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¿Estará listo Panamá para su Chávez?


Cuando en 1968 los militares dieron el golpe de Estado, lo justificaron con situaciones parecidas a las que Hugo Chávez prometió acabar en Venezuela al ser electo en 1998. Ya lleva en el poder más de 8 años y ahora quiere modificar la Constitución para ser presidente de por vida; algo así como Fidel Castro en Cuba. Prometió una democracia de verdad; prometió terminar con los corruptos partidos políticos; prometió adecentar la justicia de jueces vendidos. Prometió acabar con la pobreza endémica a la que habían conducido a Venezuela los políticos. Prometió acabar con la corrupción gubernamental y privada. Prometió y prometió. La Venezuela de hoy, según él, camino al socialismo del siglo XXI, es menos democrática que nunca: todos los diputados son chavistas y Chávez controla por completo los organismos electorales. El anterior Presidente del Tribunal Electoral, un psiquiatra, es hoy el vicepresidente de Chávez. La justicia es menos independiente que antes; los jueces y fiscales tienen que ser chavistas; no importa que no estén preparados para los cargos. A pesar de que en 1999 el precio del petróleo estaba en $15.00 y ha llegado a subir hasta $70.00, los venezolanos son más pobres que cuando gobernaban los llamados partidos corruptos.
Si Chávez cumple con todas las promesas de ayuda económica que ha hecho a otros países, incluyendo a Panamá, tendría que desembolsar $39,000 millones, dinero que no se usa para los venezolanos. Noticias recientes indican que en Bolivia no está cumpliendo con todas las promesas de ayuda que hizo.
En la Venezuela Bolivariana de Chávez se dan los índices más elevados de corrupción en toda Latinoamérica; la criminalidad, en muchos casos aupada por el mismo gobierno, está entre las más preocupantes del continente.
Hace unos días se presentó el "Barómetro de las Américas", análisis de la cultura política panameña, realizado por prestigiosa encuestadora, auspiciado por la Universidad de Vanderbilt de EE.UU., copatrocinado en Panamá por la Alianza Ciudadana Pro Justicia. Lo que allí se refleja sobre lo que nuestros compatriotas piensan de su sistema democrático da miedo. De 2004 a 2006, las únicas veces que se han hecho estas mediciones, el apoyo democrático de los panameños ha disminuido del 37.9% (2004) al 22.8% (2006). La idea de que sería mejor romper con el sistema democrático del 15.7% subió a 37.2% de los encuestados. Si bien más de la mitad de los panameños está inscrito en partidos políticos, el 73% no cree en ellos. La realidad es cruda, porque debo imaginarme que encuestas parecidas se dieron en Venezuela cuando en 1998 Chávez ganó multitudinariamente las elecciones y en Ecuador antes de ganar Rafael Correa las elecciones el año pasado. ¿Pero es de extrañar lo que esas encuestas nos revelan? En lo absoluto.
En las elecciones de 2004, la legisladora ganadora en uno de los circuitos de Darién fue despojada de su triunfo, acusada de utilizar recursos del Estado en su campaña, ¿pero sabemos cuántos otros candidatos a legisladores -hoy diputados- y a representantes de corregimientos oficialistas utilizaron también recursos del Estado para hacer sus campañas, saliendo electos algunos? Ese apoyo oficialista, que viví en la campaña pasada en todos los sitios que visité apoyando a Martín Torrijos, se veía a simple luz. ¿Con la nueva conformación del Tribunal Electoral (TE), sin tener Fiscal Electoral todavía, sabremos cuántos de los del ala oficialista actual planean hacer algo igual o peor de lo que hicieron los arnulfistas, molirenas y liberales en el 2004? Desde 1990 -en "democracia"- no hemos tenido un Tribunal Electoral capaz de erradicar la compradera de votos y la regaladera de cosas que se da en los elecciones o de romper las tantas botellas que tienen los diputados y algunos candidatos, que sin hacer ningún trabajo legislativo, no son más que activistas (hasta empleados domésticos) del diputado o representante, pagados con los fondos del Estado. Algo parecido a lo que podría estar ocurriendo con los parientes nombrados por un magistrado del TE.
En octubre de 1968, la Asamblea Nacional, presidida por un liberal electo también por el panameñismo, tenía 300 ó 400 botellas en la planilla legislativa, rotas y hechas públicas tras el golpe de Estado; al igual que ahora, muchos parientes estaban allí. En febrero de 1968, la Democracia Cristiana propuso el enjuiciamiento del presidente Marco Robles, porque utilizó descaradamente los recursos del Estado para apoyar al candidato de su partido (Liberal) David Samudio. Este juicio terminó con la destitución de Robles, decisión no respetada por los militares (Guardia Nacional) y avalada por una complaciente Corte Suprema de Justicia. La corrupción era generalizada y siguió cuando Arnulfo Arias gobernó del 1 al 11 de octubre de ese año, escogiendo él mismo a los diputados y concejales, importándole un comino quiénes eran los que habían ganado. Si vemos lo ocurrido en la farsa de democracia que teníamos en el ´68, vemos lo que pasó en Venezuela en 1998 y en Ecuador en el 2006, y vemos lo que ocurre en la igualmente falsa democracia que tenemos hoy, definitivamente que tenemos que llegar a la conclusión de que estamos mucho más cerca de que un demagogo y demente como Chávez llegué a gobernar Panamá. ¡Que Dios no agarre confesados!
Sin embargo, asegura que nada ocurre, pues las personas siguen encontrando un servicio que los lleva a sus casas rápido.
  • El alcalde de Panamá, Juan Carlos Navarro, señaló que la situación del transporte en la capital y en las áreas aledañas es gravísimo, ya que la calidad no es la ideal y está muy lejos de serlo.

  • Dice que el usuario recibe un pésimo servicio de transporte y que eso lo reconocen los mismos transportistas y las personas.


¿Qué opina de este servicio de transporte?
Marco Moreno: "Lo que buscamos es llegar rápido a la casa sin perder tiempo. Pienso que es nuestro derecho porque es un país democrático y las autoridades no resuelven nada.
Juan Alberto: "Yo tengo derecho de transportarme como quiera, además el transporte del Oeste es deficiente. Las autoridades son injustas y atrevidas con los usuarios".
Isabel Acosta: "Yo pago con mi dinero el transporte que quiero. Pienso que hay que legalizar el servicio porque el transporte del Oeste no funciona, además ir a la Terminal me toma el triple de tiempo y es injusto".
Carolina Contreras: "La terminal está muy lejos, además, en una ocasión, por no tener el real me dejó el bus. Los buses demoran mucho y nos quieren obligar a ir allá. Las autoridades sólo ponen multas".
Melquiades Delgado: "Es una injusticia con los residentes del Oeste, ya que nos persiguen y nos bajan de los vehículos. Sólo queremos llegar a nuestras casas rápido, limpios y sin muchas vueltas".

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