Financiamiento del terrorismo
Los Estados Unidos y la Comunidad Europea ya han adoptado legislación y reglamentación especial en este sentido. No sólo han reforzado las reglas sobre "conocer al cliente" sino que han extendido fuera del sector financiero la aplicación de éstas y otras normas relacionadas. Además, están canalizando estos esfuerzos a través de organizaciones como el Grupo de Acción Financiera sobre Blanqueo de Capitales (GAFI), creado en 1989 en la reunión anual de París del Grupo de los Siete (G-7) como una entidad intergubernamental para combatir el lavado de dinero producto del narcotráfico.
Recientemente, en una reunión plenaria del GAFI, en la cual participaron 31 países miembros y 18 organizaciones regionales, se decidió incluir entre los objetivos de la organización la guerra contra el terrorismo y, en particular, contra el financiamiento de los terroristas y las organizaciones que los respaldan. En particular, hicieron una serie de recomendaciones, que incluyen la adopción de convenios internacionales como la Convención de la Organización de las Naciones Unidas para Reprimir el Financiamiento del Terrorismo; la aprobación de normas para permitir a las autoridades detectar, prevenir y confiscar dineros vinculados al terrorismo; el requerimiento de reportar transacciones que se sospeche guarden relación con organizaciones terroristas o sus miembros; el permiso a las autoridades para compartir información al respecto con sus homólogos extranjeros, y la adopción de una regulación adecuada para prevenir que las organizaciones sin fines de lucro sean utilizadas para promover o albergar actos o transacciones terroristas. Además, insistieron en que el cumplimiento con las 40 recomendaciones sobre el blanqueo de capitales también contribuirá a combatir el terrorismo.
En nuestro país, la legislación penal sanciona las actividades terroristas así como la utilización del sistema financiero para dotar de recursos a los mismos. Y organismos como la Unidad de Análisis Financiero (UAF) están legalmente autorizados para recabar y compartir con autoridades extranjeras información financiera vinculada a actos terroristas. Tenemos que ser proactivos en la lucha contra el terrorismo para prevenir que utilicen a Panamá como base o puente para sus actividades delictivas y que pretendan desprestigiar nuestras instituciones para acabar con el centro financiero internacional.
Recientemente, en una reunión plenaria del GAFI, en la cual participaron 31 países miembros y 18 organizaciones regionales, se decidió incluir entre los objetivos de la organización la guerra contra el terrorismo y, en particular, contra el financiamiento de los terroristas y las organizaciones que los respaldan. En particular, hicieron una serie de recomendaciones, que incluyen la adopción de convenios internacionales como la Convención de la Organización de las Naciones Unidas para Reprimir el Financiamiento del Terrorismo; la aprobación de normas para permitir a las autoridades detectar, prevenir y confiscar dineros vinculados al terrorismo; el requerimiento de reportar transacciones que se sospeche guarden relación con organizaciones terroristas o sus miembros; el permiso a las autoridades para compartir información al respecto con sus homólogos extranjeros, y la adopción de una regulación adecuada para prevenir que las organizaciones sin fines de lucro sean utilizadas para promover o albergar actos o transacciones terroristas. Además, insistieron en que el cumplimiento con las 40 recomendaciones sobre el blanqueo de capitales también contribuirá a combatir el terrorismo.
En nuestro país, la legislación penal sanciona las actividades terroristas así como la utilización del sistema financiero para dotar de recursos a los mismos. Y organismos como la Unidad de Análisis Financiero (UAF) están legalmente autorizados para recabar y compartir con autoridades extranjeras información financiera vinculada a actos terroristas. Tenemos que ser proactivos en la lucha contra el terrorismo para prevenir que utilicen a Panamá como base o puente para sus actividades delictivas y que pretendan desprestigiar nuestras instituciones para acabar con el centro financiero internacional.
