Funestos cierres
Una de las prioridades que merecerá seria consideración de parte del próximo gobierno será la de los cotidianos cierres de nuestras vías públicas. El patriotismo requiere que nuestros conciudadanos reflexionen y se termine con esta práctica, desaparezca de nuestro escenario totalmente.
El país no puede seguir resistiendo lo que se ha convertido en una bomba de tiempo sobre su existencia. Si esta práctica continúa sin freno, la república sucumbirá. No es posible que minorías de revoltosos, no importa cuán justas sean sus aspiraciones, se lancen a las vías públicas y las cierren. Con ello paralizan la producción y el comercio.
Desde tiempos inmemorables se ha establecido que nadie, legítimamente, puede ni debe entorpecer el uso de las vías públicas.
Desgraciadamente, nuestro Código Penal, en sus disposiciones sobre los delitos contra el transporte, se refiere únicamente al daño que pueda ocasionarse a los medios de comunicación y no a las medidas de obstrucción de vías públicas, sobre lo cual urge que se legisle. No obstante, podemos considerar que los cierres de nuestras vías públicas por parte de sus actores, constituyen, prácticamente, un secuestro de ciudadanos y conductores de vehículos a quienes no se les permite transitar libremente, puesto que en cada cierre que se efectúa ellos quedan prisioneros de los que obstaculizan las vías.
A esos obstructores hay que aplicarles lo que contempla el Código Penal en su Capítulo I sobre delitos contra la libertad individual, cuyo artículo 147 dice así: -“Quien ilegalmente prive a otro de su libertad será sancionado con pena de uno a tres años de prisión o su equivalente en días multa o arresto de fines de semana”.
Dada la gravedad del delito, estimamos que la pena es irrisoria. Pero el próximo gobierno deberá afrontar con valentía el problema actual, ya que nadie puede ni debe tener el privilegio, por muy justas que sean sus razones para reclamar derechos, afectar los derechos ajenos.
