluntad se ha erigido en el guardián del mundo, más allá de jurisdicciones nacionales, reclama que esa pesada labor lo exima de responsabilidades ante cualquier posibilidad de que sus militares sean acusados por acciones reñidas contra los derechos humanos.
En verdad, no debería sorprendernos tanto que el gobierno de Bush se niegue a ser país signatario del acuerdo del TPI, porque una postura análoga de pretensiones de extraterritorialidad y rechazo al escrutinio mundial se expresa en otros campos. Allí está el tratado Helms- Burton que intentó sin resultados sancionar a los países que comercian con Cuba. Allí está la renuencia a firmar el Protocolo de Kioto que fija pautas precisas para que las naciones industrializadas progresivamente reduzcan las emisiones de gases tóxicos que afectan la capa de ozono. Lo mismo aconteció en la cumbre de Río de hace varios años en la que el país del norte rehusó asumir compromisos en materia ambiental a escala planetaria.
Criminales de guerra como Milosevic, juzgado por el Tribunal Penal Internacional, va a decir con qué derecho Estados Unidos bombardeó Yugoslavia y participó en su detención y posterior juzgamiento, es decir violando la jurisdicción y soberanía de ese país, si no predica con el ejemplo en circunstancias similares. Es lamentable que esto suceda porque los avances en materia de la globalización del Derecho Penal Internacional que determinaron que los crímenes de genocidio puedan ser denunciados y juzgados en cualquier zona del mundo porque son delitos que afectan a la humanidad, tropiezan con la resistencia de Estados Unidos que ha arrastrado a China, India y Rusia al mismo campo obstruccionista. La innegable cooperación de Estados Unidos en mantener la estabilidad de otros países que amenazan la paz mundial no debe eximirlo de involucrarse formalmente en un tratado que contiene derechos y deberes. La mayor contribución a la defensa de los derechos humanos está en avalar la tarea del Tribunal Penal Internacional en el encausamiento de quienes autorizan la práctica de torturas, asesinatos en masa y otras formas abominables de genocidio.
Es así pues que el antiliberalismo plasmado hoy por una abrumadora mayoría de una supuesta elite intelectual y política criolla es una moda y un amuleto; para captar, por medio de espejismos, clientes en el camino hacia la servidumbre del ser humano. Precisamente eso, una mayor dosis de liberalismo dentro de un contexto cultural y ético adecuado es lo que en realidad vamos a necesitar para empezar a producir cambios perdurables y reales en la vida nacional. Lastimosamente es difícil de lograrlo, aunque con el consuelo de que no es imposible.
El razonamiento de los asesores de la administración Bush desarrolla el siguiente silogismo: Si el Ejército de Estados Unidos se somete a la jurisdicción del TPI , nada impediría a un fiscal extranjero acusar de crímenes de guerra a sus soldados y oficiales, sentarlos en el banquillo y eventualmente condenarlos. Como el país del norte por propia voluntad se ha erigido en el guardián del mundo, más allá de jurisdicciones nacionales, reclama que esa pesada labor lo exima de responsabilidades ante cualquier posibilidad de que sus militares sean acusados por acciones reñidas contra los derechos humanos.
En verdad, no debería sorprendernos tanto que el gobierno de Bush se niegue a ser país signatario del acuerdo del TPI, porque una postura análoga de pretensiones de extraterritorialidad y rechazo al escrutinio mundial se expresa en otros campos. Allí está el tratado Helms- Burton que intentó sin resultados sancionar a los países que comercian con Cuba. Allí está la renuencia a firmar el Protocolo de Kioto que fija pautas precisas para que las naciones industrializadas progresivamente reduzcan las emisiones de gases tóxicos que afectan la capa de ozono. Lo mismo aconteció en la cumbre de Río de hace varios años en la que el país del norte rehusó asumir compromisos en materia ambiental a escala planetaria.
Criminales de guerra como Milosevic, juzgado por el Tribunal Penal Internacional, va a decir con qué derecho Estados Unidos bombardeó Yugoslavia y participó en su detención y posterior juzgamiento, es decir violando la jurisdicción y soberanía de ese país, si no predica con el ejemplo en circunstancias similares. Es lamentable que esto suceda porque los avances en materia de la globalización del Derecho Penal Internacional que determinaron que los crímenes de genocidio puedan ser denunciados y juzgados en cualquier zona del mundo porque son delitos que afectan a la humanidad, tropiezan con la resistencia de Estados Unidos que ha arrastrado a China, India y Rusia al mismo campo obstruccionista. La innegable cooperación de Estados Unidos en mantener la estabilidad de otros países que amenazan la paz mundial no debe eximirlo de involucrarse formalmente en un tratado que contiene derechos y deberes. La mayor contribución a la defensa de los derechos humanos está en avalar la tarea del Tribunal Penal Internacional en el encausamiento de quienes autorizan la práctica de torturas, asesinatos en masa y otras formas abominables de genocidio.
Es así pues que el antiliberalismo plasmado hoy por una abrumadora mayoría de una supuesta elite intelectual y política criolla es una moda y un amuleto; para captar, por medio de espejismos, clientes en el camino hacia la servidumbre del ser humano. Precisamente eso, una mayor dosis de liberalismo dentro de un contexto cultural y ético adecuado es lo que en realidad vamos a necesitar para empezar a producir cambios perdurables y reales en la vida nacional. Lastimosamente es difícil de lograrlo, aunque con el consuelo de que no es imposible.
