Gobierno pone a prueba resistencia social
Aunque la estrategia de la ofensiva legal del gobierno de Cambio Democrático todavía no ha terminado, esta semana se le complicó el panorama al Presidente Ricardo Martinelli, con el anuncio de los opositores sociales de una huelga general anunciada para julio. Miles de manifestantes, pertenecientes a diversas organizaciones, han decidido presionar al mandatario panameño en la calle hasta tanto sea derogada la “Ley chorizo”. Pero los estrategas gubernamentales han decidido poner a prueba -hasta dónde sea posible- la resistencia de las organizaciones de la sociedad civil que se oponen a la “Ley chorizo” y, a pesar de la huelga que viene, altos funcionarios han anunciado aún más reformas jurídicas para, según han dicho, acelerar el nivel de inversiones en el país.
En otras palabras, el gobierno busca saltarse “legalmente” las barreras burocráticas de los controles previos que les incomodan, tales como las licitaciones, los estudios, las negociaciones y los consensos. Para muchos, con esta forma de gobernar, va quedando al descubierto que ganarse el apoyo de los grupos organizados no le es fundamental para el éxito de su estrategia.
Pero no les va a ser fácil resolver las contradicciones creadas. Pues, lo cual era impensable hace un año, el gobierno ha logrado (con esta nueva ley) unir a los más variados e irreconciliables grupos nacionales contra un solo objetivo gubernamental. El presidente Martinelli no ha explicado bien sus reales propósitos para seguir enmarañando no sólo las leyes, sino también el ambiente político del país.
