Frustración vs Privatizaciones
Cada vez que vamos a pagar las cuentas de luz y de teléfono, viene a mi mente el nombre del ex-presidente de la República, Ernesto Pérez Balladares, autor de las leoninas privatizaciones del INTEL y del IRHE, a transnacionales que, hoy por hoy, explotan sin misericordia a un pueblo que no resiste más estos abusos.
Pese a que el Gobierno Nacional retiene 49 por ciento de las acciones en ambas empresas y pese también a que existen estructuras dentro de la administración gubernamental encargadas de proteger los intereses de los asociados, nada ha sido posible para modificar convenios que sólo están favoreciendo a las transnacionales.
Cuando existía el INTEL y el IRHE, nosotros pagábamos la suma de trece balboas por el teléfono y treinta balboas, más o menos, por el servicio de luz eléctrica; hoy estamos pagando 30 y hasta cuarenta balboas por el servicio de teléfono y cerca de sesenta balboas por la luz eléctrica. Seguramente esta realidad la están viviendo miles de centenares de panameños, cuyos salarios tan bajos no permiten cumplir con estos compromisos. Consideramos que esta alza de tarifas en ambas empresas a partir de las privatizaciones hechas a espaldas del pueblo, es uno de los problemas más graves que está confrontando la nación y que necesita que el régimen actual, realice los mejores esfuerzos a fin de aliviar las condiciones económicas a un país en donde un alto porcentaje de la población vive en pobreza extrema. Es urgente que el gobierno y las empresas, encuentren una salida que permita una baja de tarifas atendiendo a las condiciones económicas de los panameños.
La explotación del pueblo panameño a través del alza de las tarifas del teléfono y de la luz no debe continuar por más tiempo; el país necesita organizarse para exigir sus derechos y para manifestar que se mantendrán en la lucha, mientras existan transnacionales que como las mencionadas, se han propuesto golpear el salario de hambre de miles de hogares panameños. Esta lucha debe hacerse sentir a lo largo y a lo ancho del territorio nacional; debe ser un movimiento de unidad nacional para acabar de una vez por todas con esta gran injusticia social. No olvidemos que el Estado es dueño del 49 por ciento de las acciones en ambas empresas y ello es una razón que facilita la lucha para que no continúe la explotación de un pueblo que tiene derecho a una mejor vida y a que el gobierno proporcione soluciones a los tantos problemas que está confrontando la nación en la actualidad.
La empresa privada, los trabajadores, las instituciones cívicas, la sociedad civil, los medios de comunicación, en fin, todos los panameños, deben mantenerse en estado de alerta frente a este grave problema, porque es de la única manera que las instituciones gubernamentales se dispongan a buscar caminos para encontrar la solución a esta triste realidad.
De vez en cuando se escuchan voces de protesta a través de los medios de comunicación de grupos populares que claman, porque entre estas empresas y el gobierno se negocien acuerdos que protejan las clases más humildes de Panamá; dolorosamente, tales protestas desaparecen, muy rápidamente del panorama nacional y el pueblo continúa sufriendo las consecuencias de unas privatizaciones que contribuyen a elevar el costo de vida de las grandes mayorías nacionales.
Anunciamos a nuestros amables lectores que estaremos ausentes del país durante un mes. Una vez regresemos, nos incorporaremos a esta tarea que cumplimos, lejos de intereses políticos y personales, animados de los mejores anhelos por un país que tiene el derecho de vivir en dignidad y bienestar.
Pese a que el Gobierno Nacional retiene 49 por ciento de las acciones en ambas empresas y pese también a que existen estructuras dentro de la administración gubernamental encargadas de proteger los intereses de los asociados, nada ha sido posible para modificar convenios que sólo están favoreciendo a las transnacionales.
Cuando existía el INTEL y el IRHE, nosotros pagábamos la suma de trece balboas por el teléfono y treinta balboas, más o menos, por el servicio de luz eléctrica; hoy estamos pagando 30 y hasta cuarenta balboas por el servicio de teléfono y cerca de sesenta balboas por la luz eléctrica. Seguramente esta realidad la están viviendo miles de centenares de panameños, cuyos salarios tan bajos no permiten cumplir con estos compromisos. Consideramos que esta alza de tarifas en ambas empresas a partir de las privatizaciones hechas a espaldas del pueblo, es uno de los problemas más graves que está confrontando la nación y que necesita que el régimen actual, realice los mejores esfuerzos a fin de aliviar las condiciones económicas a un país en donde un alto porcentaje de la población vive en pobreza extrema. Es urgente que el gobierno y las empresas, encuentren una salida que permita una baja de tarifas atendiendo a las condiciones económicas de los panameños.
La explotación del pueblo panameño a través del alza de las tarifas del teléfono y de la luz no debe continuar por más tiempo; el país necesita organizarse para exigir sus derechos y para manifestar que se mantendrán en la lucha, mientras existan transnacionales que como las mencionadas, se han propuesto golpear el salario de hambre de miles de hogares panameños. Esta lucha debe hacerse sentir a lo largo y a lo ancho del territorio nacional; debe ser un movimiento de unidad nacional para acabar de una vez por todas con esta gran injusticia social. No olvidemos que el Estado es dueño del 49 por ciento de las acciones en ambas empresas y ello es una razón que facilita la lucha para que no continúe la explotación de un pueblo que tiene derecho a una mejor vida y a que el gobierno proporcione soluciones a los tantos problemas que está confrontando la nación en la actualidad.
La empresa privada, los trabajadores, las instituciones cívicas, la sociedad civil, los medios de comunicación, en fin, todos los panameños, deben mantenerse en estado de alerta frente a este grave problema, porque es de la única manera que las instituciones gubernamentales se dispongan a buscar caminos para encontrar la solución a esta triste realidad.
De vez en cuando se escuchan voces de protesta a través de los medios de comunicación de grupos populares que claman, porque entre estas empresas y el gobierno se negocien acuerdos que protejan las clases más humildes de Panamá; dolorosamente, tales protestas desaparecen, muy rápidamente del panorama nacional y el pueblo continúa sufriendo las consecuencias de unas privatizaciones que contribuyen a elevar el costo de vida de las grandes mayorías nacionales.
Anunciamos a nuestros amables lectores que estaremos ausentes del país durante un mes. Una vez regresemos, nos incorporaremos a esta tarea que cumplimos, lejos de intereses políticos y personales, animados de los mejores anhelos por un país que tiene el derecho de vivir en dignidad y bienestar.
