Gobierno a contracorriente
Concluyeron los cambios en el gabinete presidencial. Y pese a la expectativa creada, los cambios del presidente sonaron a poco y en el ambiente político la única noticia que realmente se produjo fue que Ricaurte Vásquez, el funcionario líder del proyecto de la ampliación del Canal de Panamá, ha salido completamente del gobierno. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que realmente pasó? El presidente Torrijos dijo que "Catín" deseaba volver a "sus actividades privadas". Pero nadie cree que ésta sea la verdadera razón.
Agrava la desconfianza la designación de el ex contralor Dani Kuzniecky en reemplazo de Vásquez, pues lejos de tranquilizar a la opinión pública, la complica, ya que existen cientos de expedientes abiertos o en trámite en la Contraloría por lesiones patrimoniales que suman unos 118 millones de dólares. El presidente debería explicar si desea "mano dura" o "mano suave" en el control de las finanzas y gestión pública. Es más, por qué estos únicos cambios y no precisamente otros como los que desde hace meses viene demandando la sociedad para el sector salud, donde la ausencia de responsabilidad política ha logrado erosionar la credibilidad de los panameños en el sistema público que debe resolver la urgente tarea sanitaria.
La última decisión del presidente va a contracorriente de la opinión pública y fue tibiamente sustentada por lo que, para intentar entenderla, condena al país a depender del nebuloso mundo de las especulaciones que ha originado. Queda la sensación de que el Gobierno hace caso omiso a los señalamientos de la opinión pública, las críticas de los analistas y las opiniones vertidas a través de los medios de comunicación social.
Cuando se gobierna desoyendo al pueblo se acrecienta la desconfianza y el descrédito en la clase política en el poder.
Agrava la desconfianza la designación de el ex contralor Dani Kuzniecky en reemplazo de Vásquez, pues lejos de tranquilizar a la opinión pública, la complica, ya que existen cientos de expedientes abiertos o en trámite en la Contraloría por lesiones patrimoniales que suman unos 118 millones de dólares. El presidente debería explicar si desea "mano dura" o "mano suave" en el control de las finanzas y gestión pública. Es más, por qué estos únicos cambios y no precisamente otros como los que desde hace meses viene demandando la sociedad para el sector salud, donde la ausencia de responsabilidad política ha logrado erosionar la credibilidad de los panameños en el sistema público que debe resolver la urgente tarea sanitaria.
La última decisión del presidente va a contracorriente de la opinión pública y fue tibiamente sustentada por lo que, para intentar entenderla, condena al país a depender del nebuloso mundo de las especulaciones que ha originado. Queda la sensación de que el Gobierno hace caso omiso a los señalamientos de la opinión pública, las críticas de los analistas y las opiniones vertidas a través de los medios de comunicación social.
Cuando se gobierna desoyendo al pueblo se acrecienta la desconfianza y el descrédito en la clase política en el poder.