Fiscalización de la Autoridad del Canal
Cuando por inadvertencia o temeridad alguien sin permiso o sin vínculos visibles con la administración colonial de la antigua Zona del Canal franqueaba sus límites sin acatar las señales de "No Trespassing", al minuto aparecía un agente de policía norteamericano, desprovisto de todo sentido del humor y de la más elemental cortesía que lo reprendía o lo conducía fuera del límite, o en el peor de los casos, lo llevaba detenido para que se le impusiera una pena de multa o de prisión.
Actualmente lo que ocurre es que cualquier panameño o panameña puede entrar y salir libremente de las áreas revertidas y disfrutar del paisaje de las esclusas mientras ve pasar los barcos por las aguas de nuestro Canal. Pero hay una gama de informaciones sobre la administración de la vía interoceánica que permanecen inaccesibles para la ciudadanía en general. En otras ocasiones he expresado mis puntos de vista sobre el hermetismo o la falta de transparencia que se practica en los asuntos del Canal.
Si los panameños no tuviéramos la referencia histórica de un pasado reciente en el que todo lo que ocurría en el Canal y en la antigua Zona era como si pasara en otro país, tal vez seríamos menos sensibles a un régimen que tiende a convertir a la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) en una entidad que parece haberse auto-exonerado de rendir cuentas ante las instancias de fiscalización y de control que dignifican la República.
Nunca he creído que el Título XIV de la Constitución fue acordado como expresión de la voluntad del pueblo panameño de no saber, de no entender, de no participar en las decisiones de la ACP, ni mucho menos renunciar a los procedimientos de fiscalización y control. Proteger los asuntos del Canal de los vaivenes de la política panameña no es lo mismo que convertir los asuntos del Canal en un bastión inexpugnable, ajeno a la obligación de perfeccionar nuestra democracia y hacerla más participativa, sobre todo después de que entraron en vigencia los Tratados Torrijos-Carter, cuando dejamos de ser una caricatura de república.
En estos momentos, la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Legislativa está considerando, en primer debate, el proyecto de presupuesto de operaciones e inversiones presentado a la consideración del Legislativo por la Autoridad del Canal, para la vigencia fiscal del 1 de octubre de 2004 al 30 de septiembre de 2005, que contempla para el AF 2005 un total de ingresos estimados de B/. 1,061.1 millones. Llama la atención que en este proceso tan sensitivo de aprobación presupuestaria, las autoridades del Canal hayan comunicado a la Asamblea que a la fecha "aún está pendiente la aprobación del presupuesto modificado del AF 2004 por parte de la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Legislativa".
El serio y profundo enjuiciamiento que ha hecho el Legislador Jacobo Salas, presidente de la Asamblea Legislativa, del comportamiento de la entidad que administra las finanzas del Canal merece el reconocimiento y el aprecio del pueblo panameño. La noticia más trascendental para la institucionalidad del país circulada la pasada semana se resume en la declaración que Jacobo Salas, en ejercicio de su alta investidura, hizo a El Panamá América el sábado 5 de junio, al señalar que "la entidad debe explicar cómo maneja los fondos que se le asignan", ya que "el Canal no debe manejarse como un Estado aparte". Fue terminante el presidente del Organo Legislativo al exigir que "previo a la aprobación del presupuesto de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) para el año fiscal 2005 se incluyan en el proyecto de ley las normas de ejecución presupuestarias y las cifras de las partidas asignadas". Salas ha respondido a los mejores intereses de la nación al sostener con patriótico acierto que "la ACP no puede ser manejada como un Estado dentro de otro con total autonomía sin rendir cuentas a nadie y sin que el resto del país conozca cómo maneja los fondos que se le asignan para su funcionamiento".
En la misma línea de pensamiento, la Coalición de Sindicatos del Canal de Panamá ha hecho públicas sus preocupaciones por el manejo que la Administración del Canal le dispensa a ciertas iniciativas referentes a la ampliación de la vía interoceánica. El diario La Prensa en su edición del viernes pasado, 4 de junio, presentó una noticia titulada "Sindicatos critican ampliación del Canal" con el subtítulo "La Coalición de Sindicatos del Canal asegura que una licitación internacional para el proyecto les quitaría trabajo". Los trabajadores citan entre sus objeciones:
1) La asignación en el actual presupuesto (2003-2004) de una partida de 45 millones de dólares para la "construcción de una draga", cuya licitación no ha sido anunciada, no obstante contar con las especificaciones de la misma; 2) la decisión de hacer una licitación internacional para la profundización de las entradas al Canal en el Pacífico y el Atlántico por $66 millones; y 3) la asignación de 38 millones de dólares más para el proyecto de profundización mencionado, en el proyecto de presupuesto de la ACP, en proceso de aprobación por la Asamblea Legislativa, lo que hace un gran total de 104 millones de dólares.
Este laberinto de proyectos y de millones debería tener su hilo conductor. Sólo las empresas privadas pueden, aunque no deben, permitirse tener a veces al Minotauro muy protegido del acceso del público.
Traigo a colación sobre esta materia que el señor Contralor General de la República me envió una carta fechada 26/10/2003, en la cual se refería a los artículos que con fecha 6, 13, 20 y 27 de octubre de 2003, publiqué bajo el título "El Canal: hacia un debate nacional" (I), (II), (III), (IV).
El Contralor Weeden me hizo presente en su nota que el Departamento de Auditoría del Canal de Panamá de la Contraloría había realizado hasta esa fecha 14 auditorías y 6 investigaciones relativas a la ejecución del presupuesto de la Autoridad del Canal. Le solicité que me permitiera conocer los resultados de esas diligencias. Hasta el momento no he tenido respuesta, pero se han ido acumulando las razones para que se acreciente el interés en tener informaciones claras sobre la ejecución del presupuesto de la Autoridad del Canal.
En la carta referida, el Contralor hace el esclarecimiento de que "El Control Posterior es aquel que se aplica durante el curso de la ejecución, o después de ejecutado un acto de manejo, control que corresponde a la fase posterior, una vez que el acto controlado surge a la vida jurídico-administrativa, como válido y eficaz, o sea, idóneo para generar o estar generando las consecuencias jurídicas y económicas propias del mismo o cuando ya ha generado todos sus efectos".
El hecho de que la ACP le dijera a La Prensa que el proyecto de profundización consiste en una iniciativa "multianual", cuya ejecución va del AF 2004 al AF 2007 con una inversión estimada de 112.5 millones de dólares, faculta a la Contraloría General a ejercer su función fiscalizadora durante el curso de la ejecución del referido proyecto.
Creo que es aleccionador mencionar que la Embajadora Linda Watts, de los Estados Unidos, al presidir un acto en el cual entregó una contribución financiera a algunas Organizaciones No Gubernamentales panameñas, expresó ideas constructivas al señalar que: "la participación de la sociedad civil es fundamental para alcanzar excelencia en la justicia, transparencia, responsabilidad y rendición de cuentas". "En la rendición de cuentas -agregó- es donde cobra mayor preponderancia la participación activa de la sociedad civil." En su concepto "la única manera de que los gobernantes se sientan obligados a responder ante el pueblo es que haya organismos que exijan explicación". (El Panamá América, 4 de junio del 2004).
He insistido y seguiré insistiendo en la importancia de una rendición de cuentas por parte de la Autoridad del Canal. Con eso no pretendo poner a esa entidad bajo ningún régimen de discriminación. Creo que la rendición de cuentas es una obligación que corresponde a todas las instituciones que manejan fondos públicos.
Actualmente lo que ocurre es que cualquier panameño o panameña puede entrar y salir libremente de las áreas revertidas y disfrutar del paisaje de las esclusas mientras ve pasar los barcos por las aguas de nuestro Canal. Pero hay una gama de informaciones sobre la administración de la vía interoceánica que permanecen inaccesibles para la ciudadanía en general. En otras ocasiones he expresado mis puntos de vista sobre el hermetismo o la falta de transparencia que se practica en los asuntos del Canal.
Si los panameños no tuviéramos la referencia histórica de un pasado reciente en el que todo lo que ocurría en el Canal y en la antigua Zona era como si pasara en otro país, tal vez seríamos menos sensibles a un régimen que tiende a convertir a la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) en una entidad que parece haberse auto-exonerado de rendir cuentas ante las instancias de fiscalización y de control que dignifican la República.
Nunca he creído que el Título XIV de la Constitución fue acordado como expresión de la voluntad del pueblo panameño de no saber, de no entender, de no participar en las decisiones de la ACP, ni mucho menos renunciar a los procedimientos de fiscalización y control. Proteger los asuntos del Canal de los vaivenes de la política panameña no es lo mismo que convertir los asuntos del Canal en un bastión inexpugnable, ajeno a la obligación de perfeccionar nuestra democracia y hacerla más participativa, sobre todo después de que entraron en vigencia los Tratados Torrijos-Carter, cuando dejamos de ser una caricatura de república.
En estos momentos, la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Legislativa está considerando, en primer debate, el proyecto de presupuesto de operaciones e inversiones presentado a la consideración del Legislativo por la Autoridad del Canal, para la vigencia fiscal del 1 de octubre de 2004 al 30 de septiembre de 2005, que contempla para el AF 2005 un total de ingresos estimados de B/. 1,061.1 millones. Llama la atención que en este proceso tan sensitivo de aprobación presupuestaria, las autoridades del Canal hayan comunicado a la Asamblea que a la fecha "aún está pendiente la aprobación del presupuesto modificado del AF 2004 por parte de la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Legislativa".
El serio y profundo enjuiciamiento que ha hecho el Legislador Jacobo Salas, presidente de la Asamblea Legislativa, del comportamiento de la entidad que administra las finanzas del Canal merece el reconocimiento y el aprecio del pueblo panameño. La noticia más trascendental para la institucionalidad del país circulada la pasada semana se resume en la declaración que Jacobo Salas, en ejercicio de su alta investidura, hizo a El Panamá América el sábado 5 de junio, al señalar que "la entidad debe explicar cómo maneja los fondos que se le asignan", ya que "el Canal no debe manejarse como un Estado aparte". Fue terminante el presidente del Organo Legislativo al exigir que "previo a la aprobación del presupuesto de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) para el año fiscal 2005 se incluyan en el proyecto de ley las normas de ejecución presupuestarias y las cifras de las partidas asignadas". Salas ha respondido a los mejores intereses de la nación al sostener con patriótico acierto que "la ACP no puede ser manejada como un Estado dentro de otro con total autonomía sin rendir cuentas a nadie y sin que el resto del país conozca cómo maneja los fondos que se le asignan para su funcionamiento".
En la misma línea de pensamiento, la Coalición de Sindicatos del Canal de Panamá ha hecho públicas sus preocupaciones por el manejo que la Administración del Canal le dispensa a ciertas iniciativas referentes a la ampliación de la vía interoceánica. El diario La Prensa en su edición del viernes pasado, 4 de junio, presentó una noticia titulada "Sindicatos critican ampliación del Canal" con el subtítulo "La Coalición de Sindicatos del Canal asegura que una licitación internacional para el proyecto les quitaría trabajo". Los trabajadores citan entre sus objeciones:
1) La asignación en el actual presupuesto (2003-2004) de una partida de 45 millones de dólares para la "construcción de una draga", cuya licitación no ha sido anunciada, no obstante contar con las especificaciones de la misma; 2) la decisión de hacer una licitación internacional para la profundización de las entradas al Canal en el Pacífico y el Atlántico por $66 millones; y 3) la asignación de 38 millones de dólares más para el proyecto de profundización mencionado, en el proyecto de presupuesto de la ACP, en proceso de aprobación por la Asamblea Legislativa, lo que hace un gran total de 104 millones de dólares.
Este laberinto de proyectos y de millones debería tener su hilo conductor. Sólo las empresas privadas pueden, aunque no deben, permitirse tener a veces al Minotauro muy protegido del acceso del público.
Traigo a colación sobre esta materia que el señor Contralor General de la República me envió una carta fechada 26/10/2003, en la cual se refería a los artículos que con fecha 6, 13, 20 y 27 de octubre de 2003, publiqué bajo el título "El Canal: hacia un debate nacional" (I), (II), (III), (IV).
El Contralor Weeden me hizo presente en su nota que el Departamento de Auditoría del Canal de Panamá de la Contraloría había realizado hasta esa fecha 14 auditorías y 6 investigaciones relativas a la ejecución del presupuesto de la Autoridad del Canal. Le solicité que me permitiera conocer los resultados de esas diligencias. Hasta el momento no he tenido respuesta, pero se han ido acumulando las razones para que se acreciente el interés en tener informaciones claras sobre la ejecución del presupuesto de la Autoridad del Canal.
En la carta referida, el Contralor hace el esclarecimiento de que "El Control Posterior es aquel que se aplica durante el curso de la ejecución, o después de ejecutado un acto de manejo, control que corresponde a la fase posterior, una vez que el acto controlado surge a la vida jurídico-administrativa, como válido y eficaz, o sea, idóneo para generar o estar generando las consecuencias jurídicas y económicas propias del mismo o cuando ya ha generado todos sus efectos".
El hecho de que la ACP le dijera a La Prensa que el proyecto de profundización consiste en una iniciativa "multianual", cuya ejecución va del AF 2004 al AF 2007 con una inversión estimada de 112.5 millones de dólares, faculta a la Contraloría General a ejercer su función fiscalizadora durante el curso de la ejecución del referido proyecto.
Creo que es aleccionador mencionar que la Embajadora Linda Watts, de los Estados Unidos, al presidir un acto en el cual entregó una contribución financiera a algunas Organizaciones No Gubernamentales panameñas, expresó ideas constructivas al señalar que: "la participación de la sociedad civil es fundamental para alcanzar excelencia en la justicia, transparencia, responsabilidad y rendición de cuentas". "En la rendición de cuentas -agregó- es donde cobra mayor preponderancia la participación activa de la sociedad civil." En su concepto "la única manera de que los gobernantes se sientan obligados a responder ante el pueblo es que haya organismos que exijan explicación". (El Panamá América, 4 de junio del 2004).
He insistido y seguiré insistiendo en la importancia de una rendición de cuentas por parte de la Autoridad del Canal. Con eso no pretendo poner a esa entidad bajo ningún régimen de discriminación. Creo que la rendición de cuentas es una obligación que corresponde a todas las instituciones que manejan fondos públicos.
