Exodo hacia las escuelas públicas
De acuerdo a un estudio del Banco Mundial, en Panamá la escuela privada es nueve veces más cara en la enseñanza primaria y cuatro veces más cara en la enseñanza secundaria. A pesar de ello y de que uno de cada tres panameños vive en pobreza, uno de cada seis estudiantes cursa estudios en escuelas privadas. El panameño parece haber reconocido que el costo de una buena educación es un sacrificio que vale la pena asumir, pero en momentos difíciles el renglón educativo, sin duda, será sacrificado.
Por supuesto que tratarán de transferir a niños y jóvenes a escuelas públicas. Por disposición constitucional y legal, el Estado tiene la obligación de brindar educación hasta noveno grado. Por ello, no puede negarles la admisión al sistema educativo público, pero éste no está preparado para recibir a los más de 10 mil estudiantes que hasta el año pasado cursaban estudios en escuelas privadas. La infraestructura física es insuficiente y a duras penas puede siquiera acomodar al estudiantado existente. Tampoco es conveniente inflar la planilla estatal contratando más maestros, profesores y personal administrativo para atender esta demanda coyuntural. Somos uno de los países que más gastamos en educación, pero quizá en la forma más ineficiente y con los peores resultados.
El Estado debe implementar medidas transitorias, como el aumento de la relación estudiante-maestro, siempre tratando de atender esta nueva demanda con los recursos e infraestructura existente. También debe adoptar medidas extraordinarias para permitir que ciertos estudiantes permanezcan en el sistema privado. Por ejemplo, podría lograr otorgar subsidios directos a las escuelas privadas para que mantengan ciertos estudiantes o indirectos a los padres de familia para que sus hijos se queden en el sistema privado. De otra forma, podrían quebrar centros de estudio privado, lo cual sería desafortunado y contraproducente a largo plazo.
Por supuesto que tratarán de transferir a niños y jóvenes a escuelas públicas. Por disposición constitucional y legal, el Estado tiene la obligación de brindar educación hasta noveno grado. Por ello, no puede negarles la admisión al sistema educativo público, pero éste no está preparado para recibir a los más de 10 mil estudiantes que hasta el año pasado cursaban estudios en escuelas privadas. La infraestructura física es insuficiente y a duras penas puede siquiera acomodar al estudiantado existente. Tampoco es conveniente inflar la planilla estatal contratando más maestros, profesores y personal administrativo para atender esta demanda coyuntural. Somos uno de los países que más gastamos en educación, pero quizá en la forma más ineficiente y con los peores resultados.
El Estado debe implementar medidas transitorias, como el aumento de la relación estudiante-maestro, siempre tratando de atender esta nueva demanda con los recursos e infraestructura existente. También debe adoptar medidas extraordinarias para permitir que ciertos estudiantes permanezcan en el sistema privado. Por ejemplo, podría lograr otorgar subsidios directos a las escuelas privadas para que mantengan ciertos estudiantes o indirectos a los padres de familia para que sus hijos se queden en el sistema privado. De otra forma, podrían quebrar centros de estudio privado, lo cual sería desafortunado y contraproducente a largo plazo.
