Gobernabilidad e institucionalidad
Para la mayoría de nuestros políticos, la gobernabilidad es sinónimo de control, desde la presidencia de la República, de los otros órganos del Estado. Y si así la entienden, no debe sorprender que la ciudadanía piense de igual manera. Esa es una prueba patente de la falta de liderazgos políticos competentes que padecemos. Los partidos políticos panameños, poco o nada hacen para cumplir su obligación, impuesta por mandato constitucional, de ser “instrumentos fundamentales para la participación política”. Tampoco, como les impone la Constitución, “concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular”.
Que los partidos políticos son, precisamente la antípoda de lo que prescribe la Constitución es más que evidente; lo grave es que a pesar de su pobrísima contribución a la creación de una verdadera cultura democrática, se les siga privilegiando con ventajas y prebendas como los insultantes y multimillonarios subsidios electorales, que son una burla a la miseria que padecen centenares de miles de nuestros compatriotas.
La distorsión y peor entendimiento de lo que es la gobernabilidad comienza por el papel que a los partidos les corresponde desempeñar. Para quienes los constituyen y controlan, ellos son, primordialmente, instrumentos para alcanzar el poder y repartirlo entre quienes los dirigen. Y por actuar motivados por esa mentalidad, su visión del país, de su futuro y de las instituciones públicas, es igualmente limitada.
Para abonar a mi argumento, basta el caso de la Asamblea Nacional. De allí están supuestas a salir las leyes, estudiadas y bien pensadas que contribuyan al fortalecimiento de la institucionalidad democrática y a la buena marcha del país. Pero lo que hemos vivido desde el retorno formal, que no real, a la democracia es, precisamente, lo contrario. Y por las primeras actuaciones de la nueva asamblea, hay pocas esperanzas de que allí llegue el prometido cambio.
El país, para superar el subdesarrollo, requiere de profundos cambios institucionales. Pero éstos no parecen estar en los planes de los nuevos gobernantes. La administración pública, limitándola para estos efectos a los ministerios y las entidades autónomas, debe ser objeto de un serio estudio para evaluar su funcionamiento y reformarla. En vez de contraerla, que sería lo recomendable, la administración crece como un frondoso árbol y no para buscar más eficiencia sino para darle cupo a los integrantes del bando ganador.
La Asamblea Nacional, tiene dos funciones fundamentales: crear las leyes que necesita el país y ser el contrapeso político del Órgano Ejecutivo, mediante el ejercicio de la función fiscalizadora. Pero en lugar de cumplirlas, ni avanza en las reformas que rumbosamente prometió su presidente y sigue empantanada en rumbos erráticos y en disputas pedestres, que desdicen de sus funciones y de la misión superior que debe cumplir.
Gobernar no es solamente anunciar o tomar medidas que en un momento puedan incrementar la popularidad de los gobernantes; también es reformar, crear o eliminar las instituciones, para que mejor sirvan a los intereses del país. De lo primero, ya hemos visto ejemplos; de lo segundo, muy poco o nada. La gobernabilidad se consigue cuando las instituciones de un país, cada una en el ámbito de su competencia, cumple con eficacia sus funciones. Entenderlo de otra manera no es consistente con la democracia.
