Ética, corrupción y política

Cuando los altos funcionarios tienen que escoger a los miembros de su equipo de trabajo, o recomendar a otro para una alta posición, deben tomar una decisión que tiene consecuencias éticas, de las que pareciera que no están plenamente conscientes. Si los beneficiarios del nombramiento, o la recomendación, caminan por el lado oscuro de la vida, comprometen la integridad de quien los nombró, o recomendó. La única manera de salvar cara en una situación así de delicada consiste en manifestar públicamente el total respaldo a las autoridades que investigan las irregularidades cometidas, o el delito si fuera el caso, y cooperar con la pesquisa. En cuanto a la relación con la persona bajo escrutinio, el manual de la integridad aconseja guardar distancia hasta que se aclaren los hechos, hubiere o no escándalo. Lamentablemente, esto no es lo que ocurre en nuestro medio; la tónica usual es mirar para otro lado y no sentir la más mínima vergüenza por la corrupción en derredor propio. Además de los problemas éticos, hay las responsabilidades legales, pues el Código Penal indica una serie de formas de participación en la actividad delictiva que van desde la complicidad hasta el encubrimiento. Sería aleccionador que el Ministerio Público fuera más allá de perseguir al operador inmediato y se esforzara por desentrañar la red de funcionarios y civiles que participan en el planeamiento y encubrimiento de hechos ilícitos. Así como un homicidio no se comete solo por quien hala el gatillo, tampoco la corrupción es solamente de quien cambia el cheque.