Gatos por liebre
Como la Ley 38, siguiendo la moda establecida por Ernesto Pérez Balladares, aumentó el salario de la procuradora a B/.10,000 mensual, me puse a sacar cuentas, tratando de entender cómo alguien puede gastar diez mil balboas al mes. Pero no pude. Lo que sí entendí es que el Ministerio Público tendrá un gasto adicional de B/. 36,000 anual, mientras que los pobres se pudren en las cárceles porque el Ministerio Público no tiene presupuesto para más fiscales.
Opino que la procuradora no debió presentar un proyecto de ley que aumentaba su propio salario, y que los legisladores debieron tener en cuenta lo apretado que está el Presupuesto Nacional antes de concederle ese dinero adicional. Pero aquí cada funcionario defiende lo suyo y al diablo con las necesidades de este pobre pueblo. Los legisladores que se apresuraron a aprobar la Ley 38 estaban en una rebatiña por la presidencia de la Asamblea, defendiendo sus partidas circuitales y, los que se reeligieron, soñando en qué gastarían los B/. 54,000 en supuestos salarios caídos que le tocaría a cada uno si la procuradora, en un gentil gesto de reciprocidad, acepta ese absurdo.
Me aseguran que la presidenta Mireya Moscoso, antes de firmar la Ley 38, no pudo atender el clamor de quienes trataron de alertarla sobre el peligro que representaba el artículo 70, porque estaba festejando el cumpleaños del Ministro de Salud. Su ridícula aseveración cuando firmó la ley, de que era un orgullo para la justicia panameña y culminaba un sueño largamente esperado, revela que no tenía idea de lo que había firmado.
Luego, cuando la procuradora Montenegro de Fletcher se enteró de que rechazaban la Ley 38, no sólo los panameños, sino también la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), Reporteros sin Fronteras (RSF), y el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ), quiso confundir a sus críticos. Según parece, cree saber más sobre la libertad de expresión y el derecho del pueblo a estar informado que el pueblo panameño y las organizaciones internacionales que protestaron.
La procuradora aseguró que según el artículo 70 de la Ley 38, cualquier persona le puede solicitar a un funcionario información, siempre que no esté incluida como reservada o de interés personal (El Panamá América 4 de agosto del 2000).
¡Vea Ud.! Basta con leer el artículo 70 para entender que no sólo restringe el derecho del pueblo a saber lo que hace su Gobierno y qué clase de funcionarios tiene, sino que inhibe la libertad de expresión, porque no se puede opinar sin tener información. Protege la corrupción porque, además de estar muy mal redactado, permite a los funcionarios negarle al pueblo panameño información sobre negociaciones de tratados y convenios internacionales, seguridad nacional, situación de salud, ideas políticas, estado civil, inclinación sexual, antecedentes penales y policivos, cuentas bancarias, y cualquier otro tema que los incomode.
La procuradora también echó mano a una estrategia típica de la dictadura de los militares y sus socios civiles. Dijo que emprendería una "amplia campaña de divulgación" acerca de la norma entre funcionarios, asociaciones jurídicas, universidades, medios de comunicación y la ciudadanía en general (La Prensa 6 de agosto del 2000).
Omar Torrijos expropió medios de comunicación y usó millones del erario para tratar de convencernos de que una dictadura sin libertad de expresión era lo mejor para el pueblo panameño. Ahora, la Procuradora, ex presidenta de la Fundación Omar Torrijos, piensa lavarnos el cerebro para meternos gato por liebre, o sea, hacerle propaganda a una ley que aumenta su salario y protege la corrupción. ¿Cuánto costará esa campaña? ¿Diez mil, cincuenta mil, cien mil balboas? Y no hay presupuesto para fiscales.
Entretanto, el procurador José Antonio Sossa hace uso descarado de su poder como funcionario del Estado para dirigir, con la complicidad del "rgano Judicial y una Corte ciega que malinterpreta la ley, una vendetta personal contra los periodistas Carlos Singares de El Siglo y Gustavo Gorriti, Mónica Palm, Miren Gutiérrez y Rolando Rodríguez de La Prensa por denunciar la corrupción que todos sabemos existe. Anteriormente, la procuradora Alma Montenegro de Fletcher, porque no le complació que un fiscal pidiera el sobreseimiento de los periodistas Marcelino Rodríguez y Michelle Lescure de El Siglo en una demanda por calumnia interpuesta por ella misma, logró que se revocara esa decisión y exigió que se investigara al fiscal.
Lo cierto es que el comportamiento de los dos funcionarios que dirigen el Ministerio Público es motivo de escándalo internacional. Afuera se comenta que la situación está fuera de control. Todas las instituciones del Estado encargadas de velar por el bienestar del pueblo panameño han fallado. De la dictadura de los militares y sus socios civiles, Panamá pasó a una dictadura civil y ahora reina la dictadura de la corrupción. Mientras más corrupción hay, más se atropella a los periodistas y más sufren los pobres. Quienes se aferran a una Constitución que permite y promueve esta podredumbre lo hacen para usar la Ley contra el pueblo panameño para su propio beneficio. ¡Nos toca ahora definirnos y defendernos!.
Opino que la procuradora no debió presentar un proyecto de ley que aumentaba su propio salario, y que los legisladores debieron tener en cuenta lo apretado que está el Presupuesto Nacional antes de concederle ese dinero adicional. Pero aquí cada funcionario defiende lo suyo y al diablo con las necesidades de este pobre pueblo. Los legisladores que se apresuraron a aprobar la Ley 38 estaban en una rebatiña por la presidencia de la Asamblea, defendiendo sus partidas circuitales y, los que se reeligieron, soñando en qué gastarían los B/. 54,000 en supuestos salarios caídos que le tocaría a cada uno si la procuradora, en un gentil gesto de reciprocidad, acepta ese absurdo.
Me aseguran que la presidenta Mireya Moscoso, antes de firmar la Ley 38, no pudo atender el clamor de quienes trataron de alertarla sobre el peligro que representaba el artículo 70, porque estaba festejando el cumpleaños del Ministro de Salud. Su ridícula aseveración cuando firmó la ley, de que era un orgullo para la justicia panameña y culminaba un sueño largamente esperado, revela que no tenía idea de lo que había firmado.
Luego, cuando la procuradora Montenegro de Fletcher se enteró de que rechazaban la Ley 38, no sólo los panameños, sino también la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), Reporteros sin Fronteras (RSF), y el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ), quiso confundir a sus críticos. Según parece, cree saber más sobre la libertad de expresión y el derecho del pueblo a estar informado que el pueblo panameño y las organizaciones internacionales que protestaron.
La procuradora aseguró que según el artículo 70 de la Ley 38, cualquier persona le puede solicitar a un funcionario información, siempre que no esté incluida como reservada o de interés personal (El Panamá América 4 de agosto del 2000).
¡Vea Ud.! Basta con leer el artículo 70 para entender que no sólo restringe el derecho del pueblo a saber lo que hace su Gobierno y qué clase de funcionarios tiene, sino que inhibe la libertad de expresión, porque no se puede opinar sin tener información. Protege la corrupción porque, además de estar muy mal redactado, permite a los funcionarios negarle al pueblo panameño información sobre negociaciones de tratados y convenios internacionales, seguridad nacional, situación de salud, ideas políticas, estado civil, inclinación sexual, antecedentes penales y policivos, cuentas bancarias, y cualquier otro tema que los incomode.
La procuradora también echó mano a una estrategia típica de la dictadura de los militares y sus socios civiles. Dijo que emprendería una "amplia campaña de divulgación" acerca de la norma entre funcionarios, asociaciones jurídicas, universidades, medios de comunicación y la ciudadanía en general (La Prensa 6 de agosto del 2000).
Omar Torrijos expropió medios de comunicación y usó millones del erario para tratar de convencernos de que una dictadura sin libertad de expresión era lo mejor para el pueblo panameño. Ahora, la Procuradora, ex presidenta de la Fundación Omar Torrijos, piensa lavarnos el cerebro para meternos gato por liebre, o sea, hacerle propaganda a una ley que aumenta su salario y protege la corrupción. ¿Cuánto costará esa campaña? ¿Diez mil, cincuenta mil, cien mil balboas? Y no hay presupuesto para fiscales.
Entretanto, el procurador José Antonio Sossa hace uso descarado de su poder como funcionario del Estado para dirigir, con la complicidad del "rgano Judicial y una Corte ciega que malinterpreta la ley, una vendetta personal contra los periodistas Carlos Singares de El Siglo y Gustavo Gorriti, Mónica Palm, Miren Gutiérrez y Rolando Rodríguez de La Prensa por denunciar la corrupción que todos sabemos existe. Anteriormente, la procuradora Alma Montenegro de Fletcher, porque no le complació que un fiscal pidiera el sobreseimiento de los periodistas Marcelino Rodríguez y Michelle Lescure de El Siglo en una demanda por calumnia interpuesta por ella misma, logró que se revocara esa decisión y exigió que se investigara al fiscal.
Lo cierto es que el comportamiento de los dos funcionarios que dirigen el Ministerio Público es motivo de escándalo internacional. Afuera se comenta que la situación está fuera de control. Todas las instituciones del Estado encargadas de velar por el bienestar del pueblo panameño han fallado. De la dictadura de los militares y sus socios civiles, Panamá pasó a una dictadura civil y ahora reina la dictadura de la corrupción. Mientras más corrupción hay, más se atropella a los periodistas y más sufren los pobres. Quienes se aferran a una Constitución que permite y promueve esta podredumbre lo hacen para usar la Ley contra el pueblo panameño para su propio beneficio. ¡Nos toca ahora definirnos y defendernos!.
