¿Estamos condenados?
"Cuando advierta que para producir necesita obtener autorización de quienes no producen nada; cuando compruebe que el dinero fluye hacia quienes trafican no bienes, sino favores; cuando perciba que muchos se hacen ricos por el soborno y por influencias más que por el trabajo, y que las leyes no lo protegen contra ellos, sino, por el contrario son ellos los que están protegidos contra usted; cuando repare que la corrupción es recompensada y la honradez se convierte en un autosacrificio, entonces podrá afirmar, sin temor a equivocarse, que su sociedad está condenada". (Ayn Rand, 1950).
¿Nuestra sociedad está condenada? Lo que describe la cita nos acerca cada vez más a esa peligrosa conclusión. Para ello tomemos sola una de las venas de la corrupción, que es la judicial, la cual se compone de dos elementos: el soborno y la interferencia política en el proceso judicial por parte del Poder Legislativo o el Poder Ejecutivo.
El Informe Global de la Corrupción 2007 afirma que el soborno puede ocurrir en todo el ámbito del sistema judicial, a través de jueces que aceptan sobornos de nacionales o extranjeros para aplazar o acelerar casos, aceptar o rechazar apelaciones, influir a otros jueces o simplemente para decidir un caso de un modo determinado. Los funcionarios de la corte pueden demandar sobornos por servicios que deberían ser gratuitos; los abogados pueden cobrar "cuotas" adicionales para acelerar o atrasar casos, o para derivar a clientes a jueces conocidos por su disposición al soborno.
La corrupción judicial incluye el mal uso del poder y fondos judiciales, o incidir en la adjudicación sesgada de casos y en otros procedimientos previos al juicio, como cuando los secretarios judiciales corruptos "pierden" expedientes y pruebas. Puede influir cualquier juicio o conciliación judicial, así como la aplicación -o no- de laudos y sentencias judiciales.
La interferencia de políticos o empleados civiles también puede servir de fachada "legal" para instrumentar el desfalco, nepotismo, amiguismo y decisiones políticas ilegítimas lo que produce, en otras palabras, que todos salimos perdiendo cuando la justicia cede ante la corrupción.
Los países desarrollados, recomienda el informe, deben ser estrictos al aplicar la Convención antisoborno que penaliza el soborno a funcionarios en el extranjero. Las juntas directivas de empresas multinacionales no sólo deben introducir, sino también implementar códigos antisoborno eficaces, y garantizar que las subsidiarias y oficinas extranjeras los cumplan.
Para evitar o superar todas las formas de la corrupción y que Panamá sea una sociedad condenada es necesario aplicar una fórmula compuesta por independencia, transparencia, recursos adecuados, rendición de cuentas, auditoría ciudadana y una fuerte coalición ética. Pero hay luces, como lo son en este momento la elaboración del primer Indice de Integridad de las instituciones públicas de Panamá, que elabora la Fundación por el Desarrollo de la Libertad Ciudadana (a la que no acudió la Asamblea Nacional); y el inicio de tres nuevas escuelas de preparación de decenas de auditores sociales ngöbe bugles que promueve CEASPA y el Consejo Comarcal Anticorrupción.
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