Estamos haciendo las cosas al revés
Día a día, tal como explica muy bien Jeremy Rifkin en su libro intitulado El fin del trabajo, una nueva generación de sofisticadas tecnologías irrumpe en una amplia variedad de puestos de trabajo. Las máquinas inteligentes están sustituyendo, poco a poco, a los seres humanos en todo tipo de tareas, forzando a millones de trabajadores de producción y administración, a nivel mundial, a formar parte del mundo de los desempleados, o peor aún, a vivir en la miseria. Cada semana más y más empleados se enteran de su despido inminente. En diferentes empresas la gente espera, con miedo, que no sea éste su día.
En el año 1995 se expidió en Panamá la Ley 28, por medio de la cual las actividades que no gocen de otros incentivos fiscales, ni créditos fiscales, tendrán derecho a la utilización de un crédito hasta por el 25% del impuesto sobre la renta, liquidado en cada período, por inversiones directas efectuadas en 1995 y en los cinco años siguientes, conforme a ciertos renglones, vagamente descritos en dicha ley, entre los que están las inversiones en investigación y desarrollo tecnológico, mejoramiento genético y adquisición de tecnología.
En otras palabras, Panamá, que cuenta con un alto índice de desempleo y lo que requiere es mayor creación de plazas de trabajo, estimuló, por medio de la citada ley, el empleo de la llamada "tecnología de punta", que nunca las autoridades fiscales llegaron a definir con precisión, lo que llevó a muchos inversionistas a solicitar una certificación de la Universidad Tecnológica de Panamá para respaldar su deducción, en caso de una auditoría fiscal, y otros optaron por respaldar su inversión con una certificación del fabricante de los equipos adquiridos, además de la certificación de la Universidad Tecnológica. Hasta donde tenemos entendido todo un relajo se suscitó llegándose, en algunos casos, a comerciar estos créditos en el mercado de valores que resultaron toda una exitosa aventura económica por cuenta de sus promotores.
Es decir que el Estado, además de verse afectado con una disminución significativa en la recaudación de impuestos, sufragó el desempleo, pues la llamada "tecnología de punta" no es otra que aquella que desecha al hombre y lo sustituye por la máquina.
El Gobierno Nacional de aquel entonces, en vez de dar cumplimiento al artículo 60 de nuestra Constitución Nacional y proteger la mano de obra de los trabajadores panameños, mediante acuerdos que fomente la creación de nuevas plazas de trabajo o garantizar a la clase trabajadora las ganancias derivadas de los incrementos de productividad aportados por la mayor automatización; en su lugar, no se preocupó por la suerte de los trabajadores y, por el contrario, fomentó el desempleo.
Los índices de desempleo y subempleo crecen diariamente, incluso los países más desarrollados se tienen que enfrentar a las empresas multinacionales que ponen en marcha métodos productivos basados en las últimas tecnologías, provocando que millones de trabajadores no puedan competir con el rendimiento de los gastos, control de calidad y la rapidez de entrega garantizados por los sistemas de producción automatizados. Esta situación ha creado un creciente número de seres desesperados y sin futuro, muchos de los cuales se ven abocados a entrar en una vida de crimen, creando una vasta subcultura criminal, lo que plantea una seria amenaza sobre la capacidad de los gobiernos a la hora de tener que mantener el orden y de garantizar la necesaria necesidad de los ciudadanos.
Panamá es un país que fundamenta su economía en los servicios y es casualmente en este sector que, hoy por hoy, se da una gran incorporación de la automatización, aunque apenas está iniciándose. Mientras que las industrias del sector servicios (bancos, compañías de seguro, comunicaciones, contabilidad, legales, hoteles, etc.) incrementan cada vez más la productividad, lo consiguen con menos número de trabajadores.
No comprendo cómo es posible que los mismos industriales y empresarios no se han dado cuenta que esta automatización es cuchillo para su propio cuello puesto a que con la creación de desempleo disminuirá el consumo, no importa cuán baratos estén los productos. ¿Es acaso esto algo de tan difícil comprensión?
En el año 1995 se expidió en Panamá la Ley 28, por medio de la cual las actividades que no gocen de otros incentivos fiscales, ni créditos fiscales, tendrán derecho a la utilización de un crédito hasta por el 25% del impuesto sobre la renta, liquidado en cada período, por inversiones directas efectuadas en 1995 y en los cinco años siguientes, conforme a ciertos renglones, vagamente descritos en dicha ley, entre los que están las inversiones en investigación y desarrollo tecnológico, mejoramiento genético y adquisición de tecnología.
En otras palabras, Panamá, que cuenta con un alto índice de desempleo y lo que requiere es mayor creación de plazas de trabajo, estimuló, por medio de la citada ley, el empleo de la llamada "tecnología de punta", que nunca las autoridades fiscales llegaron a definir con precisión, lo que llevó a muchos inversionistas a solicitar una certificación de la Universidad Tecnológica de Panamá para respaldar su deducción, en caso de una auditoría fiscal, y otros optaron por respaldar su inversión con una certificación del fabricante de los equipos adquiridos, además de la certificación de la Universidad Tecnológica. Hasta donde tenemos entendido todo un relajo se suscitó llegándose, en algunos casos, a comerciar estos créditos en el mercado de valores que resultaron toda una exitosa aventura económica por cuenta de sus promotores.
Es decir que el Estado, además de verse afectado con una disminución significativa en la recaudación de impuestos, sufragó el desempleo, pues la llamada "tecnología de punta" no es otra que aquella que desecha al hombre y lo sustituye por la máquina.
El Gobierno Nacional de aquel entonces, en vez de dar cumplimiento al artículo 60 de nuestra Constitución Nacional y proteger la mano de obra de los trabajadores panameños, mediante acuerdos que fomente la creación de nuevas plazas de trabajo o garantizar a la clase trabajadora las ganancias derivadas de los incrementos de productividad aportados por la mayor automatización; en su lugar, no se preocupó por la suerte de los trabajadores y, por el contrario, fomentó el desempleo.
Los índices de desempleo y subempleo crecen diariamente, incluso los países más desarrollados se tienen que enfrentar a las empresas multinacionales que ponen en marcha métodos productivos basados en las últimas tecnologías, provocando que millones de trabajadores no puedan competir con el rendimiento de los gastos, control de calidad y la rapidez de entrega garantizados por los sistemas de producción automatizados. Esta situación ha creado un creciente número de seres desesperados y sin futuro, muchos de los cuales se ven abocados a entrar en una vida de crimen, creando una vasta subcultura criminal, lo que plantea una seria amenaza sobre la capacidad de los gobiernos a la hora de tener que mantener el orden y de garantizar la necesaria necesidad de los ciudadanos.
Panamá es un país que fundamenta su economía en los servicios y es casualmente en este sector que, hoy por hoy, se da una gran incorporación de la automatización, aunque apenas está iniciándose. Mientras que las industrias del sector servicios (bancos, compañías de seguro, comunicaciones, contabilidad, legales, hoteles, etc.) incrementan cada vez más la productividad, lo consiguen con menos número de trabajadores.
No comprendo cómo es posible que los mismos industriales y empresarios no se han dado cuenta que esta automatización es cuchillo para su propio cuello puesto a que con la creación de desempleo disminuirá el consumo, no importa cuán baratos estén los productos. ¿Es acaso esto algo de tan difícil comprensión?