Fulminemos a la corrupción
Mammón le llamaban, en la Edad Media, al demonio de la avaricia, la riqueza y la injusticia. Cabe sospechar, visto lo que se ve, que el tal Mammón ha cumplido ya alguna excedencia que tenía concedida en el cuerpo diabólico y se ha reincorporado a sus funciones. Todo parece que la corrupción vuelve por sus lares. O como dicen en el argot deportivo: pica y se extiende.
Es algo tan incrustado y establecido esto de la corrupción en los aledaños de la política que, a más de denostarla, debiéramos tenerla en la consideración del estudio. No es la misma cosa, por ejemplo, la corrupción en el gasto que en el ingreso. La primera, la más frecuente, es la que lleva a un funcionario de alto cargo a quedarse con un "cachito" de lo que administra para sí mismo o para sus allegados. Al encargar la ejecución de una obra pública, el corrupto de esta raza siente la presión, o la seducción, de quienes se lucrarán con ella y así, flaca la carne, cae en la tentación del citado Mammón. Los remembrados puentes, algunas autopistas y el inflado aeropuerto son un disfraz de aquellos funcionarios pecadores que compartieron su miseria con la del constructor/corruptor.
La corrupción en el ingreso es, si cabe, más repulsiva. En ella, inevitablemente, la iniciativa arranca de la avaricia enfermiza del funcionario y/o cargo público. No le vale la tenue disculpa de la provocación ajena. Los servicios de los Ministerios y muchas entidades públicas padecen una grave epidemia de esta fea modalidad de golfancia y sinvergüenzas. No hay casi ventanilla donde uno se acerque para gestionar un asunto en la que a uno no le hagan el amago de la coima, la dádiva del soborno o la gratificación forzosa. Es vergonzoso escuchar con frecuencia a los abogados y a sus mismos "pasantes" diciendo que en las oficinas públicas hay que tener influencias y "pull" para que sus papeles y expedientes encuentren una ruta satisfactoria para sus clientes.
Mientras el pillo de la corrupción en el gasto se deja querer, el perillán de la corrupción en el ingreso hace que le quieran. Parece la misma perversión, pero son dos especies bien diferenciadas de rebuscones y a ambos hay que fulminarlos.
La transparencia en las actividades de los servidores públicos debe ser una acción con peso específico en seriedad y responsabilidad. Para ello, los funcionarios tienen que comprender las reglas básicas de "respondabilidad" y conocer sobre el alcance y las consecuencias de no hacer correctamente sus funciones. Es bien conocido que mientras menor el grado de corrupción, mayores los niveles de ganancia de eficiencia pública, lo que a su vez conlleva a un crecimiento económico ascendente y a un ingreso per-capita mayor para el país.
De cualquier forma, ningún sistema democrático, por muy estrictas que sean sus leyes, está vacunado contra la corrupción. Los controles jurídicos y políticos no evitan las conductas deshonestas: solamente las hacen difíciles. Pero lo relevante es que en un Estado de Derecho debe ser inflexible con el que se corrompe, sobre todo, si utiliza un cargo público. Viene esta reflexión a propósito del artículo aparecido en la portada de La Estrella de Panamá del 24 de marzo de 2000 en la que se revela que la Contraloría General de la República sospecha del mal manejo de cien millones de balboas correspondientes a las partidas circuitales asignadas a legisladores del período 1994-99 y que fueron administradas por Organizaciones no Gubernamentales (ONG). En declaraciones posteriores, el mismo Contralor Weeden señala que ha solicitado la intervención del Ministro de Gobierno y Justicia para que tome las medidas del caso para terminar con las ONG"s creadas para administrar partidas circuitales ya que mediante denuncia ciudadana detectaron una retroexcavadora en el patio de una casa, la cual fue comprada con partida circuital.
Cualquier investigación que se lleve a cabo sobre este tema pudiera reflejar que se han respetado las formalidades que estipula la Ley de Contratación Pública y que todo ha sido legal. Pero, ese no es el problema. En muchas ocasiones, el proceso de adjudicación está viciado porque no cumple el más elemental requisito que se ha de respetar en estos casos: que el que contrata no tenga intereses directos con el contratado. La conducta de estos funcionarios resulta absolutamente sospechosa, ya que, aunque todavía no exista una ley que lo exija, un gestor público no puede ni debe tener negocios que dependan de sus propias decisiones en el cargo.
Si se llega a comprobar un mal manejo de las partidas circuitales sería un nefasto precedente para un Poder del Estado al que se le ha depositado la confianza de un pueblo a través del sufragio popular. Desgraciadamente algunos comportamientos de ahora empiezan a recordar a los de hace veinte años. Entonces, los civiles de lamebotas y los milicos disfrazados de gorilas optaron por negar las evidencias y borrar los rastros de la corrupción, atacando a quienes se habían atrevido a denunciarla. ¿Va a hacer lo mismo el Gobierno o, por el contrario, va a castigar conductas como las de estos altos funcionarios denunciados por mal manejos del erario y la hacienda pública?
Si el Gobierno no quiere repetir los errores de la dictadura de aquellos años que nadie quiere recordar, lo que procede en este caso es abrir una investigación a fondo a estos y cualquier otro servidor público que sea denunciado y sorprendido en actos de corrupción y, como mínimo, apartarlos inmediatamente de sus funciones. Es el único camino. De lo contrario, el reincorporado Mammón ha encontrado en la seguramente inmunidad legislativa o en la protección de las garzas en palacio un filón para sus malvados patrocinios. La ubre del Estado es demasiado grande y muchos sus mamones -¿de Mammón?-, de ahí que convenga adelgazarla para que, en lo peor, un porcentaje sobre poco nos alivie del actual porcentaje casi todo.
Es algo tan incrustado y establecido esto de la corrupción en los aledaños de la política que, a más de denostarla, debiéramos tenerla en la consideración del estudio. No es la misma cosa, por ejemplo, la corrupción en el gasto que en el ingreso. La primera, la más frecuente, es la que lleva a un funcionario de alto cargo a quedarse con un "cachito" de lo que administra para sí mismo o para sus allegados. Al encargar la ejecución de una obra pública, el corrupto de esta raza siente la presión, o la seducción, de quienes se lucrarán con ella y así, flaca la carne, cae en la tentación del citado Mammón. Los remembrados puentes, algunas autopistas y el inflado aeropuerto son un disfraz de aquellos funcionarios pecadores que compartieron su miseria con la del constructor/corruptor.
La corrupción en el ingreso es, si cabe, más repulsiva. En ella, inevitablemente, la iniciativa arranca de la avaricia enfermiza del funcionario y/o cargo público. No le vale la tenue disculpa de la provocación ajena. Los servicios de los Ministerios y muchas entidades públicas padecen una grave epidemia de esta fea modalidad de golfancia y sinvergüenzas. No hay casi ventanilla donde uno se acerque para gestionar un asunto en la que a uno no le hagan el amago de la coima, la dádiva del soborno o la gratificación forzosa. Es vergonzoso escuchar con frecuencia a los abogados y a sus mismos "pasantes" diciendo que en las oficinas públicas hay que tener influencias y "pull" para que sus papeles y expedientes encuentren una ruta satisfactoria para sus clientes.
Mientras el pillo de la corrupción en el gasto se deja querer, el perillán de la corrupción en el ingreso hace que le quieran. Parece la misma perversión, pero son dos especies bien diferenciadas de rebuscones y a ambos hay que fulminarlos.
La transparencia en las actividades de los servidores públicos debe ser una acción con peso específico en seriedad y responsabilidad. Para ello, los funcionarios tienen que comprender las reglas básicas de "respondabilidad" y conocer sobre el alcance y las consecuencias de no hacer correctamente sus funciones. Es bien conocido que mientras menor el grado de corrupción, mayores los niveles de ganancia de eficiencia pública, lo que a su vez conlleva a un crecimiento económico ascendente y a un ingreso per-capita mayor para el país.
De cualquier forma, ningún sistema democrático, por muy estrictas que sean sus leyes, está vacunado contra la corrupción. Los controles jurídicos y políticos no evitan las conductas deshonestas: solamente las hacen difíciles. Pero lo relevante es que en un Estado de Derecho debe ser inflexible con el que se corrompe, sobre todo, si utiliza un cargo público. Viene esta reflexión a propósito del artículo aparecido en la portada de La Estrella de Panamá del 24 de marzo de 2000 en la que se revela que la Contraloría General de la República sospecha del mal manejo de cien millones de balboas correspondientes a las partidas circuitales asignadas a legisladores del período 1994-99 y que fueron administradas por Organizaciones no Gubernamentales (ONG). En declaraciones posteriores, el mismo Contralor Weeden señala que ha solicitado la intervención del Ministro de Gobierno y Justicia para que tome las medidas del caso para terminar con las ONG"s creadas para administrar partidas circuitales ya que mediante denuncia ciudadana detectaron una retroexcavadora en el patio de una casa, la cual fue comprada con partida circuital.
Cualquier investigación que se lleve a cabo sobre este tema pudiera reflejar que se han respetado las formalidades que estipula la Ley de Contratación Pública y que todo ha sido legal. Pero, ese no es el problema. En muchas ocasiones, el proceso de adjudicación está viciado porque no cumple el más elemental requisito que se ha de respetar en estos casos: que el que contrata no tenga intereses directos con el contratado. La conducta de estos funcionarios resulta absolutamente sospechosa, ya que, aunque todavía no exista una ley que lo exija, un gestor público no puede ni debe tener negocios que dependan de sus propias decisiones en el cargo.
Si se llega a comprobar un mal manejo de las partidas circuitales sería un nefasto precedente para un Poder del Estado al que se le ha depositado la confianza de un pueblo a través del sufragio popular. Desgraciadamente algunos comportamientos de ahora empiezan a recordar a los de hace veinte años. Entonces, los civiles de lamebotas y los milicos disfrazados de gorilas optaron por negar las evidencias y borrar los rastros de la corrupción, atacando a quienes se habían atrevido a denunciarla. ¿Va a hacer lo mismo el Gobierno o, por el contrario, va a castigar conductas como las de estos altos funcionarios denunciados por mal manejos del erario y la hacienda pública?
Si el Gobierno no quiere repetir los errores de la dictadura de aquellos años que nadie quiere recordar, lo que procede en este caso es abrir una investigación a fondo a estos y cualquier otro servidor público que sea denunciado y sorprendido en actos de corrupción y, como mínimo, apartarlos inmediatamente de sus funciones. Es el único camino. De lo contrario, el reincorporado Mammón ha encontrado en la seguramente inmunidad legislativa o en la protección de las garzas en palacio un filón para sus malvados patrocinios. La ubre del Estado es demasiado grande y muchos sus mamones -¿de Mammón?-, de ahí que convenga adelgazarla para que, en lo peor, un porcentaje sobre poco nos alivie del actual porcentaje casi todo.
