Estrictamente confidencial
Los decretos ley sobre seguridad nacional que pretende aprobar el Ejecutivo son alarmantes puesto que el servicio de inteligencia se posiciona por encima de cualquier ley de la república y queda sometido a la Constitución y al decreto que lo crea.
Es decir, cualquier derecho o procedimiento que no esté especificado en la Constitución se quebranta ante semejante decreto. Es poco probable que quienes lo redactaron no se percataran de ello.
Más oscuro es el secretismo que ampara a las instituciones que no están obligadas a divulgar su personal, misión, o justificación de la investigación realizada.
Todo queda entonces bajo el paraguas hermético sin rendición de cuentas.
Eso de que se pretende "regular" la intercepción de llamadas telefónicas no convence, pues actualmente es la Corte quien debe aprobar los pinchazos y sólo en circunstancias muy especiales, cosa que no se cumple.
Además, los términos que justifican las acciones de inteligencia son auto referentes: ¿Quién puede determinar en qué contexto se interpreta la vulnerabilidad de los intereses del Estado?
Las garantías fundamentales de los panameños quedarán sometidas a la arbitrariedad y secretismo amparados por el paraguas de la categoría de secreto de Estado. La medida vulnera la libertad de información de la prensa e información.
En los pasillos políticos se dice que los decretos son una vía de reivindicar a las Fuerzas de Defensa con sus seguidores, otra versión es que estas medidas serán un salvavidas para controlar los estallidos sociales que se esperan cuando la bonanza económica entre en declive. Lejos de inspirar seguridad, lo que desprende el decreto es hermetismo, intimidación e impunidad.
