Falta de justicia
Mal podrían investigarse las denuncias sobre el tema ambiental en Panamá, si a pesar de que la Ley 41 General del Ambiente de 1998, ordena la creación de fiscalías, el gobierno central no ha otorgado el presupuesto correspondiente al Ministerio Público.
Al fiscal quinto de circuito, Giovanni Olmos, le toca no sólo verificar los asuntos relativos a por ejemplo la deforestación en Darién, sino también el hurto y robo de autos en la capital y "sin recursos eso es casi imposible". En esos términos la aplicación de justicia ambiental resulta utópica.
Es triste, añade, que no existen delitos tipificados sobre lo referente a la contaminación hídrica que se registra con tanta frecuencia en Panamá y que las sanciones sobre la vida silvestre sean "irrisorias", máximo dos años, así como incendio forestal, donde la pena máxima son cinco años.
Los obstáculos y conflictos a la hora de habar del tema ambiental son muchos y de todas las índoles.
Héctor Guzmán, por ejemplo, ecólogo del Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales, citó el caso de las muchas licencias que se otorgan a flotas pesqueras internacionales que no sólo se limitan a las aguas territoriales panameñas, sino que irrumpen en áreas protegidas.
Ese es el caso del atún en Coiba. Según Guzmán, muchas denuncias se han interpuesto al respecto, sin embargo, "la tertulia es permanente, nadie hace nada y las licencias se siguen otorgando".
El ecólogo califica la situación como ambivalente. Ocurre que mientras la industria local firma acuerdos sobre la pesca, la internacional sigue en sus labores sin mayor control.
Y en medio de esta coyuntura, el tiburón está siendo una de las especies más afectada. En Costa Rica, para señalar algún caso específico, se prohíbe la masacre, pues existe la práctica famosa de cortarle las aletas al mamífero y botarlo literalmente vivo al mar. Aunque es una regulación insuficiente, ya se dio un paso determinante.
Panamá no está ni cerca de eso. Guzmán dio a conocer que hace unas semanas tres de sus asistentes trabajaban en el Archipiélago de Las Perlas cuando vieron una embarcación al lado noreste de la Isla del Rey, donde se limpiaban los cuerpos de más de 200 tiburones martillo que medían unos 50 centímetros de largo.
Ya antes, en una entrevista con El Panamá América, Guzmán había advertido que "somos ignorantes de la realidad marina de este país".
Sólo en lo relativo al tema del Parque Nacional de Coiba, el ecólogo sostuvo que lo que se creía un arrecife coralino, con unas 140 a 160 hectáreas ha resultado ser, según las investigaciones un fondo marino con comunidades coralinas cercano a las mil hectáreas.
Coiba, en Panamá y Galápagos, en Ecuador, enlistan características comunes que las convierten en atractivos de incalculable valor para la ciencia.
No obstante, éste y otros delitos, tal como lo explicó Olmos, no podrán sancionarse hasta tanto las fiscalías ambientales adquieran el papel que les compete a través de la partida requerida para esos propósitos.
Una breve mirada al Régimen Ecológico y el Régimen Agrario de la Constitución Nacional podría llevarnos a contraposiciones sobre el tema ambiental y las áreas verdes de Panamá.
El artículo 116 del primero, señala textualmente: "el Estado reglamentará, fiscalizará y aplicará oportunamente las medidas necesarias para garantizar que la utilización y el aprovechamiento de la fauna terrestre fluvial y marina, así como de los bosques, tierras y aguas se llevan a cabo racionalmente, de manera que se evite su depredación y se asegure su preservación, renovación y permanencia.
Sólo unas líneas después, el artículo 119 del segundo régimen citado, indica: "el Estado no permitirá la existencia de áreas incultas, improductivas y ociosas y regulará las relaciones de trabajo en el agro, fomentando una máxima productividad y justa distribución de los beneficios de ésta".
Mientras en principio se solicite racionalidad, absteniéndose de la depredación, en otros términos se expresa la necesidad de fomentar la productividad.
En este sentido entonces, cabe preguntarse ¿puede evitarse la depredación y a la vez fomentar la productividad?.
Al fiscal quinto de circuito, Giovanni Olmos, le toca no sólo verificar los asuntos relativos a por ejemplo la deforestación en Darién, sino también el hurto y robo de autos en la capital y "sin recursos eso es casi imposible". En esos términos la aplicación de justicia ambiental resulta utópica.
Es triste, añade, que no existen delitos tipificados sobre lo referente a la contaminación hídrica que se registra con tanta frecuencia en Panamá y que las sanciones sobre la vida silvestre sean "irrisorias", máximo dos años, así como incendio forestal, donde la pena máxima son cinco años.
Los obstáculos y conflictos a la hora de habar del tema ambiental son muchos y de todas las índoles.
Héctor Guzmán, por ejemplo, ecólogo del Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales, citó el caso de las muchas licencias que se otorgan a flotas pesqueras internacionales que no sólo se limitan a las aguas territoriales panameñas, sino que irrumpen en áreas protegidas.
Ese es el caso del atún en Coiba. Según Guzmán, muchas denuncias se han interpuesto al respecto, sin embargo, "la tertulia es permanente, nadie hace nada y las licencias se siguen otorgando".
El ecólogo califica la situación como ambivalente. Ocurre que mientras la industria local firma acuerdos sobre la pesca, la internacional sigue en sus labores sin mayor control.
Y en medio de esta coyuntura, el tiburón está siendo una de las especies más afectada. En Costa Rica, para señalar algún caso específico, se prohíbe la masacre, pues existe la práctica famosa de cortarle las aletas al mamífero y botarlo literalmente vivo al mar. Aunque es una regulación insuficiente, ya se dio un paso determinante.
Panamá no está ni cerca de eso. Guzmán dio a conocer que hace unas semanas tres de sus asistentes trabajaban en el Archipiélago de Las Perlas cuando vieron una embarcación al lado noreste de la Isla del Rey, donde se limpiaban los cuerpos de más de 200 tiburones martillo que medían unos 50 centímetros de largo.
Ya antes, en una entrevista con El Panamá América, Guzmán había advertido que "somos ignorantes de la realidad marina de este país".
Sólo en lo relativo al tema del Parque Nacional de Coiba, el ecólogo sostuvo que lo que se creía un arrecife coralino, con unas 140 a 160 hectáreas ha resultado ser, según las investigaciones un fondo marino con comunidades coralinas cercano a las mil hectáreas.
Coiba, en Panamá y Galápagos, en Ecuador, enlistan características comunes que las convierten en atractivos de incalculable valor para la ciencia.
No obstante, éste y otros delitos, tal como lo explicó Olmos, no podrán sancionarse hasta tanto las fiscalías ambientales adquieran el papel que les compete a través de la partida requerida para esos propósitos.
Una breve mirada al Régimen Ecológico y el Régimen Agrario de la Constitución Nacional podría llevarnos a contraposiciones sobre el tema ambiental y las áreas verdes de Panamá.
El artículo 116 del primero, señala textualmente: "el Estado reglamentará, fiscalizará y aplicará oportunamente las medidas necesarias para garantizar que la utilización y el aprovechamiento de la fauna terrestre fluvial y marina, así como de los bosques, tierras y aguas se llevan a cabo racionalmente, de manera que se evite su depredación y se asegure su preservación, renovación y permanencia.
Sólo unas líneas después, el artículo 119 del segundo régimen citado, indica: "el Estado no permitirá la existencia de áreas incultas, improductivas y ociosas y regulará las relaciones de trabajo en el agro, fomentando una máxima productividad y justa distribución de los beneficios de ésta".
Mientras en principio se solicite racionalidad, absteniéndose de la depredación, en otros términos se expresa la necesidad de fomentar la productividad.
En este sentido entonces, cabe preguntarse ¿puede evitarse la depredación y a la vez fomentar la productividad?.
