Exijamos renuncias e investigaciones
Resulta verdaderamente insólito que un magistrado de la Corte Suprema de Justicia cuya misión primordial es la de salvaguardar la justicia y la institucionalidad del Estado, exprese ante la faz del país que su nombramiento fue producto de un soborno. Tales declaraciones del mencionado magistrado no deben pasar desapercibidas, porque ensombrecen la imagen de la nación y nos coloca en una posición en donde los principios democráticos, de libertad y de justicia social, sufren una quiebra que amenaza la estabilidad económica, política y social de todos los panameños.
Sin más demora, la Corte Suprema de Justicia debe reabrir el caso CEMIS, porque así lo quiere todo un pueblo, a fin de que el Ministerio Público investigue hasta las últimas consecuencias y se logre el objetivo que anhela la ciudadanía de ver sentados en el banco de los acusados a todos aquellos funcionarios que han venido aprovechándose de sus cargos para delinquir en perjuicio de los caros intereses de la nación.
El momento que vive el país es crucial y ningún panameño debe permitir que se pierda el propósito de rescatar para las generaciones presentes y futuras, los valores éticos y morales que son los únicos capaces de fortalecer la institucionalidad democrática y conducir a la comunidad nacional hacia su progreso y desarrollo.
Las declaraciones del magistrado Cigarruista son muy delicadas y hacen mucho daño a una Asamblea Legislativa que hemos venido cuestionando con el afán de lograr cambios de actitud en muchos legisladores que han defraudado a las comunidades que los eligieron, dedicándose, únicamente, a defender intereses partidistas por encima de los caros intereses de la República. Y así pretenden reelegirse en las próximas elecciones.
A raíz de iniciado el régimen de gobierno de "Unión por Panamá" decíamos que uno de los retos que enfrentaba la nueva administración, era el de trabajar, arduamente para mantener las instituciones gubernamentales protegidas de la deshonestidad, la incapacidad y la corrupción. El país ha venido sufriendo una falta de credibilidad en sus instituciones y urge recobrarla en el presente y futuro, en base a un trabajo honesto, responsable de quienes tienen en sus manos la administración y funcionamiento de las mismas.
Dolorosamente es muy poco lo que se ha hecho por el adecentamiento de las instituciones públicas y ahora que se cuenta con una Ley de Transparencia, recientemente creada, esperamos que el pueblo panameño estremecido por la gravedad de los acontecimientos surgidos con las declaraciones del magistrado Cigarruista, se decida a exigir renuncias e investigaciones que llegue hasta el final para que la nación retorne a una vida de paz, tranquilidad, trabajo constructivo y profundo respecto a la imagen de la patria.
Sin más demora, la Corte Suprema de Justicia debe reabrir el caso CEMIS, porque así lo quiere todo un pueblo, a fin de que el Ministerio Público investigue hasta las últimas consecuencias y se logre el objetivo que anhela la ciudadanía de ver sentados en el banco de los acusados a todos aquellos funcionarios que han venido aprovechándose de sus cargos para delinquir en perjuicio de los caros intereses de la nación.
El momento que vive el país es crucial y ningún panameño debe permitir que se pierda el propósito de rescatar para las generaciones presentes y futuras, los valores éticos y morales que son los únicos capaces de fortalecer la institucionalidad democrática y conducir a la comunidad nacional hacia su progreso y desarrollo.
Las declaraciones del magistrado Cigarruista son muy delicadas y hacen mucho daño a una Asamblea Legislativa que hemos venido cuestionando con el afán de lograr cambios de actitud en muchos legisladores que han defraudado a las comunidades que los eligieron, dedicándose, únicamente, a defender intereses partidistas por encima de los caros intereses de la República. Y así pretenden reelegirse en las próximas elecciones.
A raíz de iniciado el régimen de gobierno de "Unión por Panamá" decíamos que uno de los retos que enfrentaba la nueva administración, era el de trabajar, arduamente para mantener las instituciones gubernamentales protegidas de la deshonestidad, la incapacidad y la corrupción. El país ha venido sufriendo una falta de credibilidad en sus instituciones y urge recobrarla en el presente y futuro, en base a un trabajo honesto, responsable de quienes tienen en sus manos la administración y funcionamiento de las mismas.
Dolorosamente es muy poco lo que se ha hecho por el adecentamiento de las instituciones públicas y ahora que se cuenta con una Ley de Transparencia, recientemente creada, esperamos que el pueblo panameño estremecido por la gravedad de los acontecimientos surgidos con las declaraciones del magistrado Cigarruista, se decida a exigir renuncias e investigaciones que llegue hasta el final para que la nación retorne a una vida de paz, tranquilidad, trabajo constructivo y profundo respecto a la imagen de la patria.
