¿Fracasado el diálogo del Seguro Social?
El objeto de todo diálogo se agota con el mero intercambio ordenado de ideas sobre un tema cualquiera. El llegar a una conclusión de consenso puede ser el resultado del mismo, pero no necesariamente. Por el contrario, bien pudiera ocurrir que, tras mucho tiempo de ejercicio, cada quien se marche a casa con sus propias ideas incólumes, y el diálogo haya cumplido igual su objetivo, sirviendo como prueba de ácido para comprobar la solidez de las razones de los participantes. Un resultado ideal, según como se vea, podría ser concluido con un apretón de manos y la firma de un acuerdo que allanaría o eliminaría diferencias entre dos posturas distantes. Pero no siempre.
El diálogo sobre el Seguro Social, que promovía el gobierno entre distintos sectores de la sociedad civil, incluyendo a empresarios y trabajadores, no ha fracasado. Simplemente devino en el intercambio de criterios que al final resultó en importantes coincidencias en cuanto a lo que había que hacer con todos los programas de la entidad, salvo en el principal, de vejez, invalidez y muerte, responsable de proveer las pensiones.
Las conclusiones y alternativa, aunque discrepantes entre sí, están allí, plasmadas en voluminosos expedientes colmados de cifras, con su valioso inventario de dudas. No sería sabio esperar más que eso, en un tema tan complejo, de participantes voluntariosos que hicieron lo posible por arribar a un consenso que no lograron por su distinta visión del problema. En muchas ocasiones, las diferencias son de ángulo, no de fondo.
En fin, los participantes cumplieron su encargo y deben sentirse satisfechos de haber servido al país. Pero no les pidamos más de lo que pueden dar. No les correspondía decidir sobre la solución del problema. Esa es responsabilidad del gobierno nacional que elegimos. Y seguimos aguardando. En sus solas manos está pues el legajo de las discusiones. Suya es ahora la decisión de adoptar medidas correctivas o no.
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha advertido que el citado programa presenta un pavoroso déficit actuarial de dos mil millones de balboas y que, si nada se hace, el mismo se agotará y no podrá pagar las pensiones en fecha tan temprana como el 2020. La gravedad de la situación aconseja, por tanto, no incurrir en más postergaciones. Hasta ahora, lo que ha ocurrido es que cada gobierno, frente a la magnitud de una crisis que no genera dividendos electorales, termina posponiéndolo y dejándolo para futuras administraciones.
A juzgar por las señales que surgen de los principales actores gubernamentales, no podemos esperar por el momento la adopción de una solución valiente y definitiva del problema. Uno de ellos, el director de la entidad, Juan Jované, ha abrazado una rígida postura dogmática descalificante de las principales alternativas que no comparte. Ha dicho que se opone a toda forma de privatización, así como al aumento de cuotas y a la elevación de la edad de jubilación. Y la otra, la Presidente Moscoso, se ha limitado a proponer la transferencia a la entidad de activos estatales, siendo éstos las tierras revertidas y las acciones del gobierno en la telefónica de Cable & Wireless, que los expertos han advertido que, a más de insuficientes, no solucionarán el problema si no se tapona antes el drenaje del inmenso agujero negro de la deficiente estructura legal y de servicios de la administración actual. Ese es el real problema a atacar. Si no se enfrenta, el presupuesto nacional entero y toda la capacidad crediticia del Estado serán insuficientes tarde o temprano para atender las pensiones.
El diálogo sobre el Seguro Social, que promovía el gobierno entre distintos sectores de la sociedad civil, incluyendo a empresarios y trabajadores, no ha fracasado. Simplemente devino en el intercambio de criterios que al final resultó en importantes coincidencias en cuanto a lo que había que hacer con todos los programas de la entidad, salvo en el principal, de vejez, invalidez y muerte, responsable de proveer las pensiones.
Las conclusiones y alternativa, aunque discrepantes entre sí, están allí, plasmadas en voluminosos expedientes colmados de cifras, con su valioso inventario de dudas. No sería sabio esperar más que eso, en un tema tan complejo, de participantes voluntariosos que hicieron lo posible por arribar a un consenso que no lograron por su distinta visión del problema. En muchas ocasiones, las diferencias son de ángulo, no de fondo.
En fin, los participantes cumplieron su encargo y deben sentirse satisfechos de haber servido al país. Pero no les pidamos más de lo que pueden dar. No les correspondía decidir sobre la solución del problema. Esa es responsabilidad del gobierno nacional que elegimos. Y seguimos aguardando. En sus solas manos está pues el legajo de las discusiones. Suya es ahora la decisión de adoptar medidas correctivas o no.
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha advertido que el citado programa presenta un pavoroso déficit actuarial de dos mil millones de balboas y que, si nada se hace, el mismo se agotará y no podrá pagar las pensiones en fecha tan temprana como el 2020. La gravedad de la situación aconseja, por tanto, no incurrir en más postergaciones. Hasta ahora, lo que ha ocurrido es que cada gobierno, frente a la magnitud de una crisis que no genera dividendos electorales, termina posponiéndolo y dejándolo para futuras administraciones.
A juzgar por las señales que surgen de los principales actores gubernamentales, no podemos esperar por el momento la adopción de una solución valiente y definitiva del problema. Uno de ellos, el director de la entidad, Juan Jované, ha abrazado una rígida postura dogmática descalificante de las principales alternativas que no comparte. Ha dicho que se opone a toda forma de privatización, así como al aumento de cuotas y a la elevación de la edad de jubilación. Y la otra, la Presidente Moscoso, se ha limitado a proponer la transferencia a la entidad de activos estatales, siendo éstos las tierras revertidas y las acciones del gobierno en la telefónica de Cable & Wireless, que los expertos han advertido que, a más de insuficientes, no solucionarán el problema si no se tapona antes el drenaje del inmenso agujero negro de la deficiente estructura legal y de servicios de la administración actual. Ese es el real problema a atacar. Si no se enfrenta, el presupuesto nacional entero y toda la capacidad crediticia del Estado serán insuficientes tarde o temprano para atender las pensiones.
