EU y su visión de los DD.HH. en Panamá
Las opiniones se volcaron sobre un informe que pocos habían tenido en la mano. Caló en la opinión pública el criterio de que la evaluación del Departamento de Estado en Washington sobre los derechos humanos en Panamá durante el 2003 tenía completa validez. Todo el abanico político, con excepción del oficialismo, encontró en los fragmentos publicados elementos para redoblar las críticas hacia el gobierno y, en especial, contra el Órgano Judicial. El argumento fue que la defensa de los derechos humanos, como nueva doctrina política en la era de la globalización de las fronteras, justifica la injerencia extranjera en los asuntos internos de otro país. El Departamento de Estado publica cada año su informe sobre la situación de los derechos humanos en el mundo.
El informe del 2003 concluyó que existe un pobre desempeño regional en esta materia, generando inestabilidad política. Las peores calificaciones las obtuvieron Brasil, Bolivia, Colombia, Cuba, Guatemala, Haití, República Dominicana y Venezuela. Fuera del continente, los señalamientos más críticos fueron contra Arabia Saudita, China, Israel, Irán, Libia, Rusia, Siria, Sudán y Zimbabwe.
En lo que respecta a Panamá, el informe fue dividido en seis secciones que tienen que ver con el respeto a la integridad de la persona, incluyendo la libertad para oponerse, el respeto a las libertades civiles, el respeto a los derechos políticos para cambiar de gobierno, la actitud del gobierno con respecto a la investigación internacional no gubernamental sobre supuestas violaciones a los derechos humanos, la discriminación sobre la base de raza, sexo, discapacidad, lenguaje o estatus social y los derechos de los trabajadores.
L a embajadora de EU, Linda Watts, respaldó el informe como excelente, correcto y balanceado. Pero el ministro de Relaciones Exteriores, Harmodio Arias, lo calificó como falto de cortesía por parte de Washington, contradictorio e inexacto. Pese a su contenido no desprestigia al gobierno de la presidenta Mireya Moscoso, añadió.
Una lectura detenida revela algunas ambigüedades. Por un lado, el informe aseveró que la Policía Nacional "ejerció acciones moderadas y profesionalismo" contra manifestaciones callejeras. Pero dijo que la fuerza pública "por lo común utilizó gases lacrimógenos contra los que protestaban". Mencionó que en agosto del año pasado se realizó una reorganización parcial, pero insuficiente del sistema carcelario que alberga 11,491 prisioneros, unos 4,000 más de los que deben contener los penales. El informe se refirió a abusos policiales y de los guardias de las prisiones, pero añadió que hubo sanciones. El Departamento de Estado consideró que las detenciones preventivas siguen siendo uno de los problemas más serios de derechos humanos (DD.HH.) en Panamá, un sistema bajo el cual 6,367 detenidos, el 55% de la población penal, están en espera de juicio. Además de señalar que el poder judicial estuvo "susceptible a la corrupción y a influencias externas, incluyendo la manipulación por otros órganos del Estado" y que "el sistema de nombramiento se prestó para la interferencia política", el informe indicó que los 38 defensores públicos, e igual número de suplentes, tienen que atender 550 anuales por abogado.
Sobre las libertades civiles, el informe detalló que la prensa activa sufrió intimidación y que las antiguas leyes mordaza siguen brindando un medio para acusar a los periodistas por difamación. Pero añadió que aunque existe una junta de censura no se multó ningún canal de televisión o estación de radio por violar las normas de vulgaridad, profanación o uso de lenguaje obsceno. Acerca de la ley de transparencia, el Departamento de Estado dijo que el Gobierno Nacional la desafía bajo un decreto de junio del 2002 que limita su efecto. Sin embargo, el mismo informe sostuvo que el gobierno fue cooperador y abierto con las investigaciones internacionales no gubernamentales en el tema de los derechos humanos.
El Departamento de Estado reconoció la existencia de un Tribunal Electoral independiente, autónomo, que mantuvo la integridad del registro civil y los procesos electorales. Pero señaló que las elecciones de 1999 fueron empañadas por la compra de votos.
La violencia doméstica contra las mujeres sigue siendo grave, aseguró el informe. Hasta noviembre pasado la Policía Técnica Judicial (PTJ) había registrado 1,619 casos de violencia doméstica contra mujeres, comparados con los 1,801 del 2002. El año pasado hubo 515 casos de denuncias de violaciones, contra 505 casos del año anterior. Además, se registraron casos de trata de mujeres y de niños, acoso sexual en las entrevistas para buscar trabajo y los salarios de las mujeres fueron 30 a 35% más bajo que el de los hombres. Hasta noviembre pasado la PTJ había registrado 327 casos de abuso infantil, en comparación con 224 en el 2002. Hubo 131 casos de abuso sexual de menores o incesto. El informe aseguró que en el 2000 unos 27,000 niños entre edades de 12 a 14 años ejercían labores remuneradas.
Los grupos minoritarios como los 50,000 discapacitados que existen en el país, tienen problemas para educarse o encontrar trabajo. Los 229,000 indígenas, que representan el 8% de la población, no gozaron de los mismos derechos políticos y legales del resto de los ciudadanos, en condiciones en que el promedio de pobreza está entre el 85 y el 96%. También persistió la discriminación o el racismo.
El informe indicó que en Panamá se limitan los derechos y la estabilidad laboral por parte del gobierno y criticó al sector privado porque evade su responsabilidad y mantiene la práctica de contratos temporales o hacer firmar contratos en blanco a los trabajadores.
Como en años anteriores, el Departamento de Estado no ofreció una conclusión general sobre por qué el Gobierno Nacional no hizo más en el 2003 para mejorar el respeto de los derechos humanos. Pero la visión integral proporcionada puede servir como elemento de juicio para aplicar los correctivos necesarios de modo que el país recibe una mejor calificación el próximo año.
El informe del 2003 concluyó que existe un pobre desempeño regional en esta materia, generando inestabilidad política. Las peores calificaciones las obtuvieron Brasil, Bolivia, Colombia, Cuba, Guatemala, Haití, República Dominicana y Venezuela. Fuera del continente, los señalamientos más críticos fueron contra Arabia Saudita, China, Israel, Irán, Libia, Rusia, Siria, Sudán y Zimbabwe.
En lo que respecta a Panamá, el informe fue dividido en seis secciones que tienen que ver con el respeto a la integridad de la persona, incluyendo la libertad para oponerse, el respeto a las libertades civiles, el respeto a los derechos políticos para cambiar de gobierno, la actitud del gobierno con respecto a la investigación internacional no gubernamental sobre supuestas violaciones a los derechos humanos, la discriminación sobre la base de raza, sexo, discapacidad, lenguaje o estatus social y los derechos de los trabajadores.
L a embajadora de EU, Linda Watts, respaldó el informe como excelente, correcto y balanceado. Pero el ministro de Relaciones Exteriores, Harmodio Arias, lo calificó como falto de cortesía por parte de Washington, contradictorio e inexacto. Pese a su contenido no desprestigia al gobierno de la presidenta Mireya Moscoso, añadió.
Una lectura detenida revela algunas ambigüedades. Por un lado, el informe aseveró que la Policía Nacional "ejerció acciones moderadas y profesionalismo" contra manifestaciones callejeras. Pero dijo que la fuerza pública "por lo común utilizó gases lacrimógenos contra los que protestaban". Mencionó que en agosto del año pasado se realizó una reorganización parcial, pero insuficiente del sistema carcelario que alberga 11,491 prisioneros, unos 4,000 más de los que deben contener los penales. El informe se refirió a abusos policiales y de los guardias de las prisiones, pero añadió que hubo sanciones. El Departamento de Estado consideró que las detenciones preventivas siguen siendo uno de los problemas más serios de derechos humanos (DD.HH.) en Panamá, un sistema bajo el cual 6,367 detenidos, el 55% de la población penal, están en espera de juicio. Además de señalar que el poder judicial estuvo "susceptible a la corrupción y a influencias externas, incluyendo la manipulación por otros órganos del Estado" y que "el sistema de nombramiento se prestó para la interferencia política", el informe indicó que los 38 defensores públicos, e igual número de suplentes, tienen que atender 550 anuales por abogado.
Sobre las libertades civiles, el informe detalló que la prensa activa sufrió intimidación y que las antiguas leyes mordaza siguen brindando un medio para acusar a los periodistas por difamación. Pero añadió que aunque existe una junta de censura no se multó ningún canal de televisión o estación de radio por violar las normas de vulgaridad, profanación o uso de lenguaje obsceno. Acerca de la ley de transparencia, el Departamento de Estado dijo que el Gobierno Nacional la desafía bajo un decreto de junio del 2002 que limita su efecto. Sin embargo, el mismo informe sostuvo que el gobierno fue cooperador y abierto con las investigaciones internacionales no gubernamentales en el tema de los derechos humanos.
El Departamento de Estado reconoció la existencia de un Tribunal Electoral independiente, autónomo, que mantuvo la integridad del registro civil y los procesos electorales. Pero señaló que las elecciones de 1999 fueron empañadas por la compra de votos.
La violencia doméstica contra las mujeres sigue siendo grave, aseguró el informe. Hasta noviembre pasado la Policía Técnica Judicial (PTJ) había registrado 1,619 casos de violencia doméstica contra mujeres, comparados con los 1,801 del 2002. El año pasado hubo 515 casos de denuncias de violaciones, contra 505 casos del año anterior. Además, se registraron casos de trata de mujeres y de niños, acoso sexual en las entrevistas para buscar trabajo y los salarios de las mujeres fueron 30 a 35% más bajo que el de los hombres. Hasta noviembre pasado la PTJ había registrado 327 casos de abuso infantil, en comparación con 224 en el 2002. Hubo 131 casos de abuso sexual de menores o incesto. El informe aseguró que en el 2000 unos 27,000 niños entre edades de 12 a 14 años ejercían labores remuneradas.
Los grupos minoritarios como los 50,000 discapacitados que existen en el país, tienen problemas para educarse o encontrar trabajo. Los 229,000 indígenas, que representan el 8% de la población, no gozaron de los mismos derechos políticos y legales del resto de los ciudadanos, en condiciones en que el promedio de pobreza está entre el 85 y el 96%. También persistió la discriminación o el racismo.
El informe indicó que en Panamá se limitan los derechos y la estabilidad laboral por parte del gobierno y criticó al sector privado porque evade su responsabilidad y mantiene la práctica de contratos temporales o hacer firmar contratos en blanco a los trabajadores.
Como en años anteriores, el Departamento de Estado no ofreció una conclusión general sobre por qué el Gobierno Nacional no hizo más en el 2003 para mejorar el respeto de los derechos humanos. Pero la visión integral proporcionada puede servir como elemento de juicio para aplicar los correctivos necesarios de modo que el país recibe una mejor calificación el próximo año.
