Funcionamiento del sistema educativo
Para un buen funcionamiento del sistema educacional no basta ni se trata solamente de resolver problemas didácticos, de mejorar los programas y la organización de las escuelas, de introducir o ampliar la orientación educativa, de reformar un determinado nivel o tipo de enseñanza, de perfeccionar a los maestros, de crear servicios de supervisión; se trata de todo esto y de mucho más. Se trata de situar cada uno de estos aspectos, indispensables y fundamentales, en el lugar que le corresponde dentro del complejísimo campo de interacciones y relaciones que es la educación de un país.
Problemas de política educacional, problemas técnicos, problemas administrativos, están indisolublemente ligados, pero no deben confundirse. Hay aspectos de la educación, los de política educativa, con respecto a los cuales todo ciudadano tiene, en principio, competencia. Esta competencia no podría, sin embargo, extenderse legítimamente a las cuestiones técnicas. El pretenderlo en educación, como es todavía frecuente entre nosotros, tiene consecuencias tan lamentables como las tendría si se tratase de cuestiones de arquitectura o de salud. Del mismo modo, la administración de la educación debe reservarse a los que tienen competencia y autoridad para ejercerla, y debería sustraerse de una vez por todas a la interferencia de la política de partidos.
Del equilibrio de estas tres funciones distintas depende el sano funcionamiento del sistema educacional. Si la administración de la educación corresponde al Estado, y a los particulares dentro de las normas generales que fijen las leyes, la función técnica o normativa debe ser responsabilidad de los especialistas en los diversos campos que exigen el planteamiento y la solución de los problemas educativos. Administradores y técnicos, por su parte, deben estar al servicio de una política que ellos mismos contribuyan a formular y que, respectivamente, aplican o elaboran en sus detalles, pero cuyas grandes líneas deben ser propuestas por un organismo en el que estén representados los diversos sectores de la opinión pública.
La tarea que tenemos por delante es abrumadora. Ella requiere el concurso y la buena voluntad de todos los panameños para que intensifiquen y afinen su conciencia de los problemas educativos, para que justifiquen y fortalezcan su propósito de hacer todos los sacrificios necesarios a fin de que ningún niño panameño quede al margen de la escuela y de que todos tengan iguales oportunidades de recibir educación de acuerdo con su capacidad. Requiere el concurso y la buena voluntad de todos los maestros y de nuestros mejores especialistas en los problemas de la educación, y requiere, por último, la decisión del Gobierno y de los poderes públicos de adoptar y aplicar con continuidad y coherencia una verdadera política educativa que responda a las necesidades del desarrollo nacional y refleje la aspiración común de todos los panameños.
