Genocidio en Guatemala
El reporte presentado el 25 de febrero de la Comisión de Clarificación Histórica, establecida en 1996 como parte del arreglo de paz en Guatemala, supervisado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), confirma que la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos (CIA por sus siglas en inglés) brindó apoyo en dinero y entrenamiento a las fuerzas militares guatemaltecas durante los 36 años de guerra civil, contribuyendo así al asesinato de más de 200,000 guatemaltecos. Este reporte contradice años de mentiras sobre torturas, secuestros y ejecuciones de civiles, calificando la experiencia como genocidio.
La Comisión estuvo integrada por dos abogados, Christian Tomuschat y Edgar Balsells y una educadora maya, Otilia Lux Coti. Los mismos fueron asistidos por 272 trabajadores, quienes durante seis meses de ardua labor de peinar volúmenes de documentos en los Estados Unidos y Guatemala y realizar miles de entrevistas in situ; todo lo anterior para producir el reporte de nueve volúmenes, cuyas conclusiones causaron que las 2,000 personas en la audiencia de presentación del mismo en el Teatro Nacional en la ciudad de Guatemala, saltaran de sus asientos y rindieran una gran ovación y que otras irrumpieran en llanto clamando "justicia".
La guerra civil en Guatemala comenzó en 1960. Se enfrentaban un gobierno militar de derecha contra una guerrilla de izquierda, principalmente en las áreas rurales del país. En la contienda, los militares asumían que los indios mayas que habitan la mayoría de las áreas afectadas estaban asistiendo a la guerrilla con suministros, inteligencia y albergue. El reporte indica que dicha hipótesis ocasionó "violaciones de naturaleza agresiva, racista y extremadamente cruel, que dio como resultado la exterminación masiva de indefensas comunidades mayas".
El gobierno de turno en Guatemala, representado en el acto por el presidente Alvaro Arzú Irigoyen y miembros de su gabinete, prefirió no comentar sobre el reporte hasta haber tenido la oportunidad de estudiarlo. El mismo, sin embargo, no identifica nombres de los culpables pero recomienda un programa nacional de reparaciones para las víctimas y la exhumación de "cientos" de cementerios clandestinos. Además, recomienda que el presidente Arzú y los comandantes de la ex guerrilla, asuman responsabilidad en nombre del Estado y le pidan perdón al pueblo guatemalteco, con el inconveniente sin embargo de asumir que la carga es igualitaria, cuando en verdad pesa aritméticamente más sobre el ejército.
De la respuesta de ambos dependerá que este reporte sirva de catalizador para que los guatemaltecos puedan finalmente cerrar este capítulo en su historia, reconciliarse y emprenderse en nuevos senderos en el Nuevo Milenio.
La Comisión estuvo integrada por dos abogados, Christian Tomuschat y Edgar Balsells y una educadora maya, Otilia Lux Coti. Los mismos fueron asistidos por 272 trabajadores, quienes durante seis meses de ardua labor de peinar volúmenes de documentos en los Estados Unidos y Guatemala y realizar miles de entrevistas in situ; todo lo anterior para producir el reporte de nueve volúmenes, cuyas conclusiones causaron que las 2,000 personas en la audiencia de presentación del mismo en el Teatro Nacional en la ciudad de Guatemala, saltaran de sus asientos y rindieran una gran ovación y que otras irrumpieran en llanto clamando "justicia".
La guerra civil en Guatemala comenzó en 1960. Se enfrentaban un gobierno militar de derecha contra una guerrilla de izquierda, principalmente en las áreas rurales del país. En la contienda, los militares asumían que los indios mayas que habitan la mayoría de las áreas afectadas estaban asistiendo a la guerrilla con suministros, inteligencia y albergue. El reporte indica que dicha hipótesis ocasionó "violaciones de naturaleza agresiva, racista y extremadamente cruel, que dio como resultado la exterminación masiva de indefensas comunidades mayas".
El gobierno de turno en Guatemala, representado en el acto por el presidente Alvaro Arzú Irigoyen y miembros de su gabinete, prefirió no comentar sobre el reporte hasta haber tenido la oportunidad de estudiarlo. El mismo, sin embargo, no identifica nombres de los culpables pero recomienda un programa nacional de reparaciones para las víctimas y la exhumación de "cientos" de cementerios clandestinos. Además, recomienda que el presidente Arzú y los comandantes de la ex guerrilla, asuman responsabilidad en nombre del Estado y le pidan perdón al pueblo guatemalteco, con el inconveniente sin embargo de asumir que la carga es igualitaria, cuando en verdad pesa aritméticamente más sobre el ejército.
De la respuesta de ambos dependerá que este reporte sirva de catalizador para que los guatemaltecos puedan finalmente cerrar este capítulo en su historia, reconciliarse y emprenderse en nuevos senderos en el Nuevo Milenio.
