Fondos para la educación
El supuesto manejo irregular de los fondos provenientes del Seguro Educativo por parte de los directores de algunos colegios secundarios ha sido noticia de primera plana en las últimas semanas. No se trata de un problema de reciente data, pero ha adquirido notoriedad con la entrada en vigencia de las leyes 49 y 50 de 2002, las cuales reforman diversos aspectos de la denominada Ley Wilson, que estableció el Seguro Educativo en primera instancia. A raíz de todas estas denuncias y de las quejas presentadas, a su vez, por representantes de ANDESO, organismo que aglutina a los directores de escuelas secundarias o de nivel pre-medio y medio, ya hay quienes plantean que el problema está en las leyes recientemente aprobadas y que por lo tanto, las mismas deben ser reformadas. No estoy de acuerdo con dicha posición y a ello obedece que comparta con ustedes algunos criterios al respecto a través de este artículo.
En primer lugar, el problema de la educación panameña no parece tener su origen en una insuficiente asignación de fondos al sector, ya que cumplimos con los porcentajes mínimos sugeridos a nivel internacional. Más bien, parece ser un problema de inadecuada fijación de prioridades y de ineficiente utilización de los recursos. En el caso específico del Seguro Educativo, la porción del mismo que correspondía exclusivamente a los colegios secundarios en los últimos años había estado en el orden de los 30 millones de dólares al año. Una suma bastante considerable dentro de las realidades presupuestarias del país y sin embargo, no parece que existiera un control efectivo en cuanto a la utilización del mismo. Que yo sepa, no existen estadísticas ni análisis cuantitativos o cualitativos que nos ayuden a evaluar en qué se ha invertido dicho dinero en cada uno de los centros escolares beneficiados o qué resultados se han obtenido con dichas inversiones.
En los últimos años, había surgido una creciente demanda a nivel de los centros educativos del nivel primario para ser tomados en cuenta en la distribución del Seguro Educativo. Demanda que no dejaba de tener justificación, máxime si tomamos en consideración que todos los estudios internacionales recomiendan dar mayor prioridad en la inversión estatal al nivel básico de la educación. Recomendación, que valga decirlo, no acatamos en Panamá.
Recogiendo esa inquietud, el legislador Jerry Wilson presentó una propuesta de reforma a la Ley 13 ante la Asamblea. Dicha propuesta quedó en suspenso, mientras el tema era discutido por los integrantes del Diálogo por la Transformación Integral de la Educación Nacional, quienes llegaron a ciertos puntos de consenso en torno a una reforma del Seguro Educativo. Con esos criterios en mente, el Ministerio de Educación elaboró sendos proyectos de ley, que fueron sometidos a consideración de la Asamblea Legislativa, la cual hizo una amplia consulta de ambos, aprobándolos con el apoyo de las distintas bancadas que integran el pleno legislativo. Ese fue el proceso que llevó a la sanción de lo que hoy son las leyes 49 y 50 de 2002.
Durante dicho proceso, quedó en evidencia que al incluir a las escuelas primarias, la reasignación entre más centros educativos provocaría que aquellos que recibían fondos antes de la reforma, iban a recibir menos como producto de la misma, pero que aquellos que no recibían nada, ahora recibirían algo.
Para que el cambio no fuera tan dramático, los participantes del Diálogo propusieron que el 20% de los rendimientos del Fondo Fiduciario para el Desarrollo fueran a engrosar el Fondo para la Equidad y Calidad de la Educación (FECE), que se alimenta primordialmente del Seguro Educativo. Pero esa propuesta no contó con el beneplácito del Ministerio de Economía y Finanzas y tampoco fue aprobada por la Asamblea. En lo personal, consideré en ese entonces y sigo considerándolo, que se requiere fortalecer el proceso de fiscalización de los aproximadamente treinta millones anuales que actualmente se asignan a este propósito, antes de pensar en asignar sumas millonarias adicionales. Tómese en cuenta que el 20% de los rendimientos del FFD equivale a una cifra que debe estar oscilando entre los 15 a 20 millones de dólares anuales.
Pensando en la necesidad de una mejor fiscalización de la utilización de dichos fondos, los legisladores reformamos el Proyecto de Ley sobre Descentralización propuesto por el Organo Ejecutivo, para establecer algunas medidas, tales como: asignar un porcentaje de los recursos del Seguro Educativo destinados al Ministerio de Educación para fortalecer la labor de fiscalización y darle la facultad a la Comunidad Educativa Escolar de intervenir en la aprobación del presupuesto del centro educativo en particular, acabando con la casi absoluta discrecionalidad que tenía el Director de Escuela para manejar dichos fondos. No obstante, a la fecha de escribir este artículo, todavía el Ministerio de Educación no ha culminado el proceso de reglamentación de estas dos leyes, lo que, en alguna medida, dificulta el proceso de aplicación de las mismas. Por ello, la Comisión de Educación que me honro en presidir, cumpliendo con su rol fiscalizador, ha conminado y citado al Ministerio de Educación, en no menos de tres ocasiones desde enero pasado, a que haga lo necesario para que entre en vigencia la reglamentación de dichas leyes.
Pienso, en consecuencia, que hay que dar la oportunidad a que las leyes 49 y 50 se ejecuten, antes de pensar en reformarlas.
La exigencia que algunos centros educativos secundarios de mayores recursos, ante la disminución en casi un 60% de lo que antes recibían por el Seguro Educativo, es un tema que bien puede resolverse dentro del marco de la legislación existente, si se examina caso por caso. Pero considero que sería un error asignar cantidades millonarias adicionales a los centros de nivel premedio y medio, si antes no hay cambios sustanciales en los modelos de administración de los mismos.
Es allí donde radica el verdadero desafío. Repito: la educación panameña no tiene como su principal enemigo a la falta de fondos, sino a la falta de voluntad política para asignar debidamente las prioridades y a la mala ejecución de los presupuestos. Si nos proponemos invertir y ejecutar mejor lo que ya asignamos a la educación, con lo mismo, podremos hacer más para una mejor educación.
En primer lugar, el problema de la educación panameña no parece tener su origen en una insuficiente asignación de fondos al sector, ya que cumplimos con los porcentajes mínimos sugeridos a nivel internacional. Más bien, parece ser un problema de inadecuada fijación de prioridades y de ineficiente utilización de los recursos. En el caso específico del Seguro Educativo, la porción del mismo que correspondía exclusivamente a los colegios secundarios en los últimos años había estado en el orden de los 30 millones de dólares al año. Una suma bastante considerable dentro de las realidades presupuestarias del país y sin embargo, no parece que existiera un control efectivo en cuanto a la utilización del mismo. Que yo sepa, no existen estadísticas ni análisis cuantitativos o cualitativos que nos ayuden a evaluar en qué se ha invertido dicho dinero en cada uno de los centros escolares beneficiados o qué resultados se han obtenido con dichas inversiones.
En los últimos años, había surgido una creciente demanda a nivel de los centros educativos del nivel primario para ser tomados en cuenta en la distribución del Seguro Educativo. Demanda que no dejaba de tener justificación, máxime si tomamos en consideración que todos los estudios internacionales recomiendan dar mayor prioridad en la inversión estatal al nivel básico de la educación. Recomendación, que valga decirlo, no acatamos en Panamá.
Recogiendo esa inquietud, el legislador Jerry Wilson presentó una propuesta de reforma a la Ley 13 ante la Asamblea. Dicha propuesta quedó en suspenso, mientras el tema era discutido por los integrantes del Diálogo por la Transformación Integral de la Educación Nacional, quienes llegaron a ciertos puntos de consenso en torno a una reforma del Seguro Educativo. Con esos criterios en mente, el Ministerio de Educación elaboró sendos proyectos de ley, que fueron sometidos a consideración de la Asamblea Legislativa, la cual hizo una amplia consulta de ambos, aprobándolos con el apoyo de las distintas bancadas que integran el pleno legislativo. Ese fue el proceso que llevó a la sanción de lo que hoy son las leyes 49 y 50 de 2002.
Durante dicho proceso, quedó en evidencia que al incluir a las escuelas primarias, la reasignación entre más centros educativos provocaría que aquellos que recibían fondos antes de la reforma, iban a recibir menos como producto de la misma, pero que aquellos que no recibían nada, ahora recibirían algo.
Para que el cambio no fuera tan dramático, los participantes del Diálogo propusieron que el 20% de los rendimientos del Fondo Fiduciario para el Desarrollo fueran a engrosar el Fondo para la Equidad y Calidad de la Educación (FECE), que se alimenta primordialmente del Seguro Educativo. Pero esa propuesta no contó con el beneplácito del Ministerio de Economía y Finanzas y tampoco fue aprobada por la Asamblea. En lo personal, consideré en ese entonces y sigo considerándolo, que se requiere fortalecer el proceso de fiscalización de los aproximadamente treinta millones anuales que actualmente se asignan a este propósito, antes de pensar en asignar sumas millonarias adicionales. Tómese en cuenta que el 20% de los rendimientos del FFD equivale a una cifra que debe estar oscilando entre los 15 a 20 millones de dólares anuales.
Pensando en la necesidad de una mejor fiscalización de la utilización de dichos fondos, los legisladores reformamos el Proyecto de Ley sobre Descentralización propuesto por el Organo Ejecutivo, para establecer algunas medidas, tales como: asignar un porcentaje de los recursos del Seguro Educativo destinados al Ministerio de Educación para fortalecer la labor de fiscalización y darle la facultad a la Comunidad Educativa Escolar de intervenir en la aprobación del presupuesto del centro educativo en particular, acabando con la casi absoluta discrecionalidad que tenía el Director de Escuela para manejar dichos fondos. No obstante, a la fecha de escribir este artículo, todavía el Ministerio de Educación no ha culminado el proceso de reglamentación de estas dos leyes, lo que, en alguna medida, dificulta el proceso de aplicación de las mismas. Por ello, la Comisión de Educación que me honro en presidir, cumpliendo con su rol fiscalizador, ha conminado y citado al Ministerio de Educación, en no menos de tres ocasiones desde enero pasado, a que haga lo necesario para que entre en vigencia la reglamentación de dichas leyes.
Pienso, en consecuencia, que hay que dar la oportunidad a que las leyes 49 y 50 se ejecuten, antes de pensar en reformarlas.
La exigencia que algunos centros educativos secundarios de mayores recursos, ante la disminución en casi un 60% de lo que antes recibían por el Seguro Educativo, es un tema que bien puede resolverse dentro del marco de la legislación existente, si se examina caso por caso. Pero considero que sería un error asignar cantidades millonarias adicionales a los centros de nivel premedio y medio, si antes no hay cambios sustanciales en los modelos de administración de los mismos.
Es allí donde radica el verdadero desafío. Repito: la educación panameña no tiene como su principal enemigo a la falta de fondos, sino a la falta de voluntad política para asignar debidamente las prioridades y a la mala ejecución de los presupuestos. Si nos proponemos invertir y ejecutar mejor lo que ya asignamos a la educación, con lo mismo, podremos hacer más para una mejor educación.
