Excesiva, costosa e inútil
Panamá tiene y tendrá, aún después de la última reforma constitucional, que redujo su número, más diputados que cualquiera de nuestros vecinos latinoamericanos y que cualquier otro país con el que se nos compare. Por tamaño de población, si se aplicara el promedio vigente en el continente americano, nuestra flamante Asamblea Nacional no debiera tener más de 50 diputados.
La última reforma constitucional redujo los diputados a 71 y eliminó a uno de los suplentes, por lo que el número total de "legisladores" se reducirá a 156, contando principales y suplentes. Esa cantidad sigue siendo excesiva y el costo de mantenerla es escandaloso. Nominalmente, sólo en gastos directos de funcionamiento, que no comprenden "las partidas y partiditas colaterales ni las exoneraciones", entre ellas, el derecho a importar, cada uno, los suplentes también, varios vehículos, del tamaño y costo que les venga en ganas, y que, como se sabe, muchos negocian impúdicamente para lucrar a costa del erario, la Asamblea nos cuesta, anualmente 54 millones de balboas. Y pueden ustedes estar seguros de que, aunque el número de sus miembros disminuya, esa cifra no se reducirá sino que seguirá aumentando.
Para dictar las leyes que Panamá necesita, buenas leyes, por supuesto, no hace falta tanta gente. La escasa y pobre productividad, en cantidad pero principalmente en calidad, de la Asamblea, comparada con su costo, es prueba fehaciente de que "los padres y madres de la patria", como generalidad, son una gran estafa. Las excepciones son pocas y las conocemos; pero su capacidad de luchar contra la corriente imperante es nula.
La institución legislativa panameña tiene que cambiar y superar sus lacras; pero eso, también lo sabemos, no ocurrirá por generación espontánea y mucho menos podemos esperar que nazca de los miembros de la Asamblea ni de los partidos que los respaldan. El cambio tendrá que producirse por la presión de la sociedad, que debe exigirlo e imponerlo.
La Asamblea debe cumplir sus funciones constitucionales que son, básicamente, dos: Una, legislar, responsabilidad que cede constantemente mediante la concesión de las llamadas "facultades extraordinarias", para que el Organo Ejecutivo usurpe la función legislativa; la otra, fiscalizar las labores del Organo Ejecutivo, que tampoco cumple, por su descarada subordinación al mandatario de turno.
En menos de un año, volveremos a las urnas para renovar la Asamblea. La próxima podría ser diferente a la actual, si a los candidatos, que ya proliferan en todos los circuitos, les exigimos que se comprometan a: 1) Renunciar, de una vez por todas, a las infames "partidas circuitales"; 2) renunciar a las exoneraciones y privilegios, principalmente, a la de vehículos; 3) no conceder facultades extraordinarias al Organo Ejecutivo; 4) no aceptar ser convocados a sesiones extraordinarias, que no se justifican en una asamblea que funciona los 12 meses del año; 5) divulgar cómo están financiando sus campañas; y 6) aceptar que no cobrarán sus salarios si no asisten a las sesiones.
Como electores sólo debemos votar por aquellos candidatos, independientes o de partidos que, expresamente, acepten y cumplan con esos compromisos. Si la nueva asamblea es igual que la actual o peor, los electores también seremos responsables.
