Funcionarios argentinos muestran la hilacha
Buenos Aires (AIPE)- Junto con el nuevo gobierno de Fernando de la Rúa llegó un grupo de economistas del Partido Radical encabezados por el ministro de Economía José Luis Machinea. Este no es un novato en materia de cargos públicos ya que fue durante varios años presidente del Banco Central. Claro que ocupó esa posición en los años de Raúl Alfonsín, en los cuales el país se desmoronaba hacia el caos hiperinflacionario.
Si los mercados no se pusieron nerviosos con este nombramiento es porque durante los años 90 Machinea y su equipo renegaron de sus viejas ideas estatistas y aceptaron los cambios que se estaban imponiendo en la economía argentina, en particular, la convertibilidad, las privatizaciones y la desregulación y apertura de la economía.
El nuevo paradigma de este equipo económico era el mismo del equipo anterior: el equilibrio fiscal. Su lógica es que la eliminación del déficit fiscal reduce el riesgo país y esto permite una recuperación más rápida de la economía, con el consiguiente mejoramiento de la recaudación y, por supuesto, de la situación fiscal. Claro que, como el equipo económico anterior, alcanzar el equilibrio fiscal es casi sinónimo de nuevos y mayores impuestos y apenas un cierto control del gasto público. Así fue como el nuevo gobierno fue inaugurado con lo que se dio en llamar el "paquetazo" impositivo, una serie de nuevas cargas fiscales que se aduce recaen en los más ricos a menos que sean éstos los únicos que fuman, beben bebidas colas, cerveza y otros productos de consumo.
Estos productos recibieron nuevas tasas de 4 y 8 por ciento. Los medios periodísticos comenzaron entonces a preocuparse por el impacto que esto iba a generar en los precios de esos productos y en los primeros días del año comenzaron a informar sobre su incremento. Claro, si los impuestos, como el gobierno dice, recayeran solamente en los ricos, entonces ese aumento de precios a nadie preocuparía. Pero parece que los funcionarios traicionaron su propia evaluación sobre el destino de los mismos, mostrando una preocupación desmedida por esos aumentos. No sólo desmedida sino totalmente equivocada. El secretario de Programación Macroeconómica y Regional, Miguel Bien, fiel al título de su cargo alertó sobre "el accionar de algunos comerciantes inescrupulosos que llegan a triplicar la incidencia del aumento de impuestos internos sobre los precios", y dijo que el gobierno "vigilará muy de cerca este proceso y si se comprueban excesos actuará en consecuencia con el máximo rigor".
¿Si los nuevos impuestos afectan solamente a los ricos, por qué han de preocuparse si aumentan los precios de los productos que éstos consumen? Seguramente podrá perdonársele una evaluación semejante a funcionarios que han estudiado economía con el libro de Paul Samuelson, pero no deberíamos hacerlo con alguien que no lo haya hecho, tal como el actual vicepresidente: "hay que controlar a quienes están utilizando como excusa esta situación para aumentar indebidamente los precios".
Todo esto recuerda los penosos y fracasados tiempos de controles y desabastecimiento. Por eso tuvo que salir el presidente a decir que el mercado resolvería automáticamente estos ajustes aunque el programador macroeconómico, fiel a su destino, prefirió los "Tribunales de Defensa del Consumidor". No obstante, quedó en evidencia que la preferencia de los funcionarios argentinos por el mercado es más una de forzada conveniencia que de madura convicción.
La ley económica al respecto es muy elemental, como para ser olvidada: un aumento de los impuestos podrá ser trasladado a los precios dependiendo de la conducta de los consumidores (elasticidad de la demanda), las empresas deberán evaluar si el aumento de precios aumenta sus ingresos totales o termina reduciéndolos por la caída experimentada en la demanda. Por otro lado, supuestamente las empresas son libres de fijar los precios que quieran. Si esto es así por qué habrán de enojarse los funcionarios con un aumento de cierta cantidad porcentual, algo que puede suceder todos los días en el mercado, salvo que en realidad penen porque en este caso es por su culpa. Entonces, ¿son libres o no las empresas de fijar sus precios? La lógica es aquí nuevamente elemental: toda empresa que lo haga y equivoque su decisión sólo terminará perdiendo clientes ante sus competidores. De nada sirven las amenazas, salvo para mostrar la verdadera filosofía de los gobernantes.
Si los mercados no se pusieron nerviosos con este nombramiento es porque durante los años 90 Machinea y su equipo renegaron de sus viejas ideas estatistas y aceptaron los cambios que se estaban imponiendo en la economía argentina, en particular, la convertibilidad, las privatizaciones y la desregulación y apertura de la economía.
El nuevo paradigma de este equipo económico era el mismo del equipo anterior: el equilibrio fiscal. Su lógica es que la eliminación del déficit fiscal reduce el riesgo país y esto permite una recuperación más rápida de la economía, con el consiguiente mejoramiento de la recaudación y, por supuesto, de la situación fiscal. Claro que, como el equipo económico anterior, alcanzar el equilibrio fiscal es casi sinónimo de nuevos y mayores impuestos y apenas un cierto control del gasto público. Así fue como el nuevo gobierno fue inaugurado con lo que se dio en llamar el "paquetazo" impositivo, una serie de nuevas cargas fiscales que se aduce recaen en los más ricos a menos que sean éstos los únicos que fuman, beben bebidas colas, cerveza y otros productos de consumo.
Estos productos recibieron nuevas tasas de 4 y 8 por ciento. Los medios periodísticos comenzaron entonces a preocuparse por el impacto que esto iba a generar en los precios de esos productos y en los primeros días del año comenzaron a informar sobre su incremento. Claro, si los impuestos, como el gobierno dice, recayeran solamente en los ricos, entonces ese aumento de precios a nadie preocuparía. Pero parece que los funcionarios traicionaron su propia evaluación sobre el destino de los mismos, mostrando una preocupación desmedida por esos aumentos. No sólo desmedida sino totalmente equivocada. El secretario de Programación Macroeconómica y Regional, Miguel Bien, fiel al título de su cargo alertó sobre "el accionar de algunos comerciantes inescrupulosos que llegan a triplicar la incidencia del aumento de impuestos internos sobre los precios", y dijo que el gobierno "vigilará muy de cerca este proceso y si se comprueban excesos actuará en consecuencia con el máximo rigor".
¿Si los nuevos impuestos afectan solamente a los ricos, por qué han de preocuparse si aumentan los precios de los productos que éstos consumen? Seguramente podrá perdonársele una evaluación semejante a funcionarios que han estudiado economía con el libro de Paul Samuelson, pero no deberíamos hacerlo con alguien que no lo haya hecho, tal como el actual vicepresidente: "hay que controlar a quienes están utilizando como excusa esta situación para aumentar indebidamente los precios".
Todo esto recuerda los penosos y fracasados tiempos de controles y desabastecimiento. Por eso tuvo que salir el presidente a decir que el mercado resolvería automáticamente estos ajustes aunque el programador macroeconómico, fiel a su destino, prefirió los "Tribunales de Defensa del Consumidor". No obstante, quedó en evidencia que la preferencia de los funcionarios argentinos por el mercado es más una de forzada conveniencia que de madura convicción.
La ley económica al respecto es muy elemental, como para ser olvidada: un aumento de los impuestos podrá ser trasladado a los precios dependiendo de la conducta de los consumidores (elasticidad de la demanda), las empresas deberán evaluar si el aumento de precios aumenta sus ingresos totales o termina reduciéndolos por la caída experimentada en la demanda. Por otro lado, supuestamente las empresas son libres de fijar los precios que quieran. Si esto es así por qué habrán de enojarse los funcionarios con un aumento de cierta cantidad porcentual, algo que puede suceder todos los días en el mercado, salvo que en realidad penen porque en este caso es por su culpa. Entonces, ¿son libres o no las empresas de fijar sus precios? La lógica es aquí nuevamente elemental: toda empresa que lo haga y equivoque su decisión sólo terminará perdiendo clientes ante sus competidores. De nada sirven las amenazas, salvo para mostrar la verdadera filosofía de los gobernantes.
